Nueva Delhi, 18 feb (EFECOM).- El sector de las telecomunicaciones indias se sobresaltó este martes ante las informaciones sobre una posible salida de la India de Vodafone Idea, filial en el país de la compañía británica, ante las dificultades para hacer frente al pago al Estado de una deuda de casi 3.000 millones de euros, provocada por un fallo judicial.
El miedo se trasladó a los mercados, donde Vodafone Idea perdió este martes un 10,29 % de su valor en el índice NSE de Bombay, en tanto que una de sus principales competidores, Bharati Airtel, se dejó un 3,05 % en el índice Sensex de la misma ciudad, en el que también se vio afectada la banca, expuesta al sector.
La posibilidad de un cese de negocio en la India de Vodafone Idea se propagó después de que el abogado de Idea -empresa con la que Vodafone se fusionó en 2018 en el país asiático-, Mukul Rohatgi, señalara esa posibilidad en una entrevista con la televisión delhí NDTV.
No obstante, Rohatgi matizó luego sus declaraciones, y aseguró a Efe que lo que transmitió fue un "sentimiento" propio, y no una postura oficial de Vodafone Idea, que prefirió no pronunciarse sobre la cuestión.
VARAPALO JUDICIAL
Según los cálculos del abogado, Vodafone Idea debe pagar al Estado más de 230.000 millones de rupias (unos 2.970 millones de euros), una cantidad que debe satisfacer antes del 17 de marzo, según ordenó el pasado viernes el Tribunal Supremo, que criticó en su auto que ninguna de las compañías realizase ningún pago desde octubre, violando así el dictamen de la Corte.
A finales de octubre del pasado año, el Tribunal Supremo falló contra las empresas de telecomunicación al establecer que los cargos por el uso del espectro y las tarifas de las licencias deben calcularse en función de todos los ingresos que generan esas empresas y no solo sus divisiones relacionadas con la telefonía.
Ello, obligó al sector a devolver a la Administración los pagos atrasados por dichos conceptos desde hace 15 años, cuando comenzó el proceso judicial.
El lunes, Vodafone Idea envió un escrito al Tribunal ofreciéndose a pagar 25.000 millones de rupias (322 millones de euros) ese mismo día y 10.000 millones de rupias (129 millones de euros) al término de esta semana como parte del total, y solicitaba que no se tomaran acciones coercitivas contra la compañía.
No obstante, el analista de la consultora Counterpoint Parv Sharma, explicó a Efe que duda de que la compañía se marche de forma inmediata, sino que lo que busca con ese anuncio es presionar al Gobierno para que negocie facilidades de pago.
"La India es un gran mercado desde el punto de vista de las telecomunicaciones, por lo que no van a regalar (su porción) de inmediato, así que creo que todavía están buscando algo de apoyo por parte del Gobierno", aseguró Sharma.
El varapalo judicial llevó a que las empresas subieran sus tarifas a los clientes en diciembre pasado, dejando atrás una guerra de precios que comenzaron en 2016 con la aparición de un nuevo jugador en el tablero de las comunicaciones, Jio, que en tres años logró hacerse con la primera posición del mercado, con más de 350 millones de clientes.