El alza de la inflación ya es un hecho que afecta a todo el mundo y así lo demuestra la tasa de inflación interanual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que alcanzó el pasado mes de febrero el 7,7%, lo que supone la mayor subida de los precios entre las economías avanzadas desde diciembre de 1990, según ha informado la organización.
De esta forma, Turquía lidera la subida de los países miembros, su tasa se aceleró en febrero al 54,4% desde el 48,7% de enero. Sin tener en cuenta al país otomano, la tasa de inflación del resto de la OCDE sería del 6,3%, frente al 5,8% de enero.
"Si bien la energía siguió impulsando la inflación en la mayoría de los países de la OCDE, la inflación de los precios de los alimentos también mostró un aumento notable", ha destacado el think tank de las economías más avanzadas.
En concreto, el precio de los alimentos aumentó un 8,6% interanual en febrero, frente al 7,5% del mes anterior, mientras que la energía se encareció un 26,6%, frente al 26,2% de enero.
Por su parte, la tasa de inflación subyacente que excluye del cálculo los alimentos y la energía, fue del 5,5%, cuatro décimas más que en enero de 2022.
Entre los países de la OCDE, las mayores tasas de inflación interanual en febrero se registraron seguidos de Turquía, en Lituania (14,2%) y de Estonia (12%), mientras que las subidas de precios más moderadas se observaron en Japón (0,9%), Suiza (2,2%) y Australia e Israel (ambos 3,5%).
Subir impuestos a las eléctricas
De hecho, debido al papel que juega el precio de la energía en el alza de la inflación. Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, apuesta por incrementar los impuestos a las grandes eléctricas y que lo recaudado se derive a los colectivos vulnerables más afectados.
Para Cormann, el conflicto en Ucrania ha dado lugar a un "incremento bastante grande de los beneficios de las empresas eléctricas". Calcula que estas compañías están ingresando entre 200 y 1.000 millones de euros.
En este sentido, avaló "un incremento de los impuestos a las empresas eléctricas y lo que se obtenga debería canalizarse a los consumidores. Italia y Rumanía ya han tomado esta medida. Está más que justificada. Puede ayudar a reducir la factura de los consumidores y medidas para amortiguar el impacto en los más vulnerables".