Un escenario que ha encendido las alarmas en la CEOE y en los despachos de varias multinacionales, donde la preocupación ha ido en aumento desde el pasado lunes, cuando se puso en marcha la maquinaria para acelerar una subida de impuestos al sector energético que sirva como guiño a ese electorado de izquierdas que no está conforme con la gestión de la coalición.

Esa preocupación se dejó notar en la Asamblea General de la patronal que se celebró este miércoles en Madrid. El líder de los empresarios, Antonio Garamendi, advirtió del peligro de "una subida indiscriminada de impuestos" en un momento como el actual en el que la situación económica es delicada, según su diagnóstico.

Garamendi celebró la bajada del IVA de la luz del 10 al 5% por demostrar que "se pueden bajar los impuestos para que la economía funcione mejor". Pero, al mismo tiempo, se mostró muy beligerante con el plan del Gobierno de penalizar al sector energético con más cargas fiscales. Además, no ocultó su temor a que esa estrategia de crear "impuestos a la carta" se extienda a otros sectores.

"Cuidado que un sector pague y otro no pague", advirtió el presidente de la CEOE a los asistentes a la Asamblea General, a los que pidió unidad contra las subidas fiscales, aunque se concentren en un primer momento en el sector energético.

Como contó este periódico, tras la debacle electoral, Pedro Sánchez se dispone a reabrir el melón de la reforma fiscal con subidas de impuestos que van más allá de las que se perfilan para el sector de la energía.

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Para tratar de explicar a la opinión pública que no es momento de subir los impuestos, Garamendi aportó algunas cifras que ilustran cómo la situación de las empresas españolas no es tan boyante como la recaudación del Estado.

Según recordó, entre 2020 y 2021, el resultado de las empresas españolas en su conjunto fue negativo, con -100.000 millones de euros de beneficios. Esas dificultades no se han terminado de superar y en el primer trimestre de 2022, la cifra era todavía de -6.000 millones de euros. 

Incertidumbre

La preocupación de Garamendi es compartida, en privado, por otros representantes del mundo empresarial y por ejecutivos de multinacionales asentadas en España.

Fuentes empresariales lamentan la incertidumbre que está generando el Gobierno con sus anuncios de una subida de impuestos aún sin concretar y recuerdan las consecuencias que esta forma de hacer política está teniendo sobre la cotización en Bolsa de empresas, como las eléctricas. 

Según advierten, España necesita inversión exterior para apuntalar su recuperación económica y el entorno político actual no es favorable.

En este contexto, la lectura que se ha hecho en entornos empresariales de la victoria de Juanma Moreno ha sido muy positiva, puesto que se considera el primer paso para que un Gobierno moderado y capaz de diseñar una política económica prudente tome las riendas del país en 2023.

Sin embargo, ese análisis se completa con la preocupación que tienen porque hasta entonces queda mucho camino por recorrer. Además, se teme que las subidas de impuestos que apruebe la coalición de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en estos meses no se reviertan en el futuro. La razón es que el próximo Gobierno tendrá que acometer un ajuste fiscal con el que corregir el déficit público y reducir la deuda pública.

De ahí que en el mundo empresarial se esté mirando ya a Bruselas. La esperanza es que, antes de fin de año, la Comisión Europea ponga orden en el Gobierno y establezca un coto al gasto público. Este se puede desbocar si el Ejecutivo cumple con su promesa de subir las pensiones con el IPC este año y, además, sube en la misma proporción el sueldo de los funcionarios.

Déficit y deuda

Garamendi recordó que el déficit público está en el 7% y la deuda pública por encima del 117%, cifras que no considera "aceptables".

"Nos preocupa muchísimo las medidas que se tomen en las finanzas públicas en el corto y medio plazo", advirtió el presidente de la CEOE, antes de señalar que "las deudas hay que pagarlas. Parece que en este país algunos piensan que no".

En ese sentido, las empresas españolas coinciden con el diagnóstico del Banco de España y de la AIReF que llevan tiempo reclamando un plan de consolidación fiscal que ponga un horizonte a la vuelta de la disciplina para dar credibilidad a los inversores.