Bruselas, 5 dic (EFECOM).- Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) pidieron este jueves que se actualice la directiva comunitaria de 2003 sobre los impuestos de la energía para que considere los cambios tecnológicos y contribuya a que la UE sólo emita en su territorio el CO2 que pueda absorber.
Los titulares económicos reconocen en unas conclusiones adoptadas este jueves que la directiva actual "no reflejan la coherencia con otros objetivos de las políticas de la UE" en áreas como el clima y la energía, los compromisos internacionales del club comunitario o el desarrollo tecnológico.
Apoyan actualizar por ello la legislación para que facilite lograr las metas económicas y medioambientales de la Unión.
Hacen hincapié en particular en que el nuevo marco debe mejorar el funcionamiento del mercado interior, apoyar la transición hacia una UE neutra con el clima y contribuir a la competitividad a largo plazo y a las necesidades fiscales de sus Estados miembros.
Los países piden a la Comisión Europea que tenga en cuenta el ámbito de aplicación de la norma, los tipos mínimos y las exenciones o rebajas fiscales específicas al preparar la propuesta para revisar la directiva, informó el Consejo en un comunicado.
Solicitan asimismo a la CE que considere "especialmente" el tratamiento de los biocombustibles y otros combustibles alternativos o la aplicabilidad de las disposiciones de control y circulación de determinados productos, como el tratamiento de lubricantes y combustibles de diseño.
Piden también prestar atención a los nuevos productos y tecnologías energéticos y a sectores como la aviación, teniendo en cuenta "sus características específicas, las exenciones existentes y la dimensión internacional".
El sector de la aviación ha sido asimismo protagonista en este debate desde que en febrero Holanda planteó gravar las emisiones de carbono de las aeronaves en la UE a través de un impuesto sobre los billetes de avión, una tasa por vuelo, una tasa sobre el queroseno o mediante el sistema de comercio de emisiones.
Países como Bélgica y Francia han planteado iniciativas similares, aunque otros han mostrado reservas, como España.
Más allá de la aviación, los ministros de Economía quieren también que se tenga en cuenta la repercusión de los impuestos sobre la energía en los ingresos de las administraciones públicas, así como los procedimientos y las normas sobre ayudas estatales.
Además, los Veintiocho subrayan la importancia de evaluar plenamente las propuestas según sus costes y beneficios económicos, sociales y medioambientales y sus repercusiones en la competitividad, la conectividad, el empleo, el crecimiento económico sostenible y, sobre todo, en los sectores más expuestos a la competencia internacional.
La directiva sobre fiscalidad de la energía, adoptada en 2003, identifica productos energéticos sujetos a normas armonizadas para impuestos especiales, establece unos niveles mínimos de imposición y fija las condiciones para aplicar exenciones fiscales y reducciones impositivas, pero el Consejo considera que ha quedado anticuada pese al "efecto positivo" que tuvo la norma en el mercado interior.
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