Inca, el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, se ha sumado a los regantes y la Comisión Técnica del Agua de la Diputación en su reivindicación de la paralización de las nuevas medidas de reducción de caudales del trasvase Tajo-Segura. 

Esta medida impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica de la socialista Teresa Ribera se van a debatir en el próximo Consejo Nacional del Agua del día 29, donde los regantes no tiene mayoría. De ahí pasará Decreto Ley. Los agricultores ya advierten de una batalla legal hasta en la UE.

Ineca considera que el recorte afectaría a todo el sector productivo de la provincia de Alicante y de manera más directa al sector agrario e industria agroalimentaria del que dependen más de 45.000 empleos, según ha indicado su director, Francisco Llopis.

En este sentido, recuerdan que Además que las exportaciones de productos agrícolas están contribuyendo de forma excepcional en los últimos años al comercio exterior de la provincia de Alicante, y en concreto en el 2020 la cifra de estos productos alcanza los 935,6 millones de euros.

Inoportuno e innecesario

El Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante considera que es un momento inoportuno en plena fase de revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, que en principio concluiría finalizar en la primavera de 2022, modificar las reglas de explotación de Trasvase.

Por ello, Ineca apuesta porque “estas reglas de explotación sean revisadas una vez que haya sido aprobado el Plan Hidrológico del Tajo en 2022, ya que este será el momento con el que se cuente con una serie hidrológica más ajustada y por tanto se puedan tomar mejores decisiones de carácter técnico”.

Según el lobby empresarial el trasvase Tajo-Segura es la piedra angular de la actividad económica de la provincia de Alicante porque no sólo afecta al sector agrario y de transformación agroalimentaria, sino a otras actividades.

Y señala que afecta además a los abastecimientos de 35 municipios de L’Alacantí, Vega Baja y Vinalopó -más de 1,1 millón de personas abastecidas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla- y por ende la actividad industrial y turística de todos ellos, según ha explicado Llopis.

Al detalle

La provincia de Alicante cuenta con más de veinte mil trabajadores vinculados directamente con las actividades agrícolas y un 3,3% del total de trabajadores de la provincia de Alicante. 

De ellos, en el régimen general hay 1.211 trabajadores, 3.763 autónomos y un total de 15.949 en el régimen especial agrario.

Las nuevas reglas de explotación que propone el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, pretende modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura para el Nivel 2 pasando de 38 hm3 al mes a 27 hm3 al mes lo que significaría una importante reducción de los caudales destinados al regadío.

El 60% del regadío de la provincia de Alicante depende directamente del trasvase Tajo-Segura, todo el sector de exportación y transformación está ligado a esta actividad agraria. Estos potenciales cambios en las reglas de explotación -si finalmente son aprobados- afectarían también a las provincias de Murcia y Almería por lo que el número de perjudicados sería mucho mayor.