La CEOE ha fichado a un consultor experto en el sector público para ayudar a coordinar la nueva Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos con la que tratará de impulsar la presencia de las empresas españolas en el reparto de los esperados fondos de la Unión Europea.
Se trata de Luis Socías Uribe, un 'ex Deloitte' que en el último lustro se ha dedicado a la consultoría de proyectos con presencia de las administraciones públicas.
Formado en la Universidad de Deusto, con un máster en Business Consulting y varios programas en universidades prestigiosas extranjeras, como The London School of Economics and Political Science o Princeton University, Socías cerró su contrato con la CEOE justo antes de las vacaciones de verano, cuando se dio luz verde a estas ayudas
Desde entonces, el Gobierno también ha estado trabajando en organizar su estructura para gestionar el reparto de fondos con los distintos Ministerios, las comunidades autónomas y los empresarios.
Sin embargo, mientras en La Moncloa se ultiman todavía los detalles y la estructura de la Oficina que presentará el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los empresarios ya tienen todo listo para empezar a trabajar.
Para trabajar codo con codo con las empresas en proyectos que puedan optar a la parte de las ayudas que se habiliten para impulsar la cooperación público privada, el Ejecutivo contará con un grupo de alto nivel.
Uno de los interlocutores en la CEOE con ese grupo será Socías. El exconsultor de Deloitte se incorporará a la patronal como jefe de la Oficina que ha sido creada con un acuerdo con PwC. Pero no estará solo, ya que dada la importancia del proyecto, los presidentes de la patronal y de la firma de auditoría y consultoría estarán involucrados de forma directa en los contactos con el Gobierno.
Garamendi y Gonzalo Sánchez
Como avanzó este periódico, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, su vicepresidente, Íñigo Fernández de Mesa, y el secretario general, José Alberto González-Ruiz, tendrán un papel fundamental en el seguimiento y desarrollo de la actividad de esta Oficina que tendrá que trabajar en coordinación con las delegaciones territoriales y sectoriales de la patronal.
Por la parte de PwC también se aportará un equipo. Se involucrarán en la interlocución con el Gobierno el presidente de la firma, Gonzalo Sánchez, y la socia de estrategia, Silvia Lacarra.
Entre los directivos de PwC que también harán seguimiento del reparto de las ayudas figura su socio responsable de Mercados, Manuel Martín Espada.
España recibirá unos 140.000 millones de euros de la Unión Europea en forma de préstamos y ayudas a fondo perdido en los próximos tres años. De cómo se gestionen esos fondos dependerá en buena medida la recuperación económica.
Pese a que la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, jugó un papel esencial en la negociación de los fondos, será la Oficina Económica del presidente la que tenga ahora la última palabra en el reparto, como publicó este periódico el pasado sábado.
Impulso económico y Presupuestos
Bruselas quiere implicar a los empresarios y a los inversores para acelerar el impulso que necesita la economía y por ello, sus fondos podrán destinarse a proyectos finalistas de cooperación público-privada.
También habrá ayudas para empresas que quieran invertir en transformación digital o en la 'transición verde'. Pero siempre con la idea de que esas inversiones tengan un efecto multiplicador en la economía y el empleo.
No obstante, para acceder a esas ayudas -que todavía tienen que convalidarse y articularse para establecer las condiciones de acceso- el primer requisito será contar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los que el Gobierno tiene que negociar todavía los apoyos.
El objetivo es tener un Plan Presupuestario preparado para el próximo 15 de octubre con el fin de poder empezar a presentar proyectos viables que puedan ser estudiados por Bruselas.
Las empresas ya han elaborado una 'hoja de ruta' inicial para empezar a trabajar con las conclusiones de la Cumbre empresarial que la CEOE celebró el pasado mes de junio. Ese foro, por el que pasaron las principales empresas españolas, sirvió para elaborar un documento que la patronal entregó al Ministerio de Economía, entre otros.