España ya tiene una nueva Ley Concursal. Una norma que entrará en vigor el próximo 26 de septiembre y que no solo ayudará a las empresas en apuros a agilizar la búsqueda de soluciones para evitar la liquidación, sino que también dará más poder a los acreedores para reducir el impacto en su bolsillo de las reestructuraciones o las quiebras.

Este segundo punto es una de las claves de la ley, puesto que los expertos esperan que abrirá la puerta a que las empresas españolas puedan buscar vías de financiación fuera de la banca en momentos de dificultades. Algo que hasta ahora era muy complicado por el trato que se daba a los acreedores en los concursos.

La nueva norma "va a situar a España a un nivel parecido a otros países, como Holanda, que traspuso la directiva europea antes que nosotros, casi equiparando su legislación a la de Reino Unido", explica a este periódico el economista Guillermo Prada, socio del despacho especializado en crisis empresariales Prada Gayoso.

"Esa financiación interina tiene una protección especial y será bueno para España porque abre el crédito a nuevos actores más allá de los bancos. Esto es muy positivo para las empresas", añade. 

En este contexto, la nueva legislación en la que se transpone una directiva europea será un aliciente para que gestores de fondos internacionales que están especializados en invertir en compañías con situaciones especiales o estresadas incorporen a España en el listado de países que ofrecen garantías en caso del peor desenlace.

Aunque la Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal se publicó el pasado martes en el BOE y entrará en vigor el próximo 26 de septiembre, el Gobierno tiene pendiente ahora aprobar varios reglamentos para completarla.

Uno fundamental afecta a las microempresas, que debería estar disponible el próximo 1 de enero de 2023.

Anticiparse dos años

Entre las claves de esta nueva norma, destaca el incentivo a que las empresas se anticipen a los problemas, ya que se endurecen las condiciones de los concursos de acreedores.

Uno de los motivos es que en todo concurso se abrirá una fase de calificación, en la que se juzgará si el empresario o el directivo es culpable de haber llevado a la empresa al estado de falta de liquidez. Incluso se da poder a los acreedores a solicitar esa fase.

El objetivo es que los responsables de la empresa se anticipen así a los problemas, ya que se puede recurrir a un procedimiento de insolvencia con una antelación de hasta dos años frente al momento en el que prevean que no van a poder cumplir con sus obligaciones de pago.

Fuente: Prada Gayoso

"A mayor anticipación, mejor es la perspectiva de reestructuración y menor riesgo de que los socios pierdan el control de la empresa", explican desde Prada Gayoso.

Además, se dotará de mayor flexibilidad para que las empresas puedan afrontar distintas situaciones y se sacarán de los juzgados procedimientos que colapsaban la Justicia y complicaban la gestión de las empresas por la dilatación de los tiempos.

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Ahora, señalan los expertos, es importante dar publicidad entre las empresas medianas y las micropymes el contenido de la nueva norma para que conozcan todas las herramientas que tienen a su disposición en caso de prever una situación de apuros.

Flecos pendientes

La nueva norma ha sido bien acogida por el mundo empresarial y jurídico. Sin embargo, desde algunos ámbitos se han vertido críticas tanto por el hecho de que Hacienda no haga un mayor esfuerzo asumiendo pérdidas en reestructuraciones que pueden permitir a las empresas tener un futuro -en el que pagarían más impuestos-.

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También hay expertos empresariales que se han mostrado escépticos por el hecho de que procuradores, abogados y administradores concursales sigan teniendo un papel tan protagonista en procesos que afectan a empresas muy pequeñas.

De hecho, se podría haber aprovechado alguna de las partidas disponibles en los fondos europeos para digitalizar los procedimientos reduciendo costes para la pequeña empresa al prescindir de intermediarios.