De este modo, quería pedir unidad empresarial para el tiempo que queda en el poder a este Gobierno. Y advertía a todas las organizaciones empresariales allí presentes que el nuevo tributo sobre el sector energético puede ser solo el inicio de una carrera por aumentar la presión fiscal sobre las empresas para financiar las medidas sociales que los empresarios esperan que se vayan aprobando de aquí a que termine la legislatura.

Esos temores tomaron forma este sábado cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas que tendrá carácter retroactivo en 2022.

A la espera de que el nuevo tributo se concrete, el sector energético está a la espera de conocer los detalles y ver si es solo para las eléctricas o también incorpora a las empresas del gas y los hidrocarburos. En todo caso, las empresas que están afectadas advierten que cuando se conozca la letra pequeña estarán preparadas para analizar si emprenden una batalla legal con la que defender sus intereses y los de sus accionistas.

Otros sectores como la banca respiran aliviados sin olvidar que ya en el arranque de la legislatura ellos estuvieron bajo una amenaza similar. Así, prefieren mantener un perfil bajo para no volver a sufrir una coyuntura similar que afectó a su reputación.

Así, entre las empresas españolas no hay tranquilidad, ya que son muchas las medidas a financiar y el empeoramiento de la estabilidad financiera en la zona euro hace temer que el Gobierno acabe anunciando nuevos impuestos para sufragar las medidas que vaya aprobando de aquí al final de la legislatura.

Los empresarios no olvidan la estrategia de los 'viernes sociales' con la que Pedro Sánchez agotó la última legislatura. Los efectos de la inflación sobre el bolsillo de los electores junto con la debacle electoral en Andalucía son dos elementos que invitan a pensar en que el presidente del Gobierno sacará toda la artillería que le quede para no ser desalojado de La Moncloa en las próximas elecciones generales.

La mayor preocupación es, en este momento, que la situación económica no acompaña y que los efectos positivos que ha tenido sobre la recaudación la inflación pueden agotarse.

En el mundo de la empresa se reconoce que medidas como la subvención a los carburantes han tenido algún efecto en contener la inflación. Pero también hay inquietud por ver cómo otras medidas, como el tope al gas, no están teniendo los efectos deseados. 

Sobre otras propuestas sociales del presidente del Gobierno -como la subida de las pensiones no contributivas-, también se plantean interrogantes porque van en contra de frenar la inflación, aunque se entiende que en la situación actual es necesario articular medidas para proteger a quienes lo están pasando peor.

Ideología

Hay empresas que en privado lamentan que el Gobierno esté abordando los problemas de la inflación desde la ideología en lugar de adoptar medidas, como los cambios en el mercado regulado, para evitar que los consumidores se vean afectados por la volatilidad diaria del mercado eléctrico.

Aunque desde la CEOE no se quiso hacer una valoración oficial este sábado sobre las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario, fuentes empresariales aseguran que la gran esperanza es que Bruselas o el Banco Central Europeo (BCE) entren en escena para pedir un control de las cuentas públicas.

En el caso del BCE, se podría aprovechar el futuro mecanismo para contener las primas de riesgo para pedir algo de austeridad al Gobierno español. Mientras, la Comisión Europea está haciendo una constante evaluación de la situación de la economía española para los desembolsos de los fondos europeos y en este marco, podría pedir control de las cuentas públicas como ya ha comenzado a poner sobre la mesa el Ecofin en su reunión de esta semana.

Precisamente, en la Asamblea General del pasado miércoles Garamendi recordó la delicada situación de las finanzas públicas españolas. Y mostró su preocupación por el hecho de que no esté en el discurso político controlar el déficit (que debería volver a buscar situarse en el 3%) y la deuda pública (que está en el 117% cuando el Pacto de Estabilidad establece su tope en el 60%).

El paquete de medidas que anunció Sánchez este sábado alcanza los 9.000 millones de euros que sumados a los 6.000 millones del paquete anterior contra la inflación hacen un total de 15.000 millones de euros más de gasto público este año.

[Todas las medidas aprobadas por el Gobierno para limitar la inflación]

Es una cuantía que se sumaría a otros 13.000 millones de euros que se calcula que costará revalorizar las pensiones. Y los empresarios temen que haya que sumar también otra cifra de esa magnitud si se incorpora una subida salarial para los funcionarios, como ya se está pidiendo por parte de los representantes sindicales de los empleados públicos. 

Beneficios empresariales

En este contexto, Garamendi recordó el miércoles que la situación de las empresas es delicada en este momento. No solo por el impacto en sus costes de la inflación. También porque no se han recuperado del shock de la pandemia.

Según las cifras que ofreció, entre 2020 y 2021, el resultado de las empresas españolas en su conjunto fue negativo, con -100.000 millones de euros de beneficios. Esas dificultades no se han terminado de superar y en el primer trimestre de 2022, la cifra era todavía de -6.000 millones de euros. 

Los datos que el viernes confirmó el INE mostrando un estancamiento económico explican los temores de las empresas. Frente al 4,3% que el Gobierno prevé crecer este año, el IEE (Instituto de Estudios Económicos) prevé un crecimiento de solo el 3,9%.

Hay consultores empresariales que advierten que este año podría cerrarse con un incremento del PIB de solo el 2,5% si la situación no mejora.

Fondos europeos

En esta coyuntura económica, hay fuentes empresariales que auguran que el distanciamiento entre el Ibex 35 y el presidente del Gobierno que ya se ha dejado notar en algunos de los actos más recientes no tiene solución.

Y advierten que esto es un problema para el Gobierno, ya que necesita el apoyo de las empresas no solo para crear empleo, también para sumar esfuerzos con las inversiones de los fondos europeos.

Recuerdan que si el Ejecutivo no logra movilizar inversión privada junto con el dinero público, el paquete de ayudas europeos será un fracaso. La inversión será así un arma que las empresas utilizarán para tratar de convencer al Gobierno de que frene el gasto público y no suba los impuestos de forma indiscriminada.