El último borrador elaborado por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para la reforma de las pensiones sí incluía la ampliación de 25 a 35 años del periodo de cálculo. A pesar de que el Gobierno ahora lo niega, como ya informó este periódico, el Ministerio había elaborado varios documentos para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones y, entre ellos, el departamento de Seguridad Social calculó que se podría ahorrar un 6% en las futuras pensiones si se aplicaba este nuevo método.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desmintió este extremo este miércoles a mediodía, en un acto público en la sede de la agencia Efe, afirmando que el ministro de Seguridad Social ya había "desmentido" este extremo por la mañana. Y efectivamente, José Luis Escrivá había que esto se hubiese contemplado en una entrevista en Onda Cero: "Siempre digo que me escuchen a mí, y yo nunca he dicho nada parecido".

La tensión entre la cartera de Escrivá y el vicepresidente segundo del Gobierno que hace unos días aseguró que el tema de las pensiones constituía una "línea roja". El ministro de Seguridad Social ha asegurado que se trata de un debate que busca "desviar la atención" con algo "que no ha existido y que no va a existir".

Escrivá se mostraba "decepcionado" de palabra y encolerizado de actitud en la entrevista radiofónica porque el foco se haya puesto sobre la cuestión del cómputo de años. Pero lo cierto es que el último documento borrador de la ficha 30 -bajo el título Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo-, que el Ejecutivo debía enviar a Bruselas para poder acceder a las ayudas, sí incluía este cambio de cálculo al que se negaba Pablo Iglesias y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"No se votará"

Pero Iglesias ganó la partida, después de advertir a Sánchez de que no contaba con los votos para sacar adelante esta reforma. El vicepresidente le dijo a su socio que no se atrevería a "llevarla a votar al Congreso", e incluso que daría por roto el Gobierno si la pactaba con el Partido Popular. Moncloa decidió eliminar esta referencia de los papeles. Un cálculo que Escrivá ya traía hecho de cuando presidía la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el puesto del que salió camino del Ministerio hace un año.

El documento se mandó finalmente el lunes por la noche a la Comisión Europea y el ministro reaccionó con cajas destempladas: culpando a la prensa expresamente y a Iglesias de manera implícita. 

"Estamos haciendo cálculos y no sabemos todavía lo que vamos a hacer", reiteraba criticando las interpretaciones "malévolas" de aquéllos que "quieren generar una narrativa sobre esto". Según subrayaba, esto "no hace bien a los pensionistas trasladarles elementos no contrastados". 

Ahora sí lo están. El documento, obtenido por EL ESPAÑOL de fuentes oficiales, es el que salió del Ministerio antes de que Moncloa decidiese eliminar esa referencia. Y dice expresamente: 

"Se plantea ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo 35 años de manera progresiva, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora cuando se supere este umbral junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas".

Encargo de Sánchez

Lo cierto es que el presidente Sánchez encomendó a Escrivá al nombrarlo tres tareas: la de avanzar en la inclusión, la de lograr la sostenibilidad de las pensiones y la de diseñar una nueva política migratoria. La primera la abordó con el diseño e implantación (acelerada por la pandemia) del Ingreso Mínimo Vital. La segunda, tras el acuerdo parlamentario del Pacto de Toledo, votado el pasado 27 de noviembre en el Congreso, se aborda en estos momentos.

Además, la Comisión Europea lleva años advirtiendo a España en sus anuales recomendaciones de política económica que su Seguridad Social no tiene las cuentas equilibradas, el déficit no deja de crecer año tras año y que eso hace peligrar las pensiones futuras. Así lo admitía el mismo presidente Sánchez este miércoles: "Las recomendaciones de Bruselas son informes públicos, y la reforma de las pensiones es un reto enorme pero lo vamos a abordar". 

Sánchez acudía a la sede de Efe a inaugurar un ciclo de encuentros sobre los Fondos Europeos para la Recuperación europeos. Y en la charla con la presidenta de la agencia, Gabriela Cañas, reconocía que, tal como ya informó EL ESPAÑOL, este año las recomendaciones de la UE se han convertido en "condición" para poder acceder a las ayudas en las que su Gobierno fía la reconstrucción de la economía española.

Una reducción del 6,3%

Y para lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones, el documento elaborado por Escrivá describe la "evidencia, análisis y datos que motivan la necesidad de la reforma", que encuadra en la Recomendación 11 del Pacto de Toledo y que, de manera progresiva, entraría en vigor desde el año 2023: 

"El efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo 35 años en lugar de 25 supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%, aunque su impacto no es uniforme y depende de las características concretas de cada carrera de cotización".

Lo cierto es que fuentes gubernamentales llegaron a reconocer a este periódico la posibilidad de ampliación de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones. Aunque sólo como "una más de las posibilidades" que se estaban estudiando. A pesar de ello, tanto Sánchez como Escrivá lo negaban categóricamente este miércoles.

Las mismas fuentes del Gobierno, en todo caso, ese efecto "no uniforme" consistiría en que algunos pensionistas incluso "verían más alta su prestación", dado el cambio del mercado laboral y los efectos de la crisis de 2008, "que expulsó a muchos trabajadores de 50 años en adelante a los que les cuesta reengancharse y han perdido cotización en estos años".