Un foro desde el que advirtió a los países más vulnerables del euro -entre los que figura España- que tendrán que hacer frente a la prima de riesgo a través de la política fiscal en caso de que el nuevo escenario que se dibuja encarezca el coste de financiación del Estado. Es decir, el apoyo incondicional del banco central empieza a tener fecha de caducidad.

Esta más que probable revisión al alza de la inflación no será una sorpresa, dado que se produciría después de que la Comisión Europea elevara hace unas semanas la previsión para este año hasta el 3,6%.

Además, Eurostat publicó este miércoles que la inflación alcanzó en enero el 5,1% en la zona euro y la escalada de tensión en Ucrania amenaza con disparar aún más los precios de la energía en Europa que están en el origen de este descontrol del IPC. A nivel nacional, este contexto va a forzar también al Banco de España a acometer una revisión de sus previsiones para 2022 en las que incorporará una subida de la inflación, según reconoció también ayer el gobernador, Pablo Hernández de Cos.

Sin desvelar los datos, pero avanzando que los riesgos inflacionarios están "al alza", De Guindos reconoció que en 2021 se "infraestimó la evolución de la inflación". Puso como ejemplo la última revisión de los economistas de Bruselas para explicar que el horizonte temporal de la escalada de los precios está siendo "más dilatado" de lo esperado inicialmente.

La prima de riesgo

Con esas nuevas previsiones, el Consejo de Gobierno tendrá que decidir en dos semanas si acelera la retirada de los estímulos que ya ha iniciado y si traslada a los mercados pistas con un nuevo calendario para la esperada subida de los tipos de interés en la zona euro.

Esta decisión puede tener implicaciones en el acceso a los mercados financieros de las economías más endeudadas, como es el caso de la española. Sin embargo, De Guindos fue claro al señalar que el BCE ya ha hecho su parte para sostener la economía durante la pandemia.

Ahora, es el turno de la política fiscal de los Gobiernos. Es decir, España tendrá que presentar un plan de consolidación fiscal creíble para los mercados si quiere mantener bajo control la prima de riesgo que arrancó 2022 coqueteando con los 70 puntos y ya ha rebasado los 100 puntos básicos (ayer cerró en 102 puntos).

"La actuación del BCE durante la pandemia ha evitado que a una crisis sanitaria y económica brutal se superpusiera una crisis de deuda. Los costes de financiación, los spreads [primas de riesgo], han estado muy reducidos y eso ha ayudado a que la financiación de familias, empresas y gobiernos haya sido muy razonable", explicó el vicepresidente del banco central.

Después, añadió: "A partir de aquí, ¿qué va a pasar? Todos esperamos que la pandemia vaya desapareciendo. Y los países tendrán que poner en marcha políticas fiscales distintas a las de la pandemia. Planes de consolidación fiscal en los que se vaya reduciendo de una forma gradual el déficit publico porque tenemos un legado de la pandemia", afirmó.

Según los datos que aportó el exministro de Economía, los países del euro tienen un ratio de 20 puntos más de deuda frente al PIB que antes de la Covid-19 y esa media no se reparte de forma equitativa. Es conocido que España, figura entre los países que superan claramente esa media. 

Reducción de compras

En 2021, el BCE compró en los mercados de deuda la totalidad de las nuevas emisiones que hizo el Tesoro español para financiar las políticas sociales y de choque a la pandemia que fueron con cargo al déficit público.

Con el calendario de retirada de estímulos que anunció el pasado diciembre, esas compras de deuda se reducirán de forma significativa en 2022. El BCE comprará en los mercados de bonos unos 40.000 millones de euros al mes, de los que unos 4.000 millones de euros serán para deuda española. En total, unos 48.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio.

Según la estrategia que el Tesoro presentó el pasado enero, el Gobierno prevé emitir este año deuda nueva por importe de 75.000 millones de euros. Esto significa, sacar a colocar al mercado unos 6.250 millones al mes. Es decir, tendrá que colocar unos 2.250 millones de euros mensuales entre los inversores privados bonos y letras nuevas cada mes. Son 27.000 millones de euros, cuyo coste de financiación dependerá de lo que marque la prima de riesgo.

En los últimos años de políticas acomodaticias del BCE, España ha aprovechado para alargar la vida media de su deuda pública. Esto blinda al Gobierno, en parte, de las subidas inminentes de la prima de riesgo, pero plantea un reto importante a medio plazo. Además, España sigue dedicando el 1,95% de su PIB a pagar intereses de deuda. Y todos los organismos nacionales e internacionales que vigilan las cuentas públicas del país reclaman un plan de consolidación fiscal.

Además del BCE, la Comisión Europea o el FMI ya han lanzado mensajes en esa misma línea al Gobierno. Además, la AIReF lleva tiempo reclamando ese plan de reequilibrio creíble y también este miércoles recordó este mensaje. El organismo que preside Cristina Herrero advirtió que se acaba el tiempo para que Europa anuncie sus nuevas reglas fiscales y endurezca la presión sobre España en el control del déficit público.