El Consejo de Ministros da luz verde al real decreto ley con las medidas para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania. Se trata de un plan que movilizará 16.000 millones y que contempla una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible o un tope del 2% a la subida del alquiler.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó el día de ayer que el plan se extenderá desde el 1 de abril hasta el 30 de junio con 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 millones más en créditos ICO.

Por otra parte, el plan también contempla aumentar un 15 % la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y extender el bono eléctrico social a otras 600.000 familias, con lo que llegará a 1,9 millones de hogares.

En materia de vivienda, las revisiones de precios de los alquileres durante los próximos tres meses tendrán un límite del 2%. Junto a ello, el Gobierno extenderá hasta el 30 de junio las medidas fiscales vinculadas a la factura de la luz. Así, el tipo del IVA seguirá en el 10% para los pequeños consumidores, el impuesto Especial a la Electricidad continuará en el mínimo del 0,5% y se prorrogará la suspensión del impuesto a la Generación Eléctrica.

En lo referente al empleo, se volverá a prohibir el despido objetivo indemnizado con 20 días por año trabajado y las empresas que acudan a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) deberán mantener el empleo.

Otra de las medidas clave de este plan es la renovación de una herramienta que ya fue determinante durante la pandemia para evitar la sangría empresarial: los créditos ICO. Concretamente, el Gobierno ha creado una nueva línea de avales para financiar a las empresas más impactadas por la actual situación de unos 10.000 millones de euros que se podrán conceder hasta el 31 de diciembre y que tendrán un periodo de carencia de doce meses.

Además, ha decidido ampliar el Código de Buenas Prácticas al que la gran mayoría de la banca se suscribió hace meses y que contempla tres vías de reestructuración de la deuda para aquellas empresas que no puedan devolver el crédito: ampliar los vencimientos, convertirlos en préstamos participativos y aplicar quitas de deuda.

Más concretamente, se rebajan los requisitos para la extensión de los vencimientos y ya no será necesario que la cifra de negocios en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a la ampliación del plazo de devolución del préstamo.

Asimismo, "se habilita un periodo de carencia de seis meses a petición de los deudores en los sectores más afectados y se establece la obligatoriedad para las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes", según ha explicado Calviño. Esto se aplica a todos los avales vivos de estos préstamos, es decir, que puede acogerse cualquier empresa que haya recibido un 'crédito ICO'.

Ayudas al transporte

Por su parte, Calviño ha anunciado los más 1.000 millones aprobados en medidas para el transporte de mercancías. En este se contempla una bonificación de 0,20 euros por litro de combustible (gasóleo, gasolina, gas y adblue) que supondrá un ahorro de 700 euros al mes por camión.

El Estado pondrá 15 céntimos, mientras que las petroleras un mínimo de 5 céntimos. Esta medida estará vigente hasta el 30 de junio y pendiente de la evolución de los mercados. Esta bonificación supondrá más de 600 millones de euros para el sector del transporte.

Además, se han pactado ayudas directas por valor de 450 millones para las empresas en función del tipo de vehículos. Estas ayudas se reparten de la siguiente manera: 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 500 euros por vehículo ligero (taxi, VTC y ambulancia). La cuantía tendrá un límite de 400.000 euros por empresa.

Asimismo, se extenderá el plazo de vencimiento de los prestamos avalados por el ICO y el de carencia para los sectores más afectados y se aprobarán ayudas por valor de 362 millones para el sector de la agricultura y ganadería, y de 68 millones para la pesca y acuicultura.

Apuesta por la ciberseguridad

Otro de los ejes del Plan de Choque de Respuesta a la Guerra está relacionado con la ciberseguridad. En él se incluyen un conjunto de iniciativas destinadas a "responder de manera adecuada al mayor riesgo geopolítico actual", según ha destacado Calviño.

La más relevante es la aprobación de un nuevo Plan de Ciberseguridad a escala nacional, que contará con un presupuesto de más de 1.200 millones de euros y que contempla más de 150 actuaciones esenciales para garantizar la ciberseguridad en todo el país.

En esta misma línea, el Consejo de Ministros también ha aprobado la constitución de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.

Asimismo, se ha aprobado también un Real Decreto de Ciberseguridad 5G, en el que el Gobierno transpone la 'caja de herramientas' acordada en el seno de la Comisión Europea (CE). El texto ha sido aprobada finalmente vía decreto, aunque podrá tramitarse luego como proyecto de ley en caso de aprobarlo el Congreso.

Plan Anual de Política de Empleo

También se ha aprobado la distribución territorial de 2.700 millones de euros para el Plan Anual de Política de Empleo 2022 (PAPE 2022), de los que 2.415.153.580 euros son con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los 383,4 millones de euros proceden de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado.

El PAPE 2022 cuenta con 729 servicios y programas distintos. De esos, 59 son comunes y 670 propios, y se articulan en torno a la orientación, la formación, las oportunidades de empleo, la igualdad de oportunidades, el emprendimiento y la mejora del Sistema Nacional de Empleo.

Las Políticas Activas de Empleo impulsadas por Trabajo tienen cinco objetivos estratégicos, con un enfoque centrado en las personas y las empresas con el refuerzo de los medios personales dedicados a labores de orientación y prospección en los Servicios públicos de empleo.

Para las labores de orientación y prospección de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, con 3.000 personas, se han destinado 83.363.580 euros.