El  juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha suspendido este martes la declaración como testigo del que fuera auditor de PwC en Rusia, Edwin Harland, autor del informe "forensic", que alertó de que los accionistas rusos del grupo Zed podrían estar bloqueando la actividad de la tecnológica.

Según fuentes jurídicas, Harland ha asegurado que no ha podido revisar el contenido de sus trabajos ya que dejó de tener acceso a ellos tras abandonar su puesto en Moscú, razón por la que la Fiscalía Anticorrupción ha requerido a la policía para que recopile los documentos, que obran en la causa, y se los hagan llegar.

Aunque de momento no se ha señalado fecha, la declaración del auditor se practicará previsiblemente ya en 2020, una vez que el testigo haya tenido tiempo para leerse unos informes que señalan a los accionistas rusos de Zed, y en los que se sustenta parte de la acusación contra el magnate de origen ucraniano y máximo accionista de la cadena de supermercados DIA, Mijaíl Fridman.

Según el fiscal, el empresario, a través de "subordinados", habría propiciado la asfixia de la compañía para después adquirirla a un "precio irrisorio", planificando una estrategia ilegal de interrupción de pagos que desencadenó una falta total de liquidez en la compañía española que la abocó al colapso.

Extremos que rechazó el propio Fridman -imputado este verano en la causa por supuestos delitos contra el mercado, administración desleal, insolvencia punible y corrupción en los negocios- durante su declaración ante el juez García Castellón.

El pasado octubre, el magnate negó en sede judicial cualquier implicación con la quiebra del grupo, principalmente porque estaba participado por una de las empresas en las que sí tenía presencia pero no capacidad de decisión.

Los vínculos de Zed con Fridman se remontan a hace más de una década, aunque se intensificarían más tarde, en 2013, cuando la familia fundadora, los Pérez Dolset, quisieron sacarla a bolsa en el índice tecnológico Nasdaq de Wall Street.

Para ello, prosigue el escrito de la Fiscalía, pidieron una línea de crédito de 140 millones de euros a varias entidades financieras, una de las cuales fue Amsterdam Trade Bank, filial de Alfa Bank -controlado por el ruso-.

Sin embargo, el empresario alegó que no tenía capacidad decisoria en la entidad holandesa, a la que se refirió como un banco independiente en el que su participación es minorista.