La avalancha de solicitudes y la poca agilidad en el trámite de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para los afectados por la crisis del coronavirus ha generado un cuello de botella criticado tanto por las empresas como por el sector bancario.

El primer tramo de avales de 20.000 millones de euros está desde su puesta en marcha cubierto por completo. Y ya es conocido que ese dato no casa con los números oficiales debido, precisamente, al retraso en la operativa para 'teclear' estas operaciones en la plataforma del ICO.

Según informó este martes el Gobierno, los avales que ya han llegado a las empresas rondan los 4.740 millones de euros, apenas un 23% del total del primer tramo autorizado por el Ejecutivo.

De esa cifra, 3.625 millones corresponderían a pymes y autónomos. Para hacerse una idea del desfase, solo CaixaBank ha recibido ya más de 90.000 solicitudes de sus clientes por un importe de más de 8.500 millones de euros.

Con este telón de fondo, desde la Unión de Autónomos (UATAE) calculan que el volumen de operaciones que todavía está en fase de estudio para el colectivo de pymes y autónomos rondaría los 24.000 millones de euros, sin incluir en la cifra lo que ya ha repartido la banca entre el sector. Es decir, hay más de 24.000 millones de euros en solicitudes a la espera del 'OK' de las entidades financieras y de su tramitación en el ICO.

Un control extremo del riesgo 

“Por mucha burocracia que exista, que la hay, el desfase es demasiado amplio y, sin duda, hay un elemento de dilatación innecesario por parte de las entidades financieras”, denuncian desde el sector autónomo, criticando que la banca está aplicando requisitos para la concesión de estos créditos “que no se ajustan en muchos casos a un entorno absolutamente excepcional como el actual”.

Desde el sector financiero insisten en que la tramitación lleva su tiempo y algunas entidades han empezado a tomar sus propias medidas para agilizarla. Es el caso de Bankinter, que esta semana ha puesto en marcha la firma digital específica para este tipo de préstamos.

Según explican desde la entidad, el cliente solo tendrá que introducir la clave OTP (One-Time Password), una contraseña de un único uso. También puede elegir firmar la contratación del crédito a través del certificado digital si dispone del mismo.

Aún así, la situación de atasco ha obligado a mover ficha a los autónomos. Los representantes de UATAE han propuesto al Gobierno que para el siguiente tramo de avales, de 20.000 millones de euros íntegro para pymes y autónomos, el ICO diferencie entre dos grupos de posibles solicitantes.

Por un lado, autónomos y micropymes con un máximo de 10 trabajadores y hasta dos millones de euros de facturación anual y, por otro, autónomos y pymes con un máximo de 50 trabajadores y hasta 10 millones de euros de facturación.

Para el primer grupo proponen que los avales sean del 100% de la operación hasta un máximo de 200.000 euros, mientras que para el segundo sean del 90% hasta un máximo de 800.000 euros.

Mayor coste

“Para estos casos, el coste del aval del Estado para las entidades financieras se podría incrementar ante el mayor riesgo de la operación”, indican desde la asociación. Hay que recordar que el coste para financiar a una pyme con el primer tramo de avales se sitúa entre el 0,2% y el 0,8%, mientras que los bancos deben asumir un 1,2% para préstamos a grandes empresas a un plazo de cinco años.

Los autónomos solicitan, además, que entre las condiciones de los nuevos avales se establezca un plazo máximo de estudio de la operación por parte de los bancos, así como un control semanal del importe que consume cada entidad financiera, con la intención de comprobar cómo se va liberando la financiación.

Fuentes del sector bancario insisten en que su objetivo es ofrecer toda la liquidez que sea necesaria para salvar al tejido empresarial español, y dejan claro que el riesgo que asumen también es elevado. “En algunos casos específicos se está dando financiación que en condiciones normales no se ofrecería”, apuntan. Desde el sector empresarial recuerdan, no obstante, que el Estado es el que asume ese riesgo al 80% en los créditos avalados.