El Gobierno dará la próxima semana el pistoletazo de salida para tramitar los Presupuestos de 2022 con la votación de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria, según avanzan a este periódico fuentes parlamentarias. Un año más, Ejecutivo dejará suspendidas las reglas fiscales -previo acuerdo con Bruselas- y evitará así tener que someter a la aprobación del Congreso los límites de déficit y deuda pública con los que se construye el 'techo de gasto' que aprobó el Consejo de Ministros el pasado julio.

Conseguir la luz verde al límite de gasto no financiero del Estado (conocido popularmente como 'techo de gasto') es siempre el primer paso para poder activar la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). 

Antes de irse de vacaciones, el Gobierno fijó ese tope en 196.142 millones de euros, una cifra récord y casi similar a la de 2021 que Bruselas autoriza para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la crisis que ha generado la pandemia en el frente sanitario, económico y social.

En esta cifra está incluida la absorción de un nuevo paquete de fondos europeos (26.355 millones de euros), además de la transferencia de recursos adicionales para la Seguridad Social y el resto de subsectores (comunidades autónomas y entidades locales).

Sin embargo, en ese acuerdo también se incluyó reducir el déficit público más de la mitad en dos años, hasta situarse en el 5% en 2022.

En una situación normal, esas cifras tendrían que someterse a la votación del Congreso para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, en este caso, aludiendo a la 'catástrofe' que ha supuesto la pandemia, el Ejecutivo va a optar por someter a votación la excepción que permite suspender las reglas fiscales. 

Este hecho hace que para el Gobierno pueda ser más sencillo sacar adelante esta votación ante su debilidad parlamentaria. Sin embargo, para ello, necesitará repetir la mayoría con la que logró sacar adelante las cuentas públicas de 2021, es decir, al independentismo catalán y a Bildu.

La Constitución establece que los Presupuestos tienen que estar en el Congreso antes del 30 de septiembre, pero en los últimos años se ha incumplido con esta obligación de manera sistemática. Aunque la próxima semana se produzca esta votación, es posible que el Gobierno no consiga cumplir con los plazos tampoco este año.

En todo caso, según explicó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la Casa de América la pasada semana, su intención es llevar al Congreso los PGE entre finales de septiembre y principios de octubre.

Sánchez bautizó esos Presupuestos como la herramienta que consolidará una "recuperación justa".