Los trabajadores del campo, del sector del transporte o de la pesca que se han movilizado en los últimos días no están solos en sus reivindicaciones. La CEOE, el Instituto de Estudios Económicos, el Consejo General de Economistas e incluso alguno de los expertos del llamado Comité de Sabios para la reforma fiscal reclamaron este lunes al Ejecutivo medidas urgentes para paliar la situación crítica de los sectores productivos que están afectados por la crisis energética sin haberse recuperado, en muchos casos, de los daños económicos de la pandemia.

La presión -y los problemas a los que se estaba viendo sometida la industria por las protestas en el sector transporte- obligaron al Gobierno a reaccionar y poner sobre la mesa un primer paquete de ayudas. La vicepresidenta, Nadia Calviño, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, arrancaron la semana poniendo un plan sobre la mesa de los transportistas de 500 millones de euros en bonificaciones para el gasóleo. Sin embargo, los economistas y las patronales empresariales consideran que es necesario aprobar con urgencia más medidas para más sectores.

Por la mañana, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aprovechó su intervención en las X Jornadas Financieras Deusto Business School para afirmar que el Gobierno debería haber adoptado ya medidas para ayudar a los sectores más afectados por el alza de los precios de la energía.

Después, el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, concretó las decisiones que puede adoptar el Gobierno de España para ayudar a estos sectores que, según recordaron ambos, están "muy tocados" porque arrastran problemas derivados de la crisis económica que provocó la pandemia.

Como portavoz del think tank ligado a la CEOE, Izquierdo reclamó al Ejecutivo que haga uso de los 3.000 millones de euros en ayudas directas para pymes y autónomos que fueron aprobados y no se llegaron a adjudicar durante la Covid-19. Ese dinero no ejecutado serviría para paliar ahora los daños que la subida de los carburantes o la electricidad están provocando en el tejido productivo.

Ya la semana pasada, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reclamó al Ejecutivo que aprobara ayudas "focalizadas" y "granulares" para ayudar a determinados sectores en un contexto muy delicado para las finanzas públicas por la deuda heredada de la pandemia y el elevado déficit público.

Según explicó este viernes Izquierdo en un foro organizado por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y REAF, este tipo de ayudas directa permitirían "la identificación de los usuarios", al igual que otras medidas, como la devolución de impuestos soportados que ya se aplica en sectores como la pesca (para el pago del gasóleo). Esto serviría para focalizar las ayudas, como reclama el Banco de España.

Junto a estas inyecciones directas en la economía, Izquierdo considera que será necesario aprobar una reducción temporal en determinados impuestos que afectan a la actividad de sectores como la agricultura o el transporte. Además, en esta coyuntura, también señaló como necesaria la reducción de los Impuestos Especiales.

"Estamos viendo que hay impuestos indirectos que en la práctica no los soporta el consumidor, sino el productor", explicó el director del IEE.

En el mismo foro, el catedrático de Economía de la UPF y uno de los expertos que ha elaborado el Libro Blanco para la Reforma Fiscal, Guillem López Casasnovas, también reclamó al Gobierno medidas fiscales para ayudar a estos sectores.

Tras reconocer que en la actual coyuntura de inflación desbocada no es posible aplicar las subidas fiscales que proponía el llamado Comité de Sabios, López afirmó que sería necesario aprobar rebajas de impuestos temporales en el IVA para mitigar los daños económicos que está provocando el alza de las energías. Y también apuntó a otro tipo de "compensaciones que no sean con impuestos, sino con gastos". Se entiende que se refería a ayudas económicas.

Impuesto para el Ibex

No obstante, el economista marcó una excepción en estas rebajas fiscales al mostrarse de acuerdo con la tesis defendida por algunos miembros del Gobierno de coalición de que podría ser necesario crear un impuesto extraordinario sobre el beneficio de grandes empresas para impulsar los ingresos públicos en la actual coyuntura. Esto es algo que ya han puesto sobre la mesa tanto la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para empresas del Ibex 35 vinculadas con el sector de la energía.

También el presidente del CGE, Valentín Pich, se sumó a las voces que reclaman ayudas con las que hacer frente a este difícil contexto económico. En concreto, reclamó bajar ya el IVA a los hidrocarburos y el gas "al menos de forma transitoria".

Además, reclamó ayudas para los sectores que lo necesiten, pero incidió en la necesidad de agilizar su reparto y reducir la burocracia que suele retrasar y hacer menos eficientes este tipo de desembolsos vitales para muchos empresarios.

El apoyo que han recibido las movilizaciones del campo durante el fin de semana y la percepción social de que los transportistas que se movilizan lo hacen porque tienen dificultades para pagar los carburantes, aunque la patronal mayoritaria no esté detrás de los paros, obligaron este lunes al Gobierno a dar un paso al frente para buscar soluciones.

La vicepresidenta Nadia Calviño y María Jesús Montero acompañaron a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en su reunión con el sector del transporte para abordar esta crisis.

Calviño también mantuvo otro encuentro con representantes de las comunidades autónomas y con los agentes sociales en el marco del diálogo social. Recordemos que el próximo 23 de marzo, los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT- se movilzarán junto con asociaciones de consumidores, autónomos y otras plataformas para protestar contra el impacto que está teniendo la crisis energética.

Aunque la vicepresidenta ofreció 500 millones de euros en bonificaciones al transporte, lo cierto es que el Gobierno mantendrá su hoja de ruta para aprobar más medidas. Esto es, esperará a que pase el Consejo Europeo del próximo 24 y 25 de marzo antes de dar un paso contundente al frente.

Será en el Consejo de Ministros del 29 de marzo cuando el Ejecutivo anuncie una batería de medidas para ayudar a todos los sectores de la economía afectados por esta situación. 

Un calendario mucho más lento que el aplicado por otros países europeos que ya han adoptado medidas extraordinarias para paliar los efectos sobre sus empresas de la escalada de precios.

Son muchas las empresas que se impacientan por la llegada de esas ayudas. En Madrid, la Junta Directiva de la patronal CEIM difundió un duro comunicado en el que calificó de "ineficiente" la gestión del Ejecutivo ante "la situación de emergencia social y económica que viven las empresas y ciudadanos españoles". 

Los empresarios madrileños reclamaron bajadas de impuestos ya y un plan de eficiencia de gasto para que el Gobierno también se apriete el cinturón en esta crisis.