Esa idea ni siquiera había rondado por los borradores previos de la norma, como ya informó este periódico, y se añadió en la redacción final del RDL 36/2020 "para crear nuevas empresas con participación pública en sectores estratégicos". Y este viernes, con Felipe VI al frente, ese artículo del decreto vivió su primera traducción a la realidad.

La primera de más iniciativas que vendrán, tal como confirma a este diario una fuente autorizada del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, "siempre que sea interesante y en sectores estratégicos".

No es otra SEPI, tal como reniega esta portavoz de Industria, pero puede acabar pareciéndosele mucho, pues se irá tejiendo una nueva red de empresas con capital público que impulsen la inversión en los campos clave de la economía española: "Somos el país de Europa con menos músculo público en la economía", recuerda.

Este viernes, en Martorell (Barcelona), se presentó un proyecto innovador amparado por ese artículo 69 del decreto de los fondos UE. El consorcio público-privado que embarcará al Estado con Iberdrola y Seat para crear la primera fábrica de baterías para coche eléctrico en España "y una de las primeras de Europa", en palabras del Rey Felipe VI.

"Este consocio formará parte del primer PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) que tiene como objetivo la transición hacia el vehículo eléctrico y conectado", explicaba la propia ministra Reyes Maroto.

Junto a esa iniciativa, este periódico también informó en exclusiva de otro proyecto, el F3 (Future, Fast, Forward) que aunará a la automovilística, la eléctrica y a Telefónica en un ambicioso plan a diez años para abrir una nueva era de producción de coches eléctricos y conectados con 5G. Otra iniciativa que contará con fondos del instrumento NextGeneration EU, el paquete de ayudas europeas por el que España recibirá 140.000 millones de euros entre este año 2021 y 2026.

"Gestión ágil"

Las fuentes de Industria consultadas por este diario confirman que el instrumento del que se dotó el Gobierno en el decreto de los fondos europeos "abre la puerta a una gestión ágil de los fondos europeos".

Y es que no sólo se dedicarán estas transferencias para financiar la creación de empresas con capital público, o invertir en otras que hoy tengan sólo capital privado-. Es que esas compañías de nueva creación podrán recibir concesiones de contratos públicos "a dedo" y financiados, a su vez, con los fondos de recuperación procedentes de la UE.

Como se recordará, el plan de Pedro Sánchez es concentrar en los tres primeros cursos el grueso de las ayudas en forma de transferencias a fondo perdido. La idea del Ejecutivo es pisar el acelerador lo más afondo posible para remontar la crisis económica asociada a la pandemia de la Covid "atendiendo a los tres objetivos primordiales, que son la transición ecológica y la digital -que coparán el 70% de los fondos- unidas al empleo de calidad", con la perspectiva de cohesión "territorial, social y de género", como ejes transversales.

De todo eso es de lo que, con satisfacción, se presumía en el seno del Gobierno tras el acto de Martorell. Y de la oportunidad, aprovechando el 70º aniversario de Seat, y con Felipe VI como figura emblemática del lanzamiento oficioso del plan de recuperación del Gobierno.

Los dos proyectos impulsados este viernes encajan en esas líneas maestras del plan del Ejecutivo: son inversiones generadoras de empleo en un sector de especial importancia para España, ya que el automóvil genera unos dos millones de puestos de trabajo y supone alrededor del 18% del PIB en toda su cadena de valor.

Además, nuestro país es hoy el segundo productor de Europa. Pero el sector vive pendiente de la revolución eléctrica, por lo que es más que oportuno el impulso a una reconversión, tal como confirman las fuentes del Gobierno. Y en todo caso, tal como destacó el Monarca en su discurso, no es casual que la apuesta por la "irrenunciable cohesión territorial" de la reconstrucción comience por Cataluña.

Advertencia del PP

Fuentes de la oposición, consultadas por este periódico, llaman la atención sobre esta presunta vuelta a la iniciativa pública en la economía. Y a la posibilidad de que éste haya sido el vehículo elegido por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez para darle satisfacción a Pablo Iglesias. Porque el decreto abre la puerta a la creación de nuevas compañías de capital público "que compitan con el sector privado", como las que reclama el vicepresidente segundo, por ejemplo, en el sector energético.

Concretamente, el líder morado acabó el año recuperando su batalla por la "nacionalización de Endesa" o la creación de una compañía pública de electricidad para "bajar el precio de la luz y no dejar a nadie atrás".

El portavoz económico del PP en el Congreso, Mario Garcés, advertía de este riesgo en la semana del debate parlamentario. Sobre todo, ante su convencimiento de que "este artículo 69, que no estaba en los borradores, sólo se introdujo a última hora porque algún ministerio lo pidió, porque ya tiene decidido vehicular los fondos que le toquen a través de una empresa con colaboración público-privada". Garcés formó parte de los gobiernos de Aznar y de Rajoy en diversos puestos de responsabilidad en la Administración.

Ahora, al menos en la primera ocasión en la que se recurre a este instrumento, el camino tomado es otro: "Lo haremos siempre que haya una oportunidad estratégica y cuando haga falta la participación pública", explican las fuentes citadas del Ministerio de Industria. "Somos un Gobierno serio, nos gusta la seguridad jurídica y siempre preferiremos poner los medios para lograr lo mismo facilitando la entrada de inversores privados", concluyen desde el entorno de Maroto.