En el verano de 2020, cuando el Gobierno negoció los fondos europeos en Bruselas, nadie pensó que la inflación llegaría a alcanzar el 9,8% en España. Si la media anual del IPC este año ronda el 7%, se podría afirmar que la inflación se habrá 'comido' 5.000 millones de los 70.000 millones de euros en fondos europeos solicitados por el Gobierno en el Plan de Recuperación.
El impacto que la escalada de los precios va a tener en el programa de Next Generation EU (NGEU) es uno de los elementos que ha puesto sobre la mesa el PP para urgir al Gobierno a alcanzar un pacto con el que agilizar el reparto de unas ayudas que requieren de la cooperación del Estado central con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Su punto de partida para la negociación es 'copiar' el sistema de incentivos fiscales utilizado por siete países europeos para hacer llegar de forma más rápida a la economía las ayudas de NGEU.
Hay que tener en cuenta que la inflación que se va registrando mes a mes se acumula y esto hace que el poder adquisitivo de esas ayudas sea cada vez menor, con lo que retrasar su reparto supone perder una oportunidad de oro para impulsar la recuperación económica.
Frente a la estrategia beligerante de la época de Pablo Casado, el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere tender la mano al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para acelerar el reparto de estas ayudas e impulsar, así, la recuperación económica, que se ha visto dañada por la guerra de Ucrania y la elevada inflación.
En la carta que el líder gallego dirigió al presidente este viernes mostró un tono constructivo, prometió lealtad y expresó su deseo de que Gobierno y oposición trabajen "juntos".
"Feijóo quiere llegar a acuerdos. Todo lo que sean reformas buenas para el país tiene que volar", afirmó horas antes del envío de esa misiva en un briefing con periodistas el nuevo vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.
En el documento enviado desde Génova a la Moncloa para reclamar que se devuelvan a los ciudadanos hasta cerca de 15.000 millones de euros hay cuatro pilares y uno de ellos está dedicado a los fondos europeos.
Feijóo ha propuesto a Sánchez probar a repartir un 7% de esas ayudas -4.900 millones de euros- en forma de incentivos fiscales. Para elaborar su propuesta, el principal partido de la oposición ha utilizado datos de siete países que han optado por este modelo para agilizar la llegada de estas ayudas a la economía real. Se trata de Portugal, Grecia, Italia, Austria, Francia, Dinamarca y Suecia.
Siete ejemplos
Italia ha habilitado créditos fiscales para apoyar al sector turístico, Austria ha optado por dar un trato fiscal preferente a las tecnologías respetuosas con el clima y Grecia los ha utilizado para distintas iniciativas, entre otras, para que las pymes se transformen invirtiendo, por ejemplo, en publicidad digital o herramientas de teletrabajo.
Por su parte, Portugal ha decidido aplicar deducciones fiscales al IVA en el transporte público, Dinamarca ha repartido fondos con deducciones fiscales para la adopción de tecnología, amortizaciones aceleradas para las empresas que inviertan en determinados asuntos y mejoras a la deducción de los gastos en I+D del sector privado. También Suecia ha recurrido a la ingeniería fiscal para el reparto de fondos suprimiendo los ingresos de las plusvalías diferidas en las transacciones inmobiliarias porque quiere facilitar la movilidad de la vivienda y la mano de obra.
Por último, Francia es un caso conocido, puesto que el país concedió créditos fiscales a través del impuesto sobre la renta o el impuesto de sociedades para invertir en rehabilitaciones que mejoren la eficiencia energética.
Copiar la idea en España
El PP propone imitar estos sistemas de incentivos fiscales y créditos monetizables para agilizar la llegada del dinero a la economía real. De este modo, los ciudadanos disfrutarían de las ayudas mediante el IRPF y las empresas por el impuesto de sociedades.
"Donde antes teníamos 70.000 millones de euros para gastar, con la inflación tenemos 5.000 millones menos. Tenemos la necesidad de ejecutar. Son recursos que no están siendo eficientes", denunció Bravo.
De acuerdo con sus cálculos a estas cifras hay que sumar el coste que tiene para las arcas públicas tener ese dinero guardado en el BCE. "Por cada 10.000 millones de euros, pagar un 0,5% son 50 millones de euros menos que llegan a la economía española", puso como ejemplo.
"Los fondos europeos no están siendo lo suficientemente ágiles. No es una crítica. Calviño anunció que los efectos palpables de Next Generation EU se van a ver en 2023. Esto es perder oportunidades. Si el plan es bueno porque es transformación digital, eficiencia energética, grandes proyectos tractores, no tiene sentido esperar", concluyó el nuevo vicesecretario de Economía y también consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía.
Noticias relacionadas
O gestiona tu suscripción con Google
¿Qué incluye tu suscripción?
- +Acceso limitado a todo el contenido
- +Navega sin publicidad intrusiva
- +La Primera del Domingo
- +Newsletters informativas
- +Revistas Spain media
- +Zona Ñ
- +La Edición
- +Eventos