Así se lo han pedido a Calviño distintas figuras del mundo económico y empresarial, que consideran que la vicepresidenta está en condiciones de pedir ayuda a Bruselas en un asunto en el que España se juega mucho más que las transferencias del programa de fondos europeos.

En un país con una tasa de paro superior al 15% (sin contar con los cerca de 240.000 trabajadores que siguen en ERTE) revertir una de las pocas reformas estructurales que -siendo mejorable en determinados aspectos- ha demostrado ser capaz de generar empleo tendría un enorme coste social a medio plazo por efectos que tendría en el mercado laboral.

Esta es la premisa con la que se mueven Bruselas, la CEOE, el Banco de España y el ala ortodoxa del Gobierno y que Gentiloni tratará de hacer ver a Yolanda Díaz en la reunión que mantendrá con ella este lunes antes de ver al presidente, Pedro Sánchez.

Se acerca ya el final de año y el Gobierno tiene atascadas las dos reformas más importantes que ha pactado con Bruselas a cambio de las transferencias de Next Generation EU: la laboral y la de las pensiones.

La presión sobre Yolanda Díaz para lograr un acuerdo con empresarios y sindicatos en el primero de esos asuntos ha ido en aumento en las últimas semanas. Y la reacción de la vicepresidenta segunda ha sido la de reforzar el discurso ante sus votantes de que derogará la reforma de 2012.

Ese ruido tuvo eco en el Congreso que celebró el PSOE hace dos fines de semana en el que el fue el propio Pedro Sánchez, quien hizo suya la promesa de derogar la reforma laboral. Unas palabras que generaron inquietud en Bruselas, según reconocen a este periódico fuentes del entorno de los interlocutores en España con la task force europea, el grupo de trabajo encargado de evaluar la ejecución de los hitos del Plan de Recuperación.

Bruselas lleva meses preocupada por este asunto. Tanto es así que en el discurso del Estado de la Unión del pasado septiembre en el Parlamento de Estrasburgo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo una mención expresa al compromiso de España de presentar una reforma laboral. Un gesto importante si se tiene en cuenta que en ese discurso, Von der Leyen marca la agenda del curso político y señala cuáles son los aspectos más relevantes para el año siguiente.

Desde entonces, el grupo de trabajo para el seguimiento del Plan de Recuperación ha vuelto a visitar España en una ocasión. Y el mensaje con el que volvieron a Bruselas fue muy preocupante, ya que la CEOE confirmó que en las actuales condiciones será imposible alcanzar un acuerdo para la reforma laboral con Yolanda Díaz.

La situación ha ido a peor y antes de aterrizar en España, Gentiloni concedió una entrevista este domingo a El País en la que lanzó un mensaje claro al Gobierno: si fuera imposible alcanzar un pacto con los agentes sociales, será el Ejecutivo el que tenga que decidir así, pero "en el marco de lo pactado con Bruselas".

Este último punto es relevante. Hay que tener presente que la Unión Europea aprobó el pasado verano el Plan de Recuperación en el que España se compromete a modificar la reforma laboral de 2012 para acotar la temporalidad y reducir la precariedad. Pero, manteniendo el espíritu de 'flexiseguridad' en el mercado laboral que introdujo la reforma de la exministra de Empleo, Fátima Báñez.

No hay que olvidar que ya aquella reforma se aprobó siguiendo las recomendaciones europeas para que el Banco Central Europeo (BCE) no cesara sus compras de deuda soberana.

En este contexto, aunque no fuera posible un gran pacto que se trasladara a una foto conjunta con CEOE, Cepyme, sindicatos y Gobierno, el Ejecutivo es consciente de que Bruselas no dará por buena una reforma laboral que no sea del agrado de la patronal, según reconocen fuentes del Ejecutivo.

'Líneas rojas' para CEOE

La distancia que existe entre los postulados de Yolanda Díaz y los de Nadia Calviño en este momento es muy grande. Para la CEOE hay determinadas líneas rojas que no se deben cruzar y que la titular de Trabajo ha planteado en sus documentos. 

De hecho, el pasado julio, la patronal calificó de "ideológica" y "marxista" la propuesta de Díaz para reformar el mercado laboral y después, ministros socialistas del Gobierno se desvincularon de esos textos, como publicó este periódico.

En este momento, hay al menos tres grandes puntos sobre la mesa para negociar. El primero es el de la temporalidad, un concepto al que Díaz ha decidido plantar batalla proponiendo limitar el umbral de contratos temporales al 15% en las empresas.

Desde la patronal se ha pedido al Gobierno que tenga en cuenta el modelo productivo español antes de regular este aspecto, ya que determinadas actividades -como el turismo o la agricultura- son muy estacionales. También el sector de la construcción ha levantado la voz por este aspecto.

Otro de los elementos en los que hay una brecha grande entre empresarios, sindicatos y Díaz es el de la subcontratación, un modelo del que depende la supervivencia de muchas empresas que prestan servicios a otras en España y con el que Díaz quiere acabar.

El tercer punto que la titular de Trabajo quiere lograr es devolver a los sindicatos el poder perdido en 2012. Así, la propuesta es que prevalezca el convenio sectorial sobre el de empresa y recuperar la ultraactividad de los convenios laborales.

En la reforma laboral, entran muchos elementos en juego. De hecho, algunos hitos ya se han cumplido, como por ejemplo, la nueva regulación de los riders o la ley del teletrabajo. 

Para el resto, el tiempo apremia y la Comisión Europea es consciente de que es muy posible que la reforma laboral se entregue tarde. Este aspecto no resultaría fundamental para desbloquear los fondos, ya que en Bruselas prefieren ser permisivos en los plazos, pero garantizar que las reformas que se hagan sean las correctas.

Reunión con Escrivá

Además de mantener reuniones con Calviño, Sánchez y Díaz, Gentiloni se verá con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para preguntar cómo va la reforma de las pensiones, que también preocupa a Bruselas.

En su agenda, también figura un encuentro con el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, y con el Consejo Económico y Social. Antes de terminar su viaje, el comisario europeo de Economía también mantendrá una reunión el martes con la Comisión Mixta para la Unión Europea del Parlamento.