Madrid, 10 feb (EFECOM).- El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Ministerio para la Transición Ecológica y al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRCM) mejorar la planificación, regulación y gestión de las ayudas a las comarcas mineras, pues algunas infraestructuras que se financiaron nunca se pusieron en uso.

Este órgano ha aprobado el informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras en el periodo 2006 y 2017, en el que se ejecutaron 1.786 millones de euros, de los que 1.005 millones correspondieron a la línea de infraestructuras y 681 millones a las dos sublíneas que hay para proyectos empresariales creadores de empleo.

Las subvenciones para infraestructuras se conceden directamente y sus beneficiarios fueron, principalmente, las comunidades autónomas y las entidades locales de las comarcas mineras de carbón; mientras que las de proyectos empresariales se adjudican por concurrencia competitiva y están destinadas a promover la creación de empleo.

El análisis del Tribunal de Cuentas, que se ha llevado a cabo a instancias de las Cortes Generales, analiza el conjunto de las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan del Carbón 2006-2017 y la mayor parte de las del Marco de Actuación del periodo 2013-2018.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, algunas infraestructuras financiadas con las subvenciones nunca se pusieron en uso y, en particular, el grado de ocupación en las inversiones realizadas en polígonos industriales fue reducido.

El Tribunal de Cuentas afirma también que ni los programas presupuestarios, ni los planes de carbón, ni las disposiciones normativas por las que se han regido las ayudas para la reactivación de las comarcas mineras han dispuesto de objetivos e indicadores adecuados para poder hacer un seguimiento y valorar su impacto.

Además, señala que ni las comunidades autónomas ni el IRMC efectuaron los estudios de seguimiento previstos en los planes del carbón y que, del análisis efectuado, no se ha obtenido evidencia de que los recursos hayan tenido un impacto en la mitigación de la reducción de la población en Asturias, León y Teruel.

Otra de sus críticas es que ninguna de las líneas de subvenciones para la promoción de la reactivación de las comarcas mineras del carbón se incardinaron en un plan estratégico , así como que el IRMC careció de suficientes medios técnicos y humanos para gestionar adecuadamente las dos líneas de subvenciones que existen.

El Tribunal de Cuentas señala que el marco normativo regulador de la línea de subvenciones de infraestructuras era "escasamente riguroso", lo que afectó a la ejecución y justificación de las actuaciones y varias subvenciones concedidas a cargo de la línea fueron objeto de procesos judiciales penales.

Añade que la selección de las infraestructuras no comportaba ningún examen de viabilidad de las actuaciones a financiar ni se concretaban suficientemente los criterios de priorizacion y la documentación técnica a aportar en cada proyecto.

Según el Tribunal de Cuenta, al ser el marco regulador "escasamente preciso" se generó un "excesivo grado de discrecionalidad" en la documentación admitida como justificación de los distintos beneficiarios y se han detectado "deficiencias e irregularidades" en la justificación de las subvenciones concedidas, especialmente en las correspondiente a las entidades sin ánimo de lucro.

Asimismo, señala que se produjeron dilaciones en el reintegro de ayudas, así como que las restricciones presupuestarias de 2012 a 2014 se tradujeron en múltiples litigios, especialmente con el Principado de Asturias.

Con relación a las subvenciones para proyectos empresariales, que se redujeron significativamente desde 2014 y con un elevado porcentaje de desistimientos, afirma que estas ayudas podrían no estar desplegando todo su potencial.

Además, dice que se han advertido incidencias en relación con la justificaciones presentadas, que afectaron a la conservación de justificantes o a la concertación de prestaciones con personas vinculadas con el beneficiario.