La inflación ya ha superado la barrera psicológica de los dos dígitos en la mitad del territorio español, según se puede colegir del avance del IPC que publicó el INE este miércoles. Más de 23,3 millones de españoles viven en territorios a los que esta desorbitada subida de los precios está golpeando por encima de la media española.

La inflación se ha disparado este mes de marzo hasta alcanzar el 9,8%. Se trata de la tasa más alta desde 1985 y es un dato que ha sorprendido a los economistas y al Gobierno, puesto que se manejaba una subida al entorno del 8,4% en el tercer mes del año como consecuencia del agravamiento del encarecimiento de los precios por la guerra de Ucrania. En febrero, el IPC cerró con un avance interanual del 7,6%.

Aplicando esa subida a los últimos datos oficiales de inflación por comunidades autónomas se puede afirmar que al menos ocho comunidades autónomas, más la Ciudad Autónoma de Melilla, habrían sobrepasado el umbral del 10% tan temido por el Ejecutivo y por los bancos centrales. Pero es muy posible que el dato sea mayor.

Serían Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Galicia.

Son autonomías con más exposición a la ganadería, la agricultura y la pesca. Estos tres sectores se están viendo más dañados por el encarecimiento de los precios y, de hecho, han recibido una atención especial en el plan de choque que presentó el Gobierno este martes para tratar de paliar los efectos de la inflación.

Junto a ellas, es posible que el País Vasco, Asturias y Cataluña también estén muy cerca de tener la inflación en el 10% o incluso por encima. Son tres regiones muy dependientes de la industria, que está sufriendo las consecuencias de la subida del precio de la energía de forma contundente.

En el lado opuesto de la tabla se sitúan Madrid y las islas Canarias, con una inflación por debajo de la media, según los últimos datos oficiales de febrero. 

Fuentes del Gobierno consultadas por EL ESPAÑOL admiten la preocupación por el dato de marzo, y temen que pueda mantenerse la gravedad también en gran parte del mes de abril. Según explican, las medidas del llamado Plan de choque contra el impacto económico y social de la guerra buscan sobre todo paliar los efectos del conflicto y de la inflación en los ciudadanos.

Plan de efecto limitado

Ese plan tiene un efecto limitado en la inflación porque tardará en mostrar sus efectos y porque, según admite el Ejecutivo, el arma principal para frenar el ascenso de la inflación es la posibilidad de poner topes en el precio del gas y, por tanto, en el del resto de la energía. Lo que se llama desacoplar el gas en el mercado mayorista de la energía, para permitir un descenso notable de su precio para los consumidores.

La propia vicepresidenta Nadia Calviño ha admitido este miércoles en el Congreso que el 73% del incremento de precios responde al encarecimiento de la energía y las materias primas. Y un estudio de Funcas señala que el plan de choque aprobado el martes sólo bajará un 1% la inflación.

Además, contener ese punto la inflación va a tener un impacto presupuestario en el déficit, agravando el problema de la sostenibilidad de las finanzas públicas que padece España.

"La cesta de la compra tiene composiciones distintas por comunidades autónomas. En aquellas comunidades en las que la alimentación y la energía pesa más, el IPC es más alto", explica el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres.

Será en estas regiones en las que las medidas del Gobierno anunciadas este martes tengan un impacto más positivo para contener la inflación, añade Torres al ser preguntado por este periódico. De acuerdo con las estimaciones de Funcas, la inflación va a cerrar en una media para el conjunto del año del 7%.

Impacto de la guerra

El escenario es preocupante, pues ya son 15 los meses consecutivos de subidas del IPC. La invasión de Ucrania se inició el 24 de febrero y en la corrección que hizo el INE sobre la evolución de los precios en ese mes ya se pudo comprobar que su impacto en la tasa de inflación estaba siendo muy importante.

Después, los problemas de la cadena de suministros por las movilizaciones de los camioneros han empeorado esa situación.

No obstante, es importante puntualizar que la inflación subyacente (que no incorpora esos elementos) también ha subido hasta el 3,4%, su nivel más alto desde septiembre de 2008, el mes de la caída de Lehman Brothers.

Esto confirma que los llamados efectos de segunda ronda, que se producen cuando la inflación se extiende a todos los ámbitos de la economía, se estarían produciendo ya.

¿Estanflación?

En este contexto, es pertinente preguntarse si se llegará al temido escenario de la estanflación (estancamiento económico, con aumento del paro y de la inflación).

Funcas descarta que técnicamente se vaya a llegar a ese punto. Pero sus previsiones económicas son pesimistas. De hecho, de aquí a final de año consideran que el PIB avanzará tan solo el 1,1% y en el conjunto del ejercicio el PIB crecerá un 4,2%. Funcas considera que es posible que en algún trimestre se roce el estancamiento total, pero sin registrar tasas negativas.

Así, España despedirá este año con una pérdida de poder adquisitivo que en su conjunto alcanza los 16.900 millones de euros y con un PIB dos puntos y medio inferior al que tenía en 2019, antes de la pandemia.

Es el escenario de "empobrecimiento" del que está alertando el Banco de España, un organismo que ha empeorado sus previsiones de inflación para señalar que la estabilidad de los precios en el 2% tardará dos años en lograrse. Es decir, quedan 24 meses de subidas de los precios que se irán acumulando. Esto encarecerá el gasto público y reducirá los salarios en términos reales, ya que se espera que las subidas salariales cierren en 2022 muy por debajo de la inflación, con cifras que ronden entre el 2% y el 2,5%.

Preocupación en Moncloa

El presidente del Gobierno comparecía en el Congreso este miércoles para hablar de la cumbre europea, de Ucrania y también del giro sobre de la política exterior en el Sáhara, pero la enormidad del dato de inflación en el 9,8% en el mes de marzo marcó el discurso de Pedro Sánchez ante la Cámara y el posterior debate. "Está en peligro el bienestar de los ciudadanos", señaló Sánchez en la tribuna.

Para lo que el presidente del Gobierno ha caracterizado como "doblegar la curva de la inflación", es fundamental -según la tesis oficial- poner en marcha el acuerdo de la cumbre europea para poner tope al precio del gas en España y en Portugal.

Fuentes del Gobierno explican que intentan agilizar en lo posible esa medida. La previsión inicial era un plazo de tres semanas, lo que supondría perder prácticamente todo el mes de abril a efectos de controlar la inflación.

Por eso, Moncloa intenta reducir los plazos. Primero es necesario elaborar un plan, fase en la que trabajan ahora varios ministerios con la idea de cerrarlo esta misma semana. A continuación debe haber un acuerdo con el Gobierno de Portugal, con el que ya hay contactos avanzados. Y, posteriormente, debe ser la Comisión Europea la que dé el visto bueno al plan, como paso previo a que el Consejo de Ministros apruebe la nueva normativa.

El grupo de partidos que votaron la investidura de Sánchez ya han anticipado su apoyo al decreto de medidas económicas del Gobierno cuando vaya a ser convalidado antes de un mes. El PP critica las medidas económicas, entre otras cosas, porque exige una rebaja de impuestos.

El PP argumenta que más que la "unidad" que proclama, Sánchez busca apoyo ciego, puesto que las medidas ya están en el BOE y no han sido negociadas. Hubo una reunión sin papeles y una conversación telefónica informativa, pero no negociación.

En el Gobierno aseguran que, por el momento, el duro discurso de Cuca Gamarra durante el debate de este miércoles no augura un cambio de posición de los populares. No obstante, creen muy probable que no vote en contra. Fuentes populares se remiten a lo que decida Alberto Núñez Feijóo a partir de la próxima semana.

Moncloa explica que cuando Feijóo sea formalmente presidente del PP y líder de la oposición, Sánchez le convocará a una reunión en la que le insistirá en el apoyo a las medidas económicas, y también le planteará otros acuerdos, como el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.