Los primeros pasos de los bancos centrales por la senda del tapering amenazan con poner en serios apuros los números con los que trabaja el Gobierno español. Mientras el Ejecutivo confía en afrontar unos costes cada vez más comedidos por la deuda que emite, solo en el último mes la rentabilidad exigida a los bonos soberanos a diez años se ha duplicado.
El tipo de interés que los inversores exigen a estos papeles en el mercado secundario ha pasado del 0,32% hasta el 0,67% en solo cuatro semanas. Aunque se trata de una cota aún muy comedida gracias a la persistencia de las compras del Banco Central Europeo (BCE), su rápido ascenso da la pista de lo que podría pasar si las instituciones monetarias se ven forzadas a acelerar el ritmo de retirada de sus programas de estímulos.
Si bien esta senda no deja de ser aún una hipótesis más sobre la mesa, los indicios que apuntan hacia este escenario son cada vez más categóricos. Unos toques de atención a los que el Gobierno de España, que acaba de dar a conocer su estrategia de financiación a través del Tesoro Público para este año, debería prestar especial atención.
Repetir la emisión
En este sentido, hay que tener en cuenta que el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos prevé la emisión neta de otros 75.000 millones de euros de deuda a lo largo de los próximos 12 meses. Una cifra que se traduce en un ritmo de colocación de hasta 205 millones de euros al día mientras la contraparte compradora del BCE irá aflojando el paso. Y esto sí que es una certeza.
Aunque el emisor del euro mantendrá buena parte de su arsenal en uso durante el año que viene y no prevé -de momento- ningún incremento en sus tasas oficiales, sí que ha puesto fecha de caducidad a su Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés). Esta medida de choque contra la pandemia se agotará el próximo marzo.
Una retirada todavía tímida a esta orilla del Atlántico que en el caso de EEUU apunta a ser mucho más decidida. Por lo pronto, la hoja de ruta oficial de la Reserva Federal (Fed) señala ya hacia tres subidas de tipos este año y el fin de las compras extraordinarias de deuda en marzo.
Estas dos medidas han sido suficientes desde su anuncio oficial hace menos de un mes para engordar la rentabilidad del bono estadounidense a diez años en más de 40 puntos básicos. Un ascenso que, de hecho, es casi parejo al que ha experimentado su comparable español y que, en mayor o menor medida, ha tenido su réplica en otros muchos papeles soberanos y corporativos.
La sombra de la Fed
Por si fuera poco, son cada vez más las voces que desde dentro de la propia Fed reclaman que el incremento de las tasas oficiales empiece en solo dos meses. Y no solo eso, sino que antes de que acabe el año comience a aligerarse el abultado balance del banco central americano, que hoy por hoy se compone de títulos de deuda por 8,5 billones de dólares.
Con todo ello, el objetivo declarado del Gobierno español de seguir aliviando el coste medio de la deuda soberana se vuelve complicado. Y conforme a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se estimaba una reducción del 4,74% en el servicio de la deuda -el dinero público que va a pagar los intereses de bonos y letras- frente al ejercicio pasado.
Subasta agridulce
El objetivo de Moncloa es reducir esta partida de gasto desde los 31.675,1 millones de euros presupuestados inicialmente para 2021 hasta los 30.175, 1 millones para este año. Todo ello bajo la premisa de que “cabe esperar que durante 2022 se siga reduciendo el coste medio de la deuda del Estado en circulación”.
Aquí, la mayor recurrencia hacia emisiones de más largo plazo mediante bonos y obligaciones frente a letras y la creciente asiduidad a subastas sindicadas es la baza con la que juega el Tesoro para capear las turbulencias que parecen avecinarse. Sin embargo, el mercado comienza a apretar también en esta estrategia.
Una prueba clara de ello es el resultado obtenido en su primera subasta sindicada de este año. Ni las cifras de demanda ni los tipos conseguidos para el nuevo bono a diez años han sido tan amables como en anteriores ediciones de esta maniobra.
Las peticiones de inversión se quedaron este martes en 63.473 millones de euros frente a los 130.000 millones que se contabilizaron hace justo un año para una colocación similar. Como resultado de esta menor concurrencia y de las tensiones que están apareciendo en el mercado, una rentabilidad del 0,753%.
Previsiones en vilo
Esta última cifra es ocho puntos básicos superior a la de la actual referencia soberana española a una década en el mercado secundario. Además, se queda 21 puntos por encima del 0,542% conseguido en la subasta sindicada de estos papeles celebrada en junio del año pasado.
Mientras tanto, desde el Gobierno se defiende que “el peso de los gastos financieros de la deuda del estado sobre el PIB continúe esta senda descendente en 2022 hasta llegar a niveles de 2011”. Un reto que depende en última instancia de la temida inflación, ante cuyo galopante ascenso el BCE podría verse forzado a actuar más rápido de lo previsto.
Un remedio de urgencia para evitar un sobrecalentamiento y posterior colapso de la economía de la Eurozona y contentar a Alemania y los 'frugales'. Pero, sin embargo, emitir a la par una probable condena para los números que el Gobierno ha dibujado para la economía española este año todavía marcado por la pandemia.
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