Andalucía ultima un recurso de inconstitucionalidad para el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas y solicitará su suspensión cautelar hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie.
El gobierno andaluz lo presentará cuando la nueva figura tributaria se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, entre en vigor. La comunidad, gobernada por el PP con mayoría absoluta, considera que este gravamen es "un ataque directo" a su autonomía financiera.
"No fue hasta que Andalucía bonificó al 100% el Impuesto de Patrimonio cuando el Gobierno central decidió crear este tributo", ha lamentado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. A su juicio, el impuesto "sólo pretende cortar las alas a una comunidad que empieza a despegar tras casi 40 años de lastre socialista".
"Están regulando 'ad hoc' contra Andalucía y en contra de lo dispuesto en la Constitución. Por eso acudimos al Constitucional", ha argumentado la consejera, a la vez que ha asegurado que "es un fraude de ley, además de una chapuza técnica y política, ya que el atajo escogido por el grupo socialista y de Unidas Podemos en el Congreso se ha saltado todos los informes de garantía constitucional".
El recurso que presentará la Junta se centra en la invasión por parte del Estado de competencias normativas que, en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, han asumido las comunidades autónomas.
En dicho recurso, se explicará que la modificación en la práctica del régimen de cesión de tributos "debió adoptarse mediante la aprobación de una Ley Orgánica o, al menos, mediante una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), y no como se ha hecho", a través de una enmienda incluida en una proposición de ley para la creación de dos impuestos temporales, como los que gravan los ingresos de las entidades financieras y las empresas energéticas.
Ante ello, el Gobierno andaluz entiende que la creación del nuevo impuesto "ataca" a la autonomía financiera, ya que la aplicación del nuevo impuesto, "cuyo objetivo confeso es armonizar la tributación por el patrimonio de las personas físicas en los distintos territorios autonómicos de régimen común, invade competencias normativas que han asumido las comunidades autónomas".
¿A quién afectará el impuesto?
El Gobierno indica que el nuevo tributo, que funciona como un recargo del Impuesto del Patrimonio, afectará potencialmente a unos 23.000 contribuyentes con patrimonios por encima de los tres millones de euros. Pero realmente solo impactará a unos 11.000 que residen en autonomías que tienen Patrimonio bonificado, que corresponden con regiones del Partido Popular.
Los tramos por el nuevo impuesto son los siguientes: del 1,7% para los patrimonios entre tres y cinco millones de euros, del 2,1% para los patrimonios entre cinco y diez millones y del 3,5% para aquellos superiores a los diez millones.
El objetivo del nuevo tributo es obligar a los contribuyentes de las regiones del PP a pagar en su totalidad el impuesto de Patrimonio, que es como a día de hoy se fiscalizan las grandes fortunas en España.