En 2018, el SMI en España era de 736 euros al mes. En 2022, alcanza los 1.000 euros y el Gobierno prepara ya otra subida para 2023. Esta decisión es una prerrogativa del Ejecutivo que puede legislar por decreto sin contar con los agentes sociales.

Sin embargo, sectores como el de la limpieza o el campo no perdonan la foto de consenso con la que se aprobó la primera subida de la coalición justo antes de la pandemia.

Tres años después del pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar Gobierno, el SMI es un río más de los que desembocan en el mar de medidas introducidas por este Gobierno. Por ese océano navegan hoy los cambios hechos a la reforma laboral, las subidas de las cotizaciones sociales, la derogación de la reforma de las pensiones, las medidas de Igualdad y discriminación en la empresa, las subidas de impuestos a bancos y energéticas... 

Ante un Gobierno de coalición hostil a la empresa privada, la postura del equipo de Garamendi ha sido la de sentarse siempre a negociar para mitigar el efecto de las decisiones políticas adoptadas por un Ejecutivo salido de las urnas.

[Reformas laborales indirectas. Por Antonio Sagardoy]

En unos casos, como el de las pensiones, con respaldo del Pacto de Toledo. En algún otro, como ocurrió con la reforma laboral, se ha optado por negociar hasta el final tras recibir presiones de Bruselas. Es conocido hasta qué punto para la Comisión Europea era importante que los empresarios estuvieran en la foto de una reforma clave para acceder al desembolso de los fondos europeos.

Sin embargo, hay una visión alternativa en la CEOE. Un grupo de sectores y empresas que consideran que ha faltado vehemencia en las negociaciones con el Gobierno. Voces que piensan que los empresarios deberían haber sido más beligerantes en un diálogo social al que muchas veces han llegado enterándose de las propuestas por la prensa cercana a la Moncloa y a Unidas Podemos.

Y a ese sector le gustaría ver un candidato alternativo que, aunque no llegue a ganar la presidencia, al menos cristalice esa otra visión que existe en una organización en la que consideran que no siempre se puede hablar con una voz única porque en ella se integran muchos sectores, territorios, empresas de tamaño distinto (incluso autónomos) con intereses y opiniones diversas.

En ese grupo de interés se enmarca el paso dado hacia adelante y hacia atrás en los últimos días por el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez. Tras anunciar que valoraba presentar su candidatura para presidir la CEOE, comunicó en la tarde del miércoles su abandono de esa carrera.

[Gerardo Pérez (Faconauto) no presentará su candidatura para presidir la CEOE]

Lo hizo a través de un comunicado en el que afirmaba que la CEOE se encuentra "en un momento decisivo" y dejaba entrever algunas críticas como los problemas de reputación de los empresarios. 

En el comunicado, también había alguna alusión que parecía dirigida a señalar un funcionamiento 'poco democrático' en la organización actual. Y esta es una crítica que ha tenido impacto ante el rumor -desvelado por 'Economía Digital'- de que la próxima ejecutiva pueda plantear una modificación de los Estatutos para acabar con la limitación de mandatos.

El movimiento de Pérez no ha sido un intento aislado por buscar un candidato que compita con Garamendi. Antes, muchos intentaron convencer al presidente de CEIM, Miguel Garrido, que además de representar a los empresarios madrileños era una voz crítica con muchas de las decisiones adoptadas por la CEOE en los últimos tiempos.

Sin embargo, su candidatura se desactivó cuando Garamendi utilizó su dote negociador para integrarlo en la suya bajo la promesa de mayor poder en la próxima cúpula.

También sonó con mucha fuerza el nombre del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. La candidatura de Cuerva despertaba gran entusiasmo en una parte importante de la organización porque, además de representar a las pymes, ha puesto voz a las reclamaciones de muchos sectores integrados en la CEOE durante las negociaciones del diálogo social.

Pero Cuerva además de presidente de Cepyme es empresario en Andalucía y se comenta en círculos empresariales que ha pasado unos meses difíciles por los problemas financieros que ha atravesado una de sus empresas del sector de la energía como consecuencia de la subida del gas. Esto es algo que podría haber condicionado su decisión de no presentarse.

Madrid y Barcelona: Foment

Pero lo cierto es que ahora que vuelve a estar centrado en Cepyme, el empresario andaluz sigue optando por la discreción y su candidatura se desactivó cuando anunció en un comunicado que respaldaría a Garamendi.

Un comunicado que generó frustración en determinados sectores de la patronal entre los que, como es conocido, se encuentra Foment del Treball. La mala relación entre su presidente, Josep Sánchez Llibre, y el de la CEOE, Antonio Garamendi, es conocida por todos.

Aunque ninguna organización quiere hablar con la prensa en este momento sobre las luchas internas que tienen los empresarios, fuentes conocedoras de estas estructuras cuentan cómo en Foment consideran que Garamendi no ha prestado la ayuda necesaria a la organización catalana en un momento clave para las empresas de Cataluña.

No solo por las heridas a la economía provocadas por el procés. También por el ascenso en Barcelona de otras organizaciones, como Pimec o Conpymes, que han mermado el poder de influencia de Foment. Esto explica que, a fecha de hoy, Sánchez Llibre siga sin convocar la junta que debe decir si apoya a Garamendi en las elecciones.

Sectores 'sacrificados'

Sin embargo, tras los movimientos de los últimos días no ha estado solo Foment. También Asaja (el campo), una parte de Anfac (automóvil), miembros ligados a Ceim o a Cepyme, así como personas vinculadas a organizaciones sectoriales de la limpieza, el metal o la construcción, forman parte de los críticos. 

Son un grupo que considera que, para sobrevivir a este Gobierno, la actual CEOE ha "sacrificado" a sectores en la difícil mesa de negociación con el Gobierno.

[Cinco años después de la DIU sólo han regresado 73 de las 4.267 empresas que se fueron de Cataluña a Madrid]

También hay quien no olvida el resbalón con los indultos, aunque la relación entre la patronal con el PP ya está restablecida y el Partido Popular de Feijóo quiere estar al margen del proceso electoral de una organización de la sociedad civil.

Con esta marea de fondo, hasta el 8 de noviembre hay tiempo para que se presente un candidato alternativo para las elecciones que se celebran el día 23 de ese mes. Pero tras el paso atrás de Pérez, se complica mucho esa posibilidad.

El motivo es que en la patronal, como ha contado ya este periódico, hay un fuerte movimiento con el que se quiere dar muestra de unidad empresarial frente al Gobierno. De hecho, esa ha sido la estrategia seguida en los últimos cuatro años.

[La división que no quiere contar el Ibex por el mando de la CEOE. Por María Vega]

Y para entender hasta qué punto buscar otro candidato puede cambiar las cosas, es importante entender que los apoyos que han hecho hasta ahora las organizaciones a la candidatura de Garamendi tienen un valor relativo. 

El motivo es que el voto de los 800 vocales es indelegable y secreto, lo que da libertad a cada uno de ellos para depositar en las urnas la papeleta que considere.

Y esto podría explicar el miedo a que se lance a un outsider a presidir la CEOE. Hay un precedente revelador de hasta qué punto los votos pueden dar una sorpresa. En las elecciones de 2014, Juan Rosell se enfrentó a un rival más joven, Antonio Garamendi. El catalán había presentado más de 300 avales frente a la veintena de su contrincante que venía del País Vasco. Pero en el recuento, mantuvo la presidencia por solo 33 votos.

En la sede de Diego de León muchos tomaron nota de aquel recuento. Y se confía en que en 2023 se abra una nueva etapa, menos convulsa para los empresarios si Alberto Núñez Feijóo logra ganar las próximas elecciones generales.