El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga de varias medidas de contenido social aprobadas durante la pandemia del Covid-19 para ayudar a las personas más vulnerables, como la moratoria de hipotecas y alquileres y las garantías de protección por impago de suministros básicos.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado al comienzo de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "seguimos trabajando para reformar las políticas sociales y para reactivar la economía española después de la pandemia".

El vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha sido el encargado de anunciar las medidas sociales al igual que en marzo. "Este Gobierno ha construido un "escudo social" seguramente mejorable pero sin precedentes en la historia de nuestro país", ha afirmado. "Era hora de seguir protegiendo a los más vulnerables y las medidas aprobadas hoy no solo responden a criterios de justicia social sino también a una necesidad de eficiencia económica", ha explicado el vicepresidente.

En concreto, el Gobierno ha aprobado tres bloques dentro del real decreto que Pablo Iglesias ha calificado como "muy importante":

- Medidas para aliviar la carga financiera de las hipotecas y los créditos no hipotecarios. La moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual, que a 30 de junio se había concedido a más de 200.000 personas (83% de las solicitudes), se va a poder solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses.

De la misma manera, la moratoria sobre créditos sin garantía hipotecaria, especialmente créditos al consumo de la que se han concedido más de 364.000 solicitudes, se va a poder solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses.

- Medidas en el alquiler. La prórroga de seis meses en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre y se va a ampliar hasta esta fecha la moratoria del plazo del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma de los contratos en caso de grandes tenedores de vivienda.

- Medidas para garantizar el acceso a los suministros básicos de los consumidores vulnerables. El bono social se amplía hasta el 30 de septiembre con el fin, ha indicado Iglesias, de "homogeneizar los periodos de cobertura social". En esa misma línea, se amplía temporalmente la garantía de suministros a consumidores domésticos hasta el 30 de septiembre. Esto se añade a la paralización de los desahucios que va a estar vigente, de momento, hasta el 2 de octubre de 2020.

Medidas estrella en vivienda

El propio vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, fue el encargado el 31 de marzo de anunciar en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la batería de medidas que han ayudado desde entonces a las familias que viven en régimen de alquiler y debido a la pandemia sanitaria se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

La propuesta aprobada pasaba por cuatro grandes bloques: una línea de microcréditos por valor de hasta 1.200 millones de euros, moratoria en grandes tenedores, cancelación de desahucios hasta seis meses después del fin de su finalización todos los desahucios y la prórroga de los contratos de alquiler.

En cuanto a los contratos de alquiler que hoy ha actualizado el Consejo de Ministros con las mismas condiciones, la propuesta de marzo establecía una prórroga automática de seis meses para todos los que vencieran en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma.

20.500 millones en moratorias de hipotecas

El Gobierno ha ampliado los plazos hasta finales de septiembre para hacer su moratoria hipotecaria compatible con la que el propio sector bancario puso en marcha. Según los últimos datos del Banco de España, a cierre de junio, el número de solicitudes de moratoria legislativa con garantía hipotecaria se situaba en 272.149. De estas, la banca ya dado el visto bueno a 226.285, por valor de 20.370 millones de euros.

Las condiciones que se aplicarán serán las mismas que estableció el real decreto  para préstamos sobre vivienda habitual, inmuebles de empresarios y profesionales afectados por el parón económico o viviendas destinadas al alquiler en las que el propietario ha dejado de percibir la renta desde la entrada en vigor del estado de alarma a mediados de marzo.

A diferencia de la moratoria sectorial, la establecida por el Gobierno obliga a las entidades a eliminar no solo el pago del capital del préstamo, sino también sus intereses. Sin embargo, para acceder a ella hay que cumplir muchos más requisitos de ‘vulnerabilidad económica’.