Entre las cifras que Hacienda ha incorporado en esta introducción a los PGE, destaca el cálculo de que los hogares españoles disfrutarán de una "renta indirecta de 6.932 euros" gracias a los servicios públicos en 2023. Un dato que compara con el de 2018, año de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

Según los cálculos del Ejecutivo, la renta indirecta disponible de los hogares españoles gracias a los servicios públicos va a crecer en 1.037 euros en estos cinco años, esto es, un 15% más que cuando Mariano Rajoy abandonó el poder.

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Con los datos referentes a 2023, el proyecto de Presupuestos afirma que "en concreto, el uso de la sanidad aumenta la renta del hogar en 3.861 euros, mientras que incorporar la educación la incrementa otros 2.490 euros más". A esto, añade otras cifras como dependencia -que suponen elevar la renta disponible en 580 euros más-.

"Estas cantidades implican que, en 2023, para un hogar medio en España, el uso de estos servicios públicos supondrá un aumento de renta disponible de 6.932 euros, es decir, un 21% más respecto a la renta disponible si no se consideraran el uso de estos servicios", señala el libro amarillo.

Hacienda afirma que en el caso de un hogar con una persona, la renta indirecta sería de 2.755 euros; en el de un adulto con uno o más niños, de 8.627 euros; y en los de dos adultos con uno o más niños, subiría hasta los 10.837 euros. 

Expertos en fiscalidad consultados por este periódico señalan como llamativo que se incorporen estas cifras en el proyecto de Presupuestos. Primero, porque lo habitual en el libro amarillo ha sido siempre contraponer año a año los números -y no legislatura y media, como en este caso-. Pero también porque entre las cifras que destaca, las más importantes -Sanidad y Educación- son competencia autonómica y no estatal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Toja.

A esto se suma la dificultad de hacer estos cálculos con rigor, dado que no todos los hogares españoles utilizan los servicios públicos en la misma proporción.

Como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el discurso que pronunció el pasado fin de semana en el Foro de la Toja, el modelo de Estado de bienestar va a formar parte central del discurso político que queda de aquí a final de la legislatura.

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El proyecto de Presupuestos no obvia este debate y defiende la "relevancia de determinados tipos de gasto de carácter social" como Educación, Sanidad, Dependencia o Pensiones.

"El sector público desempeña un papel de especial importancia en las economías desarrolladas como la española", afirma el documento.

"Tanto desde la perspectiva del gasto, teniendo en cuenta el amplio número de servicios que presta y de actividades que desarrolla, como de los ingresos, debido al volumen de recursos necesarios dedicados a las mismas".

Cuentas expansivas

El libro amarillo afirma que "los PGE van a ser expansivos" en 2023 y argumenta esta necesidad en que "como ya se demostró con la pandemia, es posible una salida a la crisis diferente a las anteriores".

Sin embargo, también aboga por la "consolidación fiscal" y por las "políticas presupuestarias prudentes y realistas", pero desde una perspectiva: "la búsqueda de la justicia social y de la eficiencia económica".

Gestión de la inflación

En el largo preámbulo que anticipa el cuadro macroeconómico, el Ministerio de Hacienda también ha incorporado un resumen de las medidas que ha aprobado hasta la fecha para contrarrestar los efectos de la inflación.

En este sentido, afirma que "España es uno de los países europeos que más recursos ha movilizado para hacer frente a la crisis energética". 

Hasta ahora, el Gobierno ha venido defendiendo que sus planes de choque valorados en 30.000 millones de euros para mitigar el impacto de la inflación han reducido en tres puntos el IPC. De hecho, como avanzó este periódico, Hacienda ha guardado un colchón que no está incluido en estos Presupuestos para ampliar muchas de las medidas sociales incluidas en esos paquetes durante 2023.

Ayuda por rentas

Sin embargo, en el libro amarillo desglosa el impacto de ese gasto público en ayudar a los hogares por tipología. Según sus cálculos, el grupo de rentas más bajas (por debajo de 21.600 euros) es el más beneficiado por estos paquetes de medidas, pues para ellos la inflación se amortigua en unos nueve puntos.

Para las rentas medias (entre 21.600 y 41.436 euros), la reducción del impacto puede ser de entre tres y cinco puntos menos de inflación. Por último, para las rentas más altas (los quintiles superiores a 41.436 euros), la mitigación oscilaría entre tres y cuatro puntos.

Así, destaca, "las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno desde el segundo semestre de 2021 y a lo largo de 2022 están permitiendo que las rentas bajas, los colectivos más vulnerables, mitiguen el impacto de la inflación en mucha mayor medida que las rentas altas, contribuyendo así a contener el crecimiento de la desigualdad y de la pobreza severa".

Es un dato que contrasta con la visión de algunos economistas, que señalan que medidas como la bonificación de los carburantes o la bajada del IVA de la luz y el gas para todos los usuarios son regresivas y benefician a todas las rentas.

'Presupuestos prudentes'

El Gobierno ve compatible este gasto público con la senda de reducción de déficit. Estas cuentas que se tendrán que negociar ahora en el Congreso incorporan un récord en gasto social en un momento de desaceleración económica y en un ejercicio en el que organismos como BBVA Research anticipan un primer trimestre marcado por la recesión.

Hacienda lo ve posible gracias al aumento de la recaudación por el impacto en los tributos de la inflación y por los nuevos impuestos temporales a bancos, energéticas y fortunas, entre otros.

En el proyecto de PGE, el Gobierno asegura que su objetivo es reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2025 con una deuda pública que todavía se encontrará en esa fecha en el rango del 110%. No obstante, la gestión de esos números corresponderá ya al Presupuesto de otra legislatura.