Mientras el Gobierno sigue sin consensuar una postura sobre qué hacer con la reforma laboral de 2012 o con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la OCDE ha tomado partido en el debate al recomendar a España mantener el espíritu de la legislación que impulsó el PP y ligar las subidas salariales a la productividad.

En un momento en el que reactivar el mercado laboral en este país es una prioridad, el organismo con sede en París considera que elementos como la "flexibilidad" o el mayor peso de los convenios colectivos de empresa, frente a los sectoriales son algunas de las claves para acelerar la caída del desempleo.

"La actual regulación laboral que da flexibilidad a las empresas puede ayudar a éstas a adaptarse más fácilmente en la fase de recuperación pospandemia", afirma el Estudio económico de España 2021.

El secretario general del organismo, Ángel Gurría, ha presentado este informe junto con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, después de que con un gesto y suspiro en el Congreso, la titular de la cartera de Economía escenificara su discrepancia con la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, en materia laboral.

Según las previsiones que ha incorporado en este informe la OCDE, España crecerá en 2021 un 5,9% y otro 6,3% en 2022. Son dos décimas más que lo previsto antes. Según ha explicado Gurría, es de esperar que la pandemia esté controlada de aquí al verano y es posible ver "luces de esperanza".

Menos contratos

Entre las medidas que aborda el documento, la OCDE se posiciona a favor de reducir el número de contratos existentes en España, así como la "amplia variedad de motivos" que permiten recurrir a la contratación temporal, ya que este tipo de contratación generalizada en España "incrementa la desigualdad y la pobreza laboral".

"Aunque el empleo temporal puede ayudar a los sectores afectados [por la pandemia] en el corto plazo, a medio plazo debe reducirse la dualidad del mercado laboral. Los incentivos a la contratación han de dirigirse a los grupos más vulnerables y estar limitados en el tiempo", señala el documento.

Este es uno de los puntos que comparte la vicepresidenta del Gobierno, según ha recordado en la rueda de prensa en la que se ha presentado el informe.

SMI con control

Sobre las medidas adoptadas por este Gobierno con el argumento de proteger a los más vulnerables, la OCDE pone el foco en el SMI, cuyas subidas han dañado a los colectivos que se pretendía proteger, según el organismo.

"Las recientes subidas del salario mínimo no se han aplicado de forma gradual, lo que podría perjudicar al empleo de grupos vulnerables", advierte.

Para evitar que esto se repita en el futuro -y teniendo en cuenta que el Gobierno tiene aparcada una nueva subida a la espera de que la economía mejore-, la OCDE propone una nueva fórmula para aprobar cualquier incremento futuro del SMI.

En concreto, pone sobre la mesa "crear una comisión permanente que evalúe periódicamente los cambios en el salario mínimo, en consonancia con la evolución de las condiciones del mercado laboral y la productividad".

ERTE y formación

Junto a estas medidas, el organismo que dirige Gurría considera que España debe mejorar la formación de sus trabajadores en un momento en el que considera que muchos empleados que están en situación de ERTE no van a poder volver a trabajar en sus anteriores funciones. 

"Los programas de reducción temporal de empleo limitaron el ascenso del paro, pero es posible que haya que reasignar a algunos de esos trabajadores a otras empresas y sectores", afirma.

En este sentido, aboga por reforzar las políticas activas de empleo y mejorar los programas de formación -con sistemas "más individualizados"- para que sirvan a los trabajadores para encontrar empleos más estables.

Además, propone que los trabajadores en situación de ERTE puedan pasar a trabajar en otras empresas, una propuesta que Calviño ha valorado de forma positiva en el encuentro.

Sobre esto, la vicepresidenta ha subrayado que "la arquitectura acordada" con los agentes sociales para los ERTE "muestra claramente que es un régimen de transición" que tendrá que ajustarse.

Gobernanza y fiscalidad

En el documento, en el que repasa los distintos retos que afronta a España, la OCDE se suma a las voces que ponen en duda el sistema de gobernanza que se ha establecido par el reparto de los fondos europeos en España al considerar que "su aplicación puede ser problemática".

No obstante, el secretario general ha destacado que este programa de inversiones es una "gran oportunidad" para "reconstruir" la economía y trabajar por un futuro mejor en España.

También respalda la política fiscal expansiva que mantiene ahora el Gobierno, pero advierte que la "consolidación fiscal" tendrá que volver a estar sobre la mesa cuando pase lo peor de la pandemia con "un plan plurianual que incluya a todos los niveles de la Administración".

En este punto, aboga por prolongar las medidas de apoyo que hay activas para paliar los efectos económicos de la Covid-19, pero "haciéndolas más focalizadas".

Y también, da un tirón de orejas a España por la "composición" y la falta de "eficiencia del gasto público", algo que lastra la inversión pública.

"Pese a la necesidad de reordenar las prioridades de gasto, no es habitual que se lleven a cabo revisiones del gasto. La falta de evaluación de las políticas, también en los niveles subnacionales de gobierno, puede ser un obstáculo para redirigir el gasto a usos más productivos", señala.

Insolvencias empresariales

La OCDE también está siguiendo de cerca la evolución de la normativa de insolvencias en España y se muestra preocupada por la situación de colapso que hay en los juzgados.

En este sentido, cree que se deben promover los "procedimientos de reestructuración extrajudiciales", especialmente para pequeñas y medianas empresas. 

Que el tejido productivo mantenga su buena salud y se ayude a las empresas viables será vital para la recuperación, ya que "un posible aumento de las insolvencias una vez que se elimine el apoyo de las políticas, plantea un fuerte riesgo" tanto para el sector financiero -por los préstamos morosos-, como para la recuperación económica.