Más de 812.000 trabajadores españoles están bajo la situación de ERTE (unos 700.000 por causa de la pandemia). Se trata de personas que tuvieron que dejar de trabajar por el confinamiento y para que no perdieran su empleo se optó por dejarlo en 'estado de hibernación' con una ayuda pública que tiene un coste de 4.000 millones de euros mensuales, según los últimos datos hechos públicos por el Gobierno.

La figura del ERTE no ha sido una invención de este Gobierno. Fueron perfilados en la reforma laboral del PP para que una empresa que atravesara una situación económica difícil tuviera la posibilidad de congelar el empleo hasta que saliera del bache. Esos empleados pasaban a cobrar el paro, pero cotizando en la Seguridad Social a cargo de la empresa. 

Llegó la Covid-19 y el Estado asumió el coste de esa cuota de la Seguridad Social, al tiempo que la ligó al estado de alarma. Sin embargo, la llegada de la 'nueva normalidad' trajo un panorama económico tan complejo que la perspectiva de que muchas de esas empresas puedan retomar la actividad aún son escasas más de tres meses después del fin de la desescalada.

En el caso del turismo, ya está claro que hasta Semana Santa o el verano de 2021 muchos hoteles no podrán retomar la actividad.

De mantenerse los ERTE con la estructura actual hasta entonces podrían ocurrir dos cosas. La primera es que todo salga bien y esos empleados retomen su actividad.

Habrán vivido 15 meses cobrando un salario subvencionado por el Estado, sin consumir paro y en los casos en los que las empresas completen la remuneración pública, habrán pasado este tiempo sin perder poder adquisitivo y cotizando a la Seguridad Social.

Si las cosas se tuercen, esos empleados perderán su empleo y sus empresas desaparecerán. Y entonces, el Estado habrá destinado recursos públicos en vano para sostener a una empresa y un empleo que los economistas ya denominan zombie. Todo ello con el agravante de la delicada salud financiera del Gobierno español.

Con estas variables sobre la mesa -en España y también en otros países que tienen una disyuntiva parecida con el empleo- los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo parecen condenados a encontrar una fórmula que permita acotar la ayuda a aquellos casos en los que mantener ese esfuerzo a cargo del contribuyente esté justificado.

La Comisión Europea ha propuesto que España reciba más de 21.300 millones de euros desde el SURE para financiar el coste del desempleo. Se trata de una cuantía que ni siquiera será suficiente para cubrir el gasto de los ERTE más las prestaciones de los autónomos hasta finales de septiembre.

Gasto coyuntural

Desde la CEOE, su presidente Antonio Garamendi, insiste en que esta es una situación coyuntural y por tanto, no se trata de "ayudas estructurales", más dañinas para la economía.

Pero hay algunas voces que destacan la necesidad de encontrar vías para afinar más su uso. De hecho, el Ministerio de Trabajo ya ha planteado a los agentes sociales introducir fórmulas como que se consuma tiempo de paro mientras se cobre esta prestación para ajustar este coste que beneficia a un grupo de trabajadores y genera claras desigualdades dentro del mercado de trabajo.

"Los ERTE tienen un coste para las arcas públicas y suponen un privilegio para ese trabajador", reconoce a Invertia María Jesús Fernández, economista senior en la dirección de Coyuntura y Estadística de Funcas.

Fernández no cuestiona los beneficios que ha traído esta fórmula para contribuir a la supervivencia de muchas empresas en estos momentos difíciles. Pero considera que los ERTE generalizados deben revisarse e incluir "algún tipo de parámetro o el diseño de algún tipo de mecanismo" que permita ir acotando esta ayuda a empresas realmente viables y hacer su coste más asumible para el Estado.

"El sentido real del ERTE es dar una flexibilidad para que en lugar de despedir la empresa tenga la oportunidad de recuperarse y volver a la actividad normal. El problema es que en octubre y noviembre vamos a asistir a una hecatombe económica en lugar de tener una recuperación como la que esperábamos. Habrá empresas que tendrán que cerrar o despedir porque no puedan recuperar su actividad. Un porcentaje alto de ERTEs que se convertirán en EREs porque ahora son despidos encubiertos en la medida que la situación económica no se recupere", señala Gómez.

El profesor del IESE considera que fue un error ligar el diseño de los ERTE a la causa de "fuerza mayor", como se ha demostrado después al tener que extender esta fórmula por la imposibilidad de que la economía se recuperase de la brutal caída de abril en un solo mes y en un entorno en el que la Covid-19 sigue presente.

En todo caso, los expertos apuntan a que es positivo ayudar a sostener a las empresas y el empleo viable el tiempo que sea preciso para paliar los daños de la pandemia.

La formación

Mientras en España el ERTE se concedió sin más, en otros países como Alemania, este tipo de mecanismos -o sus equivalentes- suelen ir asociados a la formación. La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, afirmó que analizaría la fórmula germana para importarla a España, de manera que no sea un año perdido para esos trabajadores.

La idea es compartida por la CEOE y por los economistas consultados. Sin embargo, tanto desde Funcas, como desde el IESE destacan que es preciso extender esos planes de formación a todo el sistema de desempleo español.

"El sistema de políticas activas de empleo que tenemos en España ha sido siempre muy deficiente", lamenta Fernández.

Grandes ejecutivos del Ibex 35, como José María Álvarez Pallete, vienen preconizando que la transformación del empleo se va a acelerar por la pandemia.

Sin embargo, desde el IESE, Gómez también puntualiza que un "restaurante siempre necesitará camareros" y puede no estar justificada una formación de un año para trabajos no tecnificados.

Desigualdad laboral

"En la industria o en la empresa grande es verdad que el ritmo de cambio tecnológico puede estar generando nuevas necesidades y amortizando otras. Son empresas que tienen capacidad para poder formar a gente que esté en ERTE. Pero tendemos a mirar el país a través de los ojos de Telefónica, Repsol… cuando el 95% son empresas pequeñas y están en el sector servicios, que está mucho menos tecnificado", explica Gómez. "Hay un alto porcentaje de personas en ERTE que cuando vuelvan a trabajar podrán hacer el mismo trabajo", apostilla.

En una tribuna publicada recientemente en El País, el profesor de la Universidad de Londres, Guy Standing, añadía otra variable -difícil de cuantificar en España- sobre un efecto colateral indeseado que los ERTE podrían estar generando en el mundo laboral: la aparición de un nuevo tipo de fraude por el cual los trabajadores más cualificados pudieran estar cobrando en dinero b parte de su trabajo con un acuerdo con la empresa para seguir cobrando la prestación. 

Una situación que achacaba al Reino Unido y complicada de trasladar al completo en España por la dependencia del sector servicios. Pero, en cualquier caso es una variable más que agranda la brecha entre los trabajadores de menor cualificación -que normalmente no pueden desarrollar su trabajo en remoto- y los más preparados.