María Pachón

Madrid, 9 dic (EFECOM).- El futuro de la fiscalidad ambiental pasará, según los expertos, por incrementar la imposición y ajustarla a objetivos específicos de reducción de la contaminación, un proceso en el que el transporte y la energía jugarán un papel fundamental por ser dos de los sectores que más emisiones producen.

España recaudó en 2018 un total de 22.066 millones de euros en impuestos ambientales, un 3,3 % más que en 2017, de acuerdo a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, aunque estas cifras esconden algunas realidades, advierten los expertos.

En primer lugar, el análisis realizado por el Consejo General de Economistas de los datos de 2017 revela que los impuestos ambientales equivalían ese año al 1,8 % del PIB, menos de lo que suponían en el conjunto de la Unión Europea (2,4 % del PIB).

Además, estos tributos son "imperfectos", según un reciente estudio de la Fundación Alternativas, que subraya que "no se definen ni se vinculan de manera directa a externalidades ambientales negativas".

Así, más del 80 % de la recaudación corresponde a impuestos sobre la energía, principalmente por el impuesto de hidrocarburos -que grava el diésel y la gasolina-, un tributo que no va escalado en función de la contaminación de cada carburante.

En su informe de revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de 2019, la Comisión Europea subraya que España tiene "potencial para incrementar determinados impuestos ambientales" -en particular sobre el transporte, la energía, la contaminación y el uso de los recursos-, lo que permitiría obtener beneficios ambientales e ingresos adicionales.

Junto con el aumento de impuestos, la Comisión insta a reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, como podría ser el caso de la tributación del diésel, que es inferior al de la gasolina pese a que contamina más.

Precisamente la equiparación de la fiscalidad de ambos carburantes es una de las propuestas de la Fundación Alternativas para este impuesto -de hecho, el fallido presupuesto de 2019 ya avanzaba en este sentido-, al tiempo que aboga por incrementar de manera generalizada la imposición ya que el transporte por carretera produce la mayoría de las emisiones de gases efecto invernadero.

Más a largo plazo, la Fundación plantea transformar la fiscalidad del transporte para crear un impuesto global que tenga en cuenta todos los elementos -emisiones, ruido, localización, congestión del tráfico o uso de las infraestructuras-, aunque esto requeriría una transformación previa de la normativa europea.

Precisamente la pasada semana los ministros de Finanzas de la UE reclamaron actualizar la directiva de 2003 sobre impuestos energéticos al considerar que actualmente no es coherente con los objetivos europeos en materia ambiental.

En cualquier caso, la socia del despacho Andersen Tax & Legal Belén Palao plantea que "en algún momento" se tendrá que empezar a gravar el transporte con combustibles alternativos, como la electricidad o el hidrógeno, para compensar la pérdida de recaudación y evitar distorsiones de la competencia.

Al mismo tiempo, el socio director de la empresa sin ánimo de lucro Ecooo Mario Sánchez-Herrero subraya la necesidad de gravar el combustible de aviación, ahora exento, dado su alto nivel de emisiones, una opción que también podría llevarse a cabo a través de un impuesto a los billetes de avión.

Para avanzar hacia la generación de electricidad con fuentes más limpias, la Fundación Alternativas plantea un "suelo fiscal", es decir, un impuesto adicional a los derechos de emisión de CO2 para el uso de combustibles fósiles.

Ya el Informe Lagares para la reforma del sistema tributario puso en 2014 el foco sobre la fiscalidad sobre la energía, al tiempo que instó a armonizar tributos que ahora son autonómicos, y que abarcan desde las emisiones de emisiones contaminantes hasta la gestión del agua o de los residuos.

En cualquier caso, Sánchez-Herrero insiste en que la futura fiscalidad ambiental debería ser también redistribuitiva para evitar que perjudique a los ciudadanos con menos recursos, lo que pasaría por compensarles por adoptar decisiones que reduzcan la huella ecológica (por ejemplo, la compra de un coche eléctrico).

Otra vía para incentivar las comportamientos ambientalmente más sostenibles son los incentivos fiscales, como ya se hace en algunos países europeos en materia de movilidad sostenible, inversión en eficiencia energética en vivienda o inversiones verdes.

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