El representante de Crédit Mutuel, que fuera accionista de referencia del Banco Popular, ha defendido este martes en la Audiencia Nacional el relevo de Ángel Ron al frente de la entidad, ya que, en su opinión, el mercado demandaba un equipo directivo "más moderno".
También ha comparecido en calidad de investigado el ex director financiero del banco Javier Moreno, que ha desvelado que fue él el impulsor de la actualización de tasaciones con periodicidad anual en vez de cada tres años como se venía realizando hasta la fecha, según la normativa vigente en el momento.
Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, el representante de la entidad francesa, François Martin, ha relatado cómo se gestó el cambio en la presidencia después de celebrarse, en octubre de 2016, una comida de los miembros del Consejo de Administración del Popular.
Ese día se informó a Ron de la voluntad de encontrarle un sucesor, a lo cual el banquero no se opuso.
De ese proceso se ocupó la exconsejera Reyes Calderón, entonces presidenta de la Comisión de Nombramientos del banco, que propuso al resto del Consejo un candidato (Emilio Saracho), que según Martín, a todos les pareció "idóneo y con buena reputación".
Por su parte, Moreno se ha centrado en cuestiones técnicas y ha sostenido que el Popular cumplía con todos los requerimientos del Banco de España de acuerdo con lo que estipulaba el Banco Central Europeo (BCE).
Ello incluía las normas contables nacionales e internacionales, y las circulares, cuya interpretación era muy escrupulosa por parte de la entidad.
Junto a ellos, ha comparecido el ex consejero independiente y vocal de las comisiones de auditoría y riesgos, Vitalino Nafría, que ha recordado que entró en el banco en abril de 2017, apenas dos meses antes de su resolución, por lo que no tuvo tiempo de nada.
A tenor de las mismas fuentes, ninguna de las partes ha mencionado en ningún momento la ampliación de capital por valor de 2.505 millones de euros ejecutada por el Popular en 2016, objeto de la primera pieza separada de este caso, iniciado en octubre de 2017.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite entonces varias querellas como la de la asociación de consumidores OCU, contra los últimos presidentes de la entidad, Ángel Ron y Saracho, y sus respectivos consejos de administración, dando inicio a la apertura de dos piezas separadas.
El auto del magistrado distinguía una primera etapa, con Ron al frente, período en el cual se investigaría la ampliación de capital, mientras que la segunda se limitaría a los 108 días de presidencia de su sucesor.