Madrid, 19 feb (EFECOM).- El PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de favorecer la corrupción al intentar cambiar la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por unanimidad en 2017 y "derogar" el límite que había para no encadenar contratos menores durante un año con el mismo proveedor y el mismo objeto.
El portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP y coordinador de los asuntos económicos, Mario Garcés, ha anunciado en el Congreso que su partido votará en contra de la convalidación del real decreto que traspone varias directivas europeas relacionadas con la contratación pública y los seguros porque esconde una disposición que "suprime la cláusula anticorrupción" que se introdujo en la actual Ley de Contratos.
La Ley de Contratos que fue una propuesta del PSOE y salió aprobada por unanimidad a finales de 2017 impedía que los contratos menores de 40.000 euros en el caso de obras, o de 15.000 euros en el de suministro o servicios pudieran encadenarse más de un año cuando tenían el mismo objeto y el mismo proveedor.
El Ejecutivo ha modificado este punto en una disposición final del real decreto que se convalida mañana y en el artículo 118.3 suprime la frase que en su anterior redacción decía que "en el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo".
El apartado primero es el que indica el valor de los contratos menores para obras o suministro y servicios.
"Esta cláusula limitaba la celebración y el encadenamiento de contratos menores para que no hubiera fraccionamiento y no se premiaran las actitudes corruptas", ha incidido Garcés, que ha acusado a los socialistas de "falta de integridad y de regresar al paradigma de la corrupción".
El portavoz adjunto del grupo también ha recordado que "aliados de Pedro Sánchez" como la alcaldesa Ada Colau, la exedil Manuela Carmena o la diputada de JxCAT Laura Borrás podrían estar implicadas en casos de esta naturaleza.
"No puede ser que hace dos años el propio PSOE introdujera esa enmienda y dos años después con tesitura política diferente y con un pacto de Gobierno con personas acusadas en estas causas se autoenmienden", ha criticado.
El PSOE introdujo esta enmienda en los fallidos Presupuestos Generales del Estado de 2019 para que no se restringiera la concurrencia y no se viera mermada la necesaria agilidad que la figura de los contratos menores debe aportar a las Administraciones Públicas y, en especial, a los pequeños Ayuntamientos.
Fuentes de Hacienda han señalado a
En este sentido recuerda que hay pequeños Ayuntamientos con un número limitado de potenciales licitadores y no hay competencia.
Hacienda incide en que la nueva disposición reformula el requisito para que, manteniéndose la prohibición de fragmentación del objeto del contrato con fines fraudulentos, se sustituya la anterior exigencia por la de que el órgano de contratación emita un informe justificando de manera motivada la necesidad del contrato y de que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales de los contratos menores.
Adicionalmente, prevé que el mencionado informe no será necesario en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.