El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de creación y crecimiento empresarial, una regulación que tiene como objetivo impulsar la creación de nuevas empresas en España y, a la vez, fomentar el crecimiento de las compañías ya existentes. Una batería de medidas con las que se pretende reducir las actuales trabas de la administración española apoyándose en la digitalización de procesos. 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha querido enfatizar en la importancia del proyecto de la futura Ley Crea y Crece. "Se trata de una de las reformas más importantes para impulsar el emprendimiento y el crecimiento empresarial". 

El anteproyecto de Ley de creación y crecimiento empresarial, el diseño inicial de la norma distingue diferentes ámbitos: la agilización en la creación de las sociedades de responsabilidad limitada, el apoyo al crecimiento de las compañías y la facilitación de acceso a instrumentos de financiación.

Así pues, en el primero de los bloques destaca la modificación del capital social necesario para crear una entidad de responsabilidad limitada. De los 3.000 euros actuales se pasaría a un euro. Del mismo modo, se pretende que la totalidad de los formalismos necesarios para poner en marcha una sociedad se puedan realizar de forma digital.

Asimismo, se promueve la creación de empresas de forma telemática a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). Con esta media el objetivo es reducir los tiempos de constitución y los costes registrales y notariales.

Impulsar el crecimiento

En lo que tiene que ver con el apoyo al crecimiento, las medidas más relevantes van dirigidas a reducir la necesidad de contar con licencias para poner en marcha determinados negocios. Para ello se pretende modificar la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia e incorporando al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una Comunidad Autónoma.

En este punto, también se va a apostar por impulsar la facturación digital. Para ello se pretende modificar la normativa actual y ampliar la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales.

Con ello el Gobierno pretende mejorar el conocimiento sobre los plazos efectivos de pago, requisito indispensable para poder reducir la morosidad de manera eficaz. En este mismo sentido está prevista la creación de un observatorio de la morosidad. Su función será realizar el seguimiento y evolución de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas en este ámbito

Plataformas de crowdfunding

Por último, las medidas relativas a la mejora en la financiación de las empresas tendrán como protagonistas a las plataformas de crowdfunding. La Ley Crea y Crece adaptará la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, busca reforzar la protección de los inversores y permitirá la creación de vehículos para agrupar a los inversores. Del mismo modo, se elevarán los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por inversor. 

También se incluyen un conjunto de modificaciones para el impulso de la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico. Algo a lo que se suma la ampliación de las figuras reconocidas para fondos cerrados. Un tipo de fondos de deuda que pueden invertirse en préstamos, facturas o efectos comerciales. Con esta herramienta el Gobierno pretende mejorar la financiación empresarial de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia

En definitiva, unos cambios que tienen por objetivo impulsar la actividad empresarial para que la recuperación tenga más alcance y arraigue mejor. Para ello, se espera que durante el último trimestre de 2021 el Consejo de Ministros pueda llevar su tramitación al Congreso. El objetivo es que la Ley quede aprobada durante 2022. Un objetivo que ha quedado fijado entre los compromisos que el Gobierno ha adquirido en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia pactado con Bruselas.