El puerto de Algeciras (Cádiz) podría perder hasta "un 60% de transbordos" si la Unión Europea (UE) incorpora el transporte marítimo al mercado de emisiones sin tener en cuenta que estos podrían hacer escalas en puertos cercanos no europeos como el de Tánger-Med para ahorrarse el pago de los derechos de emisión.

Ante esta situación, el puerto algecireño correría el riesgo de que el puerto marroquí le robe el 60% de la actividad anual de transbordo en un escenario de precios de 50 euros por tonelada de CO2, con un incremento del coste por escala del 25%, según se recoge en el estudio encargado por el puerto de Algeciras a Shipping Business Consultants.

Aunque el caso de este puerto es especialmente llamativo por su cercanía geográfica con Marruecos, también podrían verse afectados otros en el mar del Norte, el Báltico, el Mediterráneo y el Negro. El presidente del puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha abanderado la causa por el impacto que podría tener esta medida en la actividad y el empleo vinculados a este enclave.

El puerto de este municipio emplea al 7% de los trabajadores de la provincia de Cádiz, según un estudio de la Universidad de Cádiz (UCA). Precisamente, la tasa de desempleo en esta provincia se sitúa en el 25,5% y es la segunda mayor de España.

Es por ello por lo que han saltado las alarmas y el puerto algecireño está manteniendo reuniones y encuentros con diversos sectores. El propósito no es acabar con esta medida sino que se lleve a cabo de otra forma.

El puerto algecireño podría sufrir una pérdida de volumen de negocio "de hasta 300 millones de euros anuales". Esta cifra pondría en la cuerda floja a 1.600 puestos de trabajo directos y hasta 4.200 indirectos, según el citado estudio.

El informe también alerta de que la reducción de la conectividad marítima internacional del puerto algecireño "obstaculizaría las capacidades regionales" tanto de importación como de exportación de Andalucía.

No se rechaza la medida

El puerto de Algeciras no rechaza la medida, pero sí reclama alternativas para que no se den "fuga de emisiones" en zonas sensibles como el estrecho de Gibraltar, el Báltico o el canal de la Mancha. Se han presentado un centenar de alegaciones, la mayoría de países cercanos a esas zonas como son España, Bélgica y Alemania. 

El puerto de Algeciras se ha reunido con Puertos del Estado para que tanto el Ministerio de Transportes como la Agencia Española de Medio Ambiente y la Comisión Europea "sean conscientes de que la externalización de transbordos que provocará el ETS no beneficiará al medioambiente y creará paraísos fiscales de CO₂".

En definitiva, el objetivo perseguido es que "se establezcan fórmulas que eviten la distorsión de la libre competencia con terceros países vecinos y la iniciativa proteja la cadena logística europea".

Puertos europeos piden una medida global

Aunque el de Algeciras se vería especialmente afectado dada su cercanía con Marruecos no es el único puerto que podría ver mermada su actividad. La Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) ha pedido esta semana que este asunto se aborde con una visión global.

En concreto, ha considerado que sería "más adecuada" una medida global dado el carácter internacional del transporte marítimo. "Una medida global de este tipo sería más difícil de eludir y conllevaría menos riesgos de efectos negativos sobre la competitividad en comparación con una medida regional", ha afirmado la ESPO.

La propuesta de la Organización Europea de Puertos es presionar a la Organización Marítima Internacional (OMI). "Debido al limitado ámbito de aplicación de la actual propuesta de Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE), los buques pueden encontrar formas de evitar entrar en el ámbito de aplicación del RCCDE, cambiando de ruta y haciendo escala, siempre que sea posible, en puertos vecinos no pertenecientes a la UE, con el fin de minimizar los costes", ha argumentado la Organización Europea de Puertos Marítimos.

"Incluso aumentaría las emisiones"

La organización cree que, de este modo, incluso "podrían aumentarse las emisiones totales" cuando la evasión conlleve viajes más largos y considera que existe este riesgo para puertos situados en el mar del Norte, el Báltico, el Mediterráneo y el Negro.

No obstante, la secretaria general de la ESPO, Isabelle Ryckbost, defiende que sí apoyan un régimen de comercio de derechos de emisión y creen que la fijación de precios es "un instrumento excelente" en pos de la sostenibilidad.

"Sin embargo, la propuesta de la Comisión contiene demasiadas lagunas que corren el riesgo de perjudicar gravemente al negocio portuario europeo sin que se produzca ninguna ganancia en la reducción de las emisiones marítimas, al contrario. Los barcos pueden moverse, los puertos no. El que contamina no pagará, sino que se desplazará cuando sea posible, sin ninguna ganancia de emisiones. No podemos limitarnos a esperar y vigilar los daños que provocaría la propuesta actual", ha afirmado.

¿Qué propone la UE?

La Comisión Europea planteó la propuesta en julio y, en estos momentos, ya se ha cerrado el periodo de alegaciones. El próximo movimiento será la llegada de esta propuesta al Parlamento, por lo que aún no tiene fecha de adopción.

El objetivo de la medida sería que el transporte marítimo contribuya a los objetivos de la UE en materia de sostenibilidad medioambiental. Para ello, la Comisión propone ampliar el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE de forma que cubra las emisiones de CO₂ de los grandes buques.

Según explicó la Comisión, la ampliación incluirá todas las emisiones de los buques que hagan escala en un puerto de la UE para trayectos dentro de la UE y el 50% de las emisiones de los trayectos con origen o destino fuera de la UE, además de las emisiones producidas al estar los buques atracados en puertos de la UE.

"En la práctica, las compañías navieras tendrán que comprar y entregar derechos de emisión del régimen de comercio de derechos de emisión por cada tonelada de emisiones de CO₂ notificadas", según se recoge en la propuesta de la Comisión Europea.