Golpe de timón para hacer frente a la sequía. El Consejo de Ministros extraordinario convocado para buscar soluciones ante una escasez que afecta ya al 80% del campo español ha aprobado un paquete de medidas por valor de 2.190 millones de euros. El objetivo es paliar la situación poniendo en el foco en dos ámbitos clave: apoyos directos al sector primario y el impulso de las obras hidráulicas.

Las cifras han sido presentadas por los ministros de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Agricultura, Luis Planas, que han detallado las actuaciones en cada campo remarcando que no tiene precedentes. También que suponen, en el caso de las obras, darle un acelerón a los planes para mejorar el acceso al agua. 

Así, en lo referido al sector primario se aprueban ayudas directas por valor de 636 millones de euros a la ganadería (355 millones), agricultura (276,7 millones) y apicultura (5 millones).

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También se devolverán 53 millones en concepto de IBI de 2023, una medida que llegará a 200.000 explotaciones agrícolas. 

Se incrementan además las ayudas para contratar seguros agrarios contra la sequía. Se aportarán a este objetivo 40,48 millones de euros. Planas ha destacado que se amplía así al máximo legal, 70%, la financiación del coste de la póliza, que podría responder a las pérdidas de secano, herbáceos intensivos o el olivar. 

En este sentido, ha remarcado que los seguros han peritado por ahora pérdidas de más de 300 millones, que podrán abonarse en cuestión de semanas. 

Habrá también medidas fiscales. Así, habrá exenciones de IRPF y Sociedades por las ayudas de la PAC, que amplían su plazo de presentación de solicitudes de ayudas, hasta el 30 de junio.

También se aplazará el pago de cuotas a la Seguridad Social durante cinco meses a más de 730.000 trabajadores y se contemplará prórroga en la reducción de peonadas para acceder al subsidio de desempleo agrario, para poder cobrarlo con 10.

Obras hidráulicas

Estas medidas se completan con el paquete destinado a infraestructuras hidráulicas y fiscales relativas al agua, por valor total de 1.400 millones.

Ribera ha explicado que se destinarán casi 700 millones de euros en actuaciones "prioritarias" en las cuencas más castigadas para mejorar los recursos hídricos. También se destinarán 36 millones a "actuaciones inmediatas", y se realizará un convenio con Acuamed por valor de 609 millones.

Asimismo, habrá exención de cargas al sector primario por 57 millones de euros. Ayudas fiscales para los regantes que este 2023 sufran una reducción de su dotación de agua. Se les aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua que será del 50% si el descenso de la dotación es del 40% al 60%, y del 100% si supera ese 60%.

Además, los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir quedan directamente exentos del 50% de dichas cuotas.

La ministra ha remarcado que se realizarán obras de interés "que corresponden a otras administraciones autonómicas". Serán prioritarias desaladoras en la zona malagueña de la Axarquía, también en Almería, Cataluña y Alicante. 

Cada una de estas acciones supera los 200 millones de euros, aunque ha advertido que no estarán operativas para este verano. El horizonte temporal para que las obras sean una realidad se sitúa en 2026 o 2027. 

No olvida el decreto a la zona de Doñana. En aras de reducir la presión sobre el parque, se sustituirán los bombeos que abastecen al complejo de Matalascañas, en la costa, a través de una conexión con el Tinto, Odiel y Piedras. 

Ello después de que desde Bruselas se señalara también a Matalascañas como responsable de la presión que sufre el acuífero de Doñana, junto a los pozos ilegales usados para la agricultura. 

El decreto aprobado este jueves modifica también la Ley de aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas. La idea es que crezca un 150%, desde los actuales 400 Hm3 anuales a cerca de 1.000 Hm3 anuales en 2027 y llegue a representar el 20% del volumen de recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones.