El Gobierno fracasa en su plan de reactivar la inversión de las empresas con avales públicos

Baño de realidad económica del Gobierno con los 40.000 millones de euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobados para reactivar la inversión empresarial. El objetivo era claro: ayudar a pymes, autónomos y grandes compañías a cambio de que destinasen el dinero a la inversión necesaria para la recuperación económica. Sin embargo, cuatro meses después de su aprobación en julio, ni rastro de demanda para este fin.

El pasado mes de septiembre, pocas semanas después de que la nueva línea se pusiese en marcha, el sector bancario ya anticipaba a este diario que sería difícil cubrir el total de los avales para final de año ante la escasa demanda existente. Es más, aseguraban que, al ritmo que mantenían entonces, ni siquiera a mediados de 2021 se habrían repartido todas esas garantías públicas.

Por aquel entonces, las entidades matizaban que aún era pronto para evaluar la incidencia de los nuevos préstamos avalados por el ICO para la inversión. Pero una nueva ronda en el sector financiero deja claro que la situación no ha cambiado en absolutamente nada.

Golpe de realidad

La dura realidad económica se ha impuesto a cualquier plan de inversión que, de momento, las empresas prefieren dejar aparcado. Al menos hasta que tengan bien ‘amarrados’ sus problemas de liquidez y, sobre todo, cuenten con una mayor visibilidad sobre el impacto económico de las últimas restricciones ante los rebrotes de la segunda ola del coronavirus.

Tan escaso ha sido el éxito de esta línea ‘ICO inversión’, que el Gobierno pidió al organismo hace unas semanas que redistribuyera los importes de los avales que fueron asignados a los bancos y que no habían sido utilizados. Según confirman varias entidades financieras, los cambios han comenzado a implantarse en los contratos en los que, tal y como estaba previsto, la reasignación de avales públicos se ha realizado en función de la demanda de cada entidad, y no por cuota de mercado como estaba establecido hasta ahora.

Los bancos consultados por Invertia coinciden en que el cambio, que ya publicó el BOE y que ahora se está ejecutando, responde precisamente a un escenario de escasas solicitudes en el que esa distribución por cuota de mercado quedaba completamente obsoleta para hacer frente a las necesidades reales de las empresas.

En concreto, y según se confirma en los contratos a los que ha tenido acceso Invertia, el organismo ha comunicado a las entidades que no va a establecer cupos por bancos hasta que esta línea para la inversión alcance al menos el 80% de los actuales límites habilitados, establecidos en 8.000 millones para el tamo actual (5.000 millones de euros para pymes y autónomos y otros 3.000 millones para empresas ‘no pyme’).

Objetivo: asegurar la viabilidad

“Es cierto que hay empresas de tecnología o de distribución que sí pueden tener planes de inversión a corto plazo pero, en general, pocas empresas están pensando ahora en eso como fórmula para sobrevivir”, indican desde una entidad financiera nacional.

Así lo certificaba también hace unas semanas la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, durante la presentación de resultados trimestrales de la entidad. La directiva confirmaba un ‘freno’ en el crédito tras el ‘boom’ de la primera línea de avales del ICO dotada con 100.000 millones de euros que, por cierto, el sector en bloque ha puesto 'por las nubes' por su excelente funcionamiento y utilidad.

Pero las cosas han cambiado. “Ahora las empresas no están pensando en hacer inversiones, hay poca demanda y no está siendo muy solicitada”, indicaba Dancausa en alusión a los 40.000 millones disponibles para esta partida.

Desde otras dos entidades medianas con especial foco en el segmento empresarial coinciden en que las solicitudes siguen siendo muy bajas. “Tenemos la sensación de que todavía no se da la situación en la que las empresas, de forma mayoritaria, se estén lanzando a proyectos de inversión”, aseguran.

Y el mismo mensaje transmiten los grandes bancos españoles. Sus directivos llevan tiempo pidiendo al Gobierno un pronto acuerdo para ampliar los plazos de carencia y pago de la primera línea del ICO para dotar de liquidez a las empresas. "El sentido común lleva a pensar que una buena herramienta, hay que alargarla en el tiempo", insistía hace unos días el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

El reto de la recuperación

Todo apunta a que el acuerdo, que necesita el visto bueno de la Bruselas, se confirmará en las próximas semanas, si no días. Un pacto que sin duda dará algo de aire a las empresas ahogadas por la crisis, que no tienen claro que en marzo, cuando empiecen a vencer las ayudas, vayan a ser capaces de pagar toda la deuda acumulada en los últimos meses.

Ni siquiera el anuncio de la vacuna de Pfizer que tanta alegría ha generado en el mercado parece suficiente para anticipar el final de una crisis que se antoja larga y difícil, incluso en el mejor de los escenarios. Por eso, el sector bancario tiene claro que la prioridad es proteger a las empresas para que los problemas de liquidez que aún perduren no acaben transformándose en problemas de solvencia.

Después, ya vendrán las inversiones, por lo que todo apunta a que el plazo para solicitar la línea de 40.000 millones para este fin, que acaba a finales de este año, también tendrá que ampliarse. Eso, o el dinero tendrá que destinarse a otro objetivo, como ayudas directas a empresas que se consideren viables. “Para impulsar la recuperación, lo importante es distribuir bien el capital”, insisten desde el sector empresarial y bancario.