(Actualiza la EC5556 con más información de los acuerdos aportados por Airbus)

París, 31 ene (EFECOM).- Airbus ha aceptado pagar multas de casi 3.600 millones de euros a la justicia en Francia, Reino Unido y Estados Unidos para eludir procesos por corrupción en esos tres países y evitar así posibles condenas.

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) indicó este viernes que el grupo aeronáutico europeo se ha comprometido a abonar en un plazo de diez días al Tesoro francés 2.083.137.455 euros y a ser objeto de una evaluación durante tres años por la Agencia Francesa Anticorrupción.

A cambio de eso, la PNF señaló en un comunicado que se pondrá fin al procedimiento contra la empresa abierto en Francia en julio de 2016 por corrupción y relativo a contratos de venta de aviones civiles y de satélites entre 2004 y 2016.

Además, Airbus tendrá que abonar 983.974.311 euros a las autoridades británicas y 525.655.000 euros al Tesoro de Estados Unidos, también por el cierre de las investigaciones abiertas en esos dos países, según la misma fuente.

La empresa señaló en otro comunicado que a esos casi 526 millones de euros acordados con el departamento estadounidense de Justicia se añadirán 9 millones de euros a cuenta de oro compromiso con el departamento de Estado.

El pasado martes, Airbus ya había indicado que tenía un principio de acuerdo con la PNF, con la agencia británica contra el Fraude SFO (Serious Fraud Office) y con el departamento de Justicia de Estados Unidos.

Desde entonces estableció una provisión de 3.600 millones de euros a cuenta del ejercicio de 2019. Las multas quedarán reflejadas en los resultados de ese año, que se presentarán el próximo 13 de febrero, por lo que Airbus difícilmente podrá volver a ofrecer un beneficio de 3.054 millones de euros como el de 2018.

Este asunto hacía pender una amenaza significativa sobre la compañía, como la de no poder presentarse a licitaciones públicas.

Tiene que ver con el recurso en el pasado de intermediarios no declarados para obtener contratos civiles y militares, así como con el posible incumplimiento de la normativa estadounidense sobre las regulaciones sobre el tráfico internacional de armas (ITAR, en sus siglas en inglés).

Consciente de los riesgos que corría, en 2016 Airbus se acusó ante la SFO, que lanzó una serie de pesquisas sobre el recurso a esos consultores. Más tarde hizo lo mismo la Fiscalía Nacional Financiera de Francia.

En Estados Unidos fue el departamento de Justicia el que abrió igualmente un procedimiento por una posible infracción de su reglamentación sobre la venta de armas.

Al recibir créditos a la exportación de agencias gubernamentales en Europa, estaba obligado a mencionar a los intermediarios implicados en sus contratos y si no lo hacía se exponía a procedimientos penales.

Desde que se autodenunció, el fabricante aeronáutico prescindió de esos consultores y puso en marcha una operación de transparencia como primer paso para una salida negociada.

En su comunicado, Airbus aseguró que desde entonces ha dado "pasos significativos para reformarse y garantizar que esa conducta no se repetirá", e insistió en su compromiso para llevar a cabo su actividad "con integridad".

Su consejero delegado, Guillaume Faury, destacó la importancia de estos acuerdos, que permiten al grupo europeo avanzar y continuar creciendo "de forma sostenible y responsable".