Ante la escalada de la inflación que se viene produciendo desde hace más de un año, Fedea y BBVA Research son algunos de los organismos que habían propuesto al ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, utilizar la inflación subyacente, en lugar de la general -que está ligada a la subida de la energía y alcanzó el 9,8% en marzo- para la revalorización de las pensiones este año.

Era una alternativa que encajaba en la petición del Banco de España de que los pensionistas asumieran una parte del daño de la inflación que padece este país dentro de un gran pacto de rentas.

El problema es que la subida de los precios está dando muestras de ser generalizada en la economía. Así, revalorizar las pensiones conforme al IPC subyacente ya costaría más de 7.800 millones de euros, según cálculos de este periódico.

Sigue siendo un gasto inferior a los más de 11.900 millones que costaría indexar las nóminas de los pensionistas al IPC general prometido en la ley. Pero, es cada vez más cercana a esta cifra, que ha encendido las alarmas en Bruselas.

"El dato del INE hay que tomarlo con cautela porque es un avance. Pero lo más preocupante es la evolución de la inflación subyacente, que muestra la tendencia de los precios a medio y largo plazo y es la que más cuesta bajar", explica a este periódico el profesor del MBA de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Ernesto Campos Campillo.

El Banco de España ultima una rebaja de sus previsiones económicas en la que también recortará la previsión de inflación general para 2022 -ahora en el 7,5%- si finalmente Bruselas da luz verde esta semana al 'tope del gas' en España y Portugal. 

Sin embargo, en el entorno del organismo se reconoce que no está claro que vaya a ser posible revisar a la baja también la inflación subyacente.

Cuando se ponga en marcha la llamada 'excepción ibérica', restará entre un punto entero a la inflación (en el escenario más optimista) y 0,2 puntos porcentuales (en otro más pesimista dibujado por BBVA Research) a partir de junio. Así, su impacto en la media anual con la que se calcula el dato para indexar las pensiones será limitado.

El problema es que "la inflación subyacente se mueve con un decalaje de al menos dos o tres meses" y tampoco va a dar un respiro a corto plazo, afirma Campos Campillo. La razón es que igual que las empresas han tardado en trasladar las subidas de las materias primas y la energía al consumidor, ahora tardarán en hacer llegar a los precios esa potencial bajada. 

Es decir, que puede seguir con estas subidas hasta la vuelta del verano, con lo que todo indica que su rebaja llegará tarde para aliviar de forma significativa la media anual que se utiliza como referencia para la actualización de las pensiones.

Funcas, que revisó en abril sus previsiones, tras conocer el plan de choque del Gobierno y el 'tope del gas', espera que la media anual de la inflación general sea del 7%. Y en el caso de la subyacente, un 4,6%.

Tomando como referencia este dato y teniendo en cuenta que se estima que por cada punto de inflación, el gasto de revalorizar las pensiones conforme al IPC sube 1.700 millones de euros, el coste que tendría la actualización del poder adquisitivo de los pensionistas superaría los 7.800 millones anuales antes señalados a partir de 2023. Incluso con este esfuerzo el Gobierno incumpliría su compromiso de revalorizar las pensiones con el IPC general.

Gasto estructural

Hay que tener en cuenta que estas subidas se consolidan como gasto público estructural. De momento, se calcula que ligar las pensiones al IPC general medio de 2022 -como está previsto- tendrá un coste de 11.900 millones de euros al año.

El ahorro entre utilizar el IPC general y el subyacente alcanza los 4.100 millones. En el acumulado de 10 años, son más de 41.000 millones de euros. Son cifras que el Ejecutivo se dispone a cubrir con más impuestos, como publicó este periódico este lunes.

El IPC en el 8,7%

El INE avanzó ayer que el IPC volvió a subir en mayo, hasta el 8,7%. Son cuatro décimas más que el mes anterior. A la espera de que publique el dato definitivo y con él, los detalles de la subida de precios, el organismo estadístico aclaró que este incremento está provocado por el encarecimiento de los carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Este segundo componente de la cesta de la compra tiene su reflejo en la inflación subyacente, que deja fuera la energía y los alimentos más volátiles, que serían las dos partidas más afectadas por el impacto de la guerra de Ucrania.

Precisamente por este motivo, el IPC subyacente es el que se utiliza como referencia para ver si una tendencia de los precios es transitoria o temporal. Así, es un buen indicador para medir hasta qué punto las subidas de los precios empiezan a provocar efectos de segunda ronda o una espiral inflacionista, que es el escenario más temido por el Ejecutivo.

Para evitarlo, el Banco de España había reclamado un 'pacto de rentas' en el que todos los agentes asumieran pérdidas de poder adquisitivo. "Todos" incluía a pensionistas y empresas (a través de sus márgenes). 

Los datos del INE muestran cómo el tejido empresarial ya ha asumido pérdidas al retrasar el traslado de las subidas de costes a la economía. Mientras, los trabajadores del sector privado se han resignado a perder poder adquisitivo este año, puesto que el crecimiento salarial pactado en convenio colectivo hasta abril fue del 2,4%.

La gran incógnita es saber qué pasará con el sueldo de los funcionarios y los pensionistas, una decisión que el Gobierno tomará en el cuarto trimestre del año, en la recta final de la legislatura.

Plan de choque

Ante la derivada de los precios, la ministra de Industria, Reyes Maroto, confirmó este lunes que el Gobierno extenderá las medidas del plan de respuesta a la guerra de Ucrania para frenar la inflación.

Entre esas medidas, se incluye la rebaja del IVA de la electricidad del 21 al 10% o la congelación del impuesto de la electricidad. También, la subvención a los carburantes vigente hasta el 30 de junio, pero en este caso, no está del todo claro que se vaya a prolongar tal como fue diseñada en marzo o de manera más focalizada en colectivos que están más afectados por el precio de las gasolinas y el diésel.

No obstante, la medida más importante de ese paquete era el 'tope al precio del gas', que sigue pendiente de la aprobación definitiva por Bruselas, algo que el Gobierno español confía en que se produzca ya esta semana, lo que debería permitir aliviar la inflación general en junio.