Madrid, 4 dic (EFECOM).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha destacado este miércoles los avances y la efectividad de España en su lucha contra el blanqueo de capitales, si bien ha insistido en que debe reforzar aún más su sistema para plantar cara a la financiación de actividades terroristas.

Con todo, el GAFI alaba en su informe los "progresos" del país, que se consolida en una posición de liderazgo junto al Reino Unido y mejora en un escalón la valoración de dos de los que fueran sus puntos débiles: sus medidas de prevención del blanqueo gracias a una mayor divulgación de los riesgos y su capacidad para impedir el movimiento o el uso de fondos en materiales de doble uso susceptibles de convertirse en armas de destrucción masiva.

Fuentes del Ministerio de Economía atribuyen parte de este "éxito" a la "fortaleza" que viene demostrando desde su creación en 1993 la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, que aúna el trabajo de inspectores del Banco de España, de Hacienda y Aduanas, con las labores de la Brigada de Investigación de Delitos Económicos de la Policía, y la Unidad de Investigación de la Guardia Civil.

En este sentido, elogian las "sinergias" que han hecho del español "un sistema atractivo y seguro para los inversores", algo que "repercute en nuestras relaciones financieras y comerciales con terceros, al abaratar los costes".

Entre las medidas de carácter preventivo adoptadas recientemente por España se encuentra la divulgación de las potenciales actividades delictivas del entorno y los riesgos distribuidos por ubicación geográfica, principalmente por medio de los talleres y reuniones informativas que organiza el Sepblac.

Este nuevo escenario se completa con la publicación de documentos como la guía sobre las obligaciones de las entidades respecto a países de alto riesgo, que proporciona a criterios de actuación, o la apertura de un apartado de consultas en la página web de la unidad.

Todas estas iniciativas han derivado en un número creciente de operaciones sospechosas comunicadas a las autoridades, que confían en que el refuerzo de las obligaciones de registro de los operaciones de servicios sirva para incrementar los niveles de transparencia societaria, fundamentales en la prevención de delitos.

Las mismas fuentes lamentan que, aunque también ha obtenido una mención positiva respecto a años anteriores, el resultado de la batalla contra la financiación del terrorismo no haya sido mejor.

Tal como viniera haciendo en sus últimos informes, el GAFI sigue mostrando su preocupación por que España continúe sin aplicar las sanciones y embargos que prevén la ONU para Estados y personas que figuran en sus listas como proveedores de fondos a organizaciones y grupos terroristas.

Una circunstancia que se explica por el "garantismo" del sistema español, que antes de trasponer lo acordado por la ONU necesitaría de un hipotético reglamento de la UE.

Desde la Administración ya se habla de la posible implantación de un sistema transitorio que permita a las entidades congelar el dinero de estas cuentas hasta que Bruselas se pronuncie, aunque para que esto se produzca las Cámaras deberían constituirse primero.

Mientras tanto, los siguientes pasos en este campo estarán enfocados a preparar a las organizaciones sin ánimo de lucro para que tomen conciencia de que, en muchas ocasiones, pueden estar contribuyendo a la causa terrorista sin saberlo.