Bruselas, 28 nov (EFECOM).- Los países de la Unión Europea (UE) siguen sin lograr un acuerdo sobre la propuesta para exigir a las multinacionales que operan en la Unión que publiquen los beneficios que obtienen e impuestos que pagan en cada uno de los Estados miembros, una iniciativa que lleva tres años negociándose.
El consejo de ministros de Competitividad de la UE intentó de nuevo este jueves lograr un consenso sobre una medida que una medida que se planteó en 2016 en respuesta a escándalos como los Papeles de Panamá o los LuxLeaks, que revelaron los esquemas que usan algunas grandes empresas para minimizar su tributación en Europa, a veces haciendo uso de paraísos fiscales.
Trece países, entre ellos grandes economías como España, Francia, Italia u Holanda, votaron a favor del último compromiso negociado a nivel técnico, pero el rechazo del resto -encabezado por Luxemburgo- y la abstención de Alemania por falta de acuerdo en el Gobierno de coalición, impidieron lograr un acuerdo que hubiera dado luz verde a la negociación final con la Eurocámara.
Las normas propuestas obligarían a las empresas con una facturación superior a 750 millones de euros anuales a publicar la información sobre su volumen de negocio y cuánto pagan en impuestos en cada país de la Unión, así como sus actividades en jurisdicciones fiscales no cooperativas, entre otros datos.
La medida afectaría tanto a las empresas con sede en la UE como a aquellas radicadas en el extranjero pero que tengan una filial mediana o grande en alguno de los Veintiocho.
El compromiso abordado por los países este jueves planteaba además una salvaguarda a la que podrían acogerse las empresas que justificasen que sus intereses comerciales se verían perjudicados con la publicación de la información y que les permitiría retrasar durante seis años la difusión de los mismos.
Pese a que las negociaciones a nivel técnico están maduras, las discrepancias políticas impiden el consenso.
Varios países, entre ellos Luxemburgo, Irlanda, Malta o Suecia, tradicionalmente muy celosos de sus políticas fiscales, defienden que esta norma tiene una base legal tributaria y no de competitividad, y por lo tanto debería aprobarse por unanimidad y no por mayoría cualificada.
Esta diferencia de punto de vista legal supone en la práctica que, de abordarse como asunto fiscal, el veto de un único país podría dar al traste con la medida.
Países como Luxemburgo o Austria defendieron además que el asunto se está abordando a nivel internacional y que no hay "urgencia" para aprobar la medida, mientras que muchos otros, entre ellos España, defendieron que se trata de una norma fundamental para mejorar la transparencia y la confianza de los ciudadanos.
El Parlamento Europeo ya adoptó su posición a favor de la medida y ha instado reiteradamente a los países a hacer lo mismo.
"La evasión fiscal de empresas en la UE priva de entre 50.000 y 70.000 millones de euros en recaudación cada año. Es urgente que la UE acelere la lucha contra la evasión y el fraude y para ello la transparencia es un requisito previo", dijeron los Verdes en un comunicado.
lpc/jlm