La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes que es "de justicia" que las grandes eléctricas "paguen una mayor parte" en impuestos porque han tenido más beneficios. De hecho, ha abogado por implementar este recargo tributario al inicio del próximo ejercicio fiscal, que arranca el 1 de enero.

Montero se ha mostrado de acuerdo con el "contenido y objetivo" de este recargo tributario. Eso sí, ha discrepado con los detalles de la propuesta de la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, de fijar un recargo de diez puntos sobre el impuesto de sociedades -que tiene un tipo del 25 % salvo para banca y petroleras, que es del 30 %-.

Hacienda trabaja para que este recargo se aplique sobre "un rendimiento real" porque "a veces el vehículo del impuesto de sociedades no es el que aporta el mayor rendimiento". Sin embargo, no ha detallado a través de qué figura tributaria se implementaría.

Tipo de normativa

Tampoco ha aclarado qué tipo de normativa se utilizaría para aprobar la medida, porque "la fiscalidad no siempre se puede regular a través de un decreto ley o del proyecto de presupuestos" -un impuesto nuevo requiere un proyecto de ley-, algo que dependerá del "vehículo" que se elija finalmente.

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En cualquier caso, ha insistido en una entrevista en TVE en que lo más importante es que se pueda aplicar "al inicio del ejercicio fiscal" y que se realice "de forma que realmente permita una aportación efectiva".

Cuestionada por el resto de medidas que volvió a reclamar ayer Díaz -como la rebaja del 50 % del abono transporte o un cheque de 300 euros para familias vulnerables- Montero ha incidido en que sigue abierto el diálogo dentro del Gobierno de coalición y que "no se descarta" nada.

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Están buscando las medidas que sean "más rápidas y eficaces" y que, además de a los más vulnerables, protejan a la clase media.

Por otra parte, sobre las criptomonedas, y la nueva declaración anual que deberán presentar sus titulares, Montero ha subrayado la necesidad de regular este producto financiero para evitar que no haya "fraudes" ni "efectos indeseables" en la economía.