En un semana marcada por los acuerdos de investidura y por el programa acordado entre PSOE y Podemos se han conocido una serie de datos que confirman que la anunciada desaceleración está siendo más dura de lo esperado. Tres cifras -paro, venta de coches y PIB- que han vuelto a hacer saltar las alarmas en el mundo empresarial y que desaconsejan la "revolución económica" que han prometido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Esta batería de cifras llegan a las puertas de un Gobierno de coalición que a comienzos de semana presentó un programa económico anunciando la derogación de la reforma laboral y más impuestos a las rentas altas y a las empresas. Una batería de medidas que -según empresarios y analistas- podrían ralentizar aún más el crecimiento, frenar decisiones de inversión y adelantar despidos masivos.

El lunes -el mismo día que se presentó el acuerdo programático PSOE-Podemos- el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que el PIB creció un 1,9% en términos interanuales en el tercer trimestre, una décima menos que en el segundo trimestre y de lo avanzado por Estadística, que había estimado un crecimiento del 2%. Por primera vez en los últimos cinco años, la cifra fue inferior al 2%.

Esta tasa es dos décimas inferior al crecimiento previsto por el Gobierno para 2019 en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas (2,1%) y una décima inferior a las proyecciones del Banco de España (2%). Los datos del INE confirman lo advertido por todos los analistas y servicios de estudio y una desaceleración que hasta hace pocos meses negaba el propio Gobierno de Sánchez. 

Venta de coches y paro

En esta línea, el jueves se conoció el dato de matriculaciones de coches: disminuyeron en 2019 un 4,8% en comparación con el año anterior, hasta 1.258.260 unidades (63.177 menos). Esto significa que las ventas sufren el primer descenso desde 2012, con España sufriendo todavía los envites de la anterior crisis económica.

Los datos de la venta de coches son claves para la economía y la industria española ya que el sector representa el 10% del PIB y el 9% del empleo, además de dar trabajo a una enorme industria auxiliar que es pilar y fuente de empleo para muchas ciudades.

La puntilla a estos malos datos de cierre de año llegó el pasado viernes con la cifra de paro. El desempleo bajó en 38.692 personas en 2019, su menor descenso anual en siete años. Si sólo se tuvieran en cuenta los años en los que ha descendido el paro, el de 2019 sería el menor recorte del desempleo desde el ejercicio 2005, cuando bajó en 9.778 parados.

Estas cifras han traído una caída superior al 5% de la contratación indefinida y ya hay comunidades que tienen hoy más parados que en diciembre de 2018. El fantasma del paro vuelve a planear sobre la economía española, el gran lastre durante la crisis que comenzó en el año 2009 y que duró casi cuatro años.

Reforma laboral

Unos datos que preocupan de cara a un 2020 en el que se espera la derogación de la reforma laboral de 2012, la que logró reducir el desempleo desde los 4,7 millones a los 3,1 millones. De hecho, la gran y más inmediata preocupación de los empresarios es el fin de los puntos más relevantes de la norma laboral aprobada por Mariano Rajoy.

El documento firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias recoge que se derogará con carácter urgente la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, la limitación al ámbito temporal del convenio colectivo y la prioridad de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

PSOE y Podemos también se comprometieron a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, esto es, unos 1.200 euros.

Las fuentes consultadas por este diario indican que el fin de estos artículos no solo frenará la creación de empleo -como dicen la CEOE, Cepyme y ATA- sino que además adelantará los EREs y generará más despidos ante la imposibilidad de las empresas, en especial las medianas y pequeñas, de asumir el aumento de los costes laborales y de despido.

"Cerca del populismo"

También se prevé el aumento de los tipos mínimos del impuesto de sociedades. La reforma prevé garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliará hasta el 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

La nueva normativa prevé limitar también las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial. 

Los empresarios españoles representados en CEOE y Cepyme mostraron su "honda preocupación" ante este adelanto de programa. Para las dos principales patronales de los empresarios estos anuncios que están "más cerca del populismo que de la ortodoxia económica", impactarán de forma muy negativa en la creación de empleo, en el futuro de las empresas y "desincentivarán cualquier posibilidad de inversión en España, tanto desde dentro del país como desde el extranjero".