Madrid, 7 ene (EFECOM).- Las investigaciones en curso sobre las presuntas escuchas encargadas por BBVA al excomisario Villarejo, la resolución del Banco Popular o el fallido fichaje de Andrea Orcel por el Santander volverán a ser este año, como ya ocurrió en 2019, noticias de portada, con permiso de la sentencia de Bankia.

Es previsible que el fallo de uno de los juicios más mediáticos de la reciente historia de España, que quedó visto para sentencia el pasado 1 de octubre, se conozca en los primeros meses de este año.

Si la sección cuarta de la Sala de lo Penal hace suyas las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, añadiría ocho años y medio por falsedad contable y estafa a los inversores a la condena de cuatro y medio por apropiación indebida continuada que cumple por las tarjetas "black" de Caja Madrid.

Además de a Rato, la Fiscalía atribuye estos delitos a cerca de una veintena de personas, el exvicepresidente José Luis Olivas; el exconsejero José Manuel Fernández Norniella; el ex consejero delegado Francisco Verdú- y una quincena de exdirectivos, entre ellos el exministro Ángel Acebes, y al auditor de Deloitte Francisco Celma.

Rato conocerá el fallo de Bankia en prisión, ya que en diciembre pasado se le denegó el tercer grado o la "semilibertad" a pesar de haber cumplido ya un cuarto de su condena por las "black".

Para amenizar la espera, prosigue la instrucción de la resolución del Banco Popular, la amortización de sus acciones a cero y su posterior venta al Santander al precio de un euro.

Por los juzgados han desfilado ya los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, y buena parte de sus equipos directivos; ahora, el juez instructor, José Luis Calama, tomará declaración al exministro de Economía Luis de Guindos; al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Sebastián Albella; a su antecesora en el cargo, Elvira Rodríguez, y al que fuera gobernador del Banco de España Luis María Linde.

Todos ellos están citados entre marzo y abril, mes en el que se verá en un juzgado madrileño la vista previa del juicio oral entre el Banco Santander y Andrea Orcel, el italiano que a punto estuvo de convertirse en número dos de Ana Botín.

El banquero demandó el pasado verano al Santander, al que reclama hasta 112 millones de euros por cancelar su fichaje, anunciado públicamente y que llevó a Orcel a abandonar su puesto de alta dirección en UBS.

Salvo que el italiano desista, el 13 de abril el juez procederá a estudiar los hechos que llevaron a Andrea Orcel a interponer la demanda contra el banco y escuchará la versión de los abogados de las dos partes.

Otra de las grandes entidades financieras españolas, BBVA, está también presente en los tribunales por la investigación, aún bajo secreto de sumario, de sus relaciones con el excomisario Villarejo, que habría realizado a petición de la entidad escuchas a empresarios y miembros del Gobierno, entre otros, especialmente durante el periodo en el que la constructora Sacyr quiso tomar el control de la entidad financiera.

Tras tomar declaración a varios de los que fueron máximos responsables del banco -imputado como persona jurídica-, como el ex consejero delegado Ángel Cano o el mismísimo Francisco González, FG en el mundo financiero, que presidió BBVA durante dos décadas, el juez Manuel García Castellón tendrá que levantar el secreto de sumario.

Ello permitirá conocer detalles de la investigación llevada a cabo hasta ahora por el juez, además del contenido del informe "forensic" realizado por el propio banco con la ayuda de los despachos de abogados Garrigues y Uría y la consultora PwC.

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