Bruselas, 28 nov (EFECOM).- Los países de la Unión Europea (UE) alcanzaron este jueves un acuerdo para extender a todo el bloque comunitario la posibilidad de plantear demandas colectivas, con el fin de mejorar la protección de los consumidores ante escándalos de gran escala como el "Dieselgate".
El consenso alcanzado por los Estados despeja el camino para la negociación final con la Eurocámara, que ya dio su visto bueno a la medida.
Actualmente, solo algunos países de la UE, entre ellos España, tienen sistemas efectivos para plantear demandas colectivas, mientras que en muchos Estados las herramientas de este tipo son demasiado complejas o costosas y en otros ni siquiera existen.
La nueva directiva, planteada por la Comisión en 2018, obligaría a contar con estos sistemas en todos los países de la Unión y especifica que este tipo de demandas tienen que ser canalizadas a través de entidades cualificadas -como organizaciones de consumidores- para evitar que se disparen los litigios.
La norma permitirá a los consumidores que crean que se han violado sus derechos requerir, no solo una decisión judicial, sino también una compensación por los daños, y se amplían las áreas en las que podrán utilizarse.
Las demandas tendrán que llevarse a cabo, no obstante, a través de entidades cualificadas, en particular, organizaciones de consumidores, que podrán actuar a nivel nacional o internacional si cumplen ciertos requisitos.
Entre otras cosas, tendrán que publicar sus fuentes de financiación y no podrán aceptar fondos de terceras partes que tengan un interés concreto en la acción, por ejemplo, empresas competidoras de las demandadas.
A la hora de probar que una empresa ha cometido una infracción, los consumidores que planteen la demanda colectiva podrán utilizar como pruebas las evidencias que se hayan encontrado contra la misma compañía por el mismo motivo en otro país, por ejemplo, una sentencia judicial.
El objetivo de restringir la presentación de demandas a entidades cualificadas, en lugar de autorizar a los consumidores a actuar en grupos por su propia cuenta, busca evitar que se llegue a una situación de litigios constantes similar a la que se da en Estados Unidos y que genera un ingente negocio para las firmas de abogados.
La organización de consumidores europea BEUC aplaudió la decisión, pero criticó que se limiten las fuentes de financiación para las entidades autorizadas a demandar, puesto que los costes de los procesos legales son una de las principales barreras para las organizaciones sin ánimo de lucro, dijeron en un comunicado.
La patronal europea Business Europe considera que pese a las salvaguardas se "crearían lagunas que llevarían a casos de litigación abusiva" y "oportunista", por lo que pide que se fije un estándar mínimo en toda la UE para todas las entidades -nacionales o internacionales- con capacidad de demandar.
En un comunicado, recordaron que esta situación se da en Estados Unidos, donde las firmas llegan a quedarse hasta con el 50 % de la compensación que recibe el consumidor, y que esta industria mueve en ese país 100.000 millones de dólares.
Los países deben negociar ahora con la Eurocámara el texto final para que pueda entrar en vigor.
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