El debate sobre la Ley andaluza de regadíos y sus implicaciones para Doñana se ha vuelto asunto de alto voltaje para el Gobierno y, en parte, se le ha vuelto en contra.
Con la abrupta suspensión de la visita que la delegación alemana del Bundestag tenía previsto desarrollar en España hasta el viernes, con parada incluida en el parque, se retiran observadores de un mercado clave para la fresa.
Y, por su parte, los exportadores de frutas reclaman ya que intervenga el ministro de Agricultura, Luis Planas, para defender al sector fresero.
En concreto, la patronal de exportadores de frutas y hortalizas (Fepex) ha sido una de las que más ha elevado la voz. En una carta enviada al ministro de Agricultura, le pide que "salga en defensa" como conocedor del sector tras la campaña de la asociación alemana Campact, que pedía a los supermercados de ese país que no comprasen fresa española por "desecar" el parque.
La tensión ha escalado en cuestión de horas en el que iba a ser el primer día de visita. Tras el hermetismo inicial con el que arrancaba la jornada la comitiva alemana tras su llegada a Madrid el domingo, la propia Comisión de Medio Ambiente del Bundestag anunciaba la suspensión del viaje por el contexto de las elecciones generales previstas en España para el 23 de julio.
En concreto, la visita a Doñana se iba a producir el miércoles 7 de junio con el objetivo de que conocieran la situación actual del parque, tal y como la comisión había solicitado a la propia Junta de Andalucía.
Desde el Gobierno andaluz aseguran a este periódico que este tipo de visitas son frecuentes. De hecho, la próxima semana se desplazará una delegación de Grecia para abordar la situación de los puertos andaluces.
La reunión se iba a llevar a cabo en Sevilla con el viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, por cuestiones de agenda del propio consejero, Ramón Fernández-Pacheco. Ya en Doñana estarían acompañados por el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, y el director del Parque, Juan Pedro Castellanos.
Pero los planes saltaban por los aires a media mañana, con la delegación lista para reunirse con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Sorprendía lo repentino de la decisión, pero también el argumento: la dimensión que había ganado este asunto de cara a las elecciones generales.
Clima de tensión
Lo cierto es que aunque el lunes por la mañana el Ministerio para la Transición Ecológica se desmarcaba de la iniciativa del Parlamento alemán a través de un comunicado, el clima de tensión existente entre la Junta y el Gobierno a causa de la polémica proposición de ley del PP y Vox que amplía los regadíos en el entorno natural de Doñana ha tenido mucho que ver en la suspensión del viaje.
El Ministerio ha aprovechado ese comunicado para arremeter contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno. "Pone en riesgo a los freseros por su empeño en secar Doñana", genera una "crisis reputacional con una política temeraria" y lo hace "por un puñado de votos", son algunas de las acusaciones lanzadas contra el presidente andaluz.
Desde el Gobierno andaluz creen, en cambio, que esta visita se le "ha atragantado" a Pedro Sánchez al intentar "politizarla" y utilizarla "como un arma electoral".
El consejero de Sostenibilidad andaluz ha destacado que la delegación alemana ha demostrado tener "más lealtad institucional" que el propio Sánchez al suspender la visita.
También ha lamentado que, "fruto de la desesperación", está instalado en "una crítica feroz y permanente" frente a un sector que es el medio de vida de muchas familias en Andalucía.
Con la suspensión de la visita de la comitiva alemana, que fulmina el contenido de un viaje de cinco días "largamente planeado" y costeado por el Bundestag, las críticas se han acrecentado considerablemente.
Interfresa invita a los alemanes
El sector de agricultores y empresas productoras, agrupadas en Interfresa, también ha levantado la voz. La interprofesional ha admitido que no se habían puesto directamente en contacto con ellos desde la delegación alemana para conocer la situación in situ, pero le han tendido la mano para mostrarles "la realidad" de sus cultivos cuando decidan volver.
Es decir, que cumple los protocolos de uso legal y sostenible del agua. Y ampliaba su presidente, José Luis García-Palacios, que la suspensión de la visita alemana era una decisión "muy sabia" porque iba a tener lugar "en un escenario en el que está realmente tergiversada la razón de la misma".
Precisamente, este martes García-Palacios y otros miembros de Interfresa se reunirán con la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, quien en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia explicaba que estaba ya preparando reuniones con cadenas de distribución alemanas y salía en defensa de los freseros.
Hasta la patronal nacional y andaluza han respaldado este lunes públicamente a los freseros. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado el "boicot", mientras, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), se ha recalcado su "rotundo respaldo" a las empresas y profesionales del sector en Huelva.
Daño reputacional
Al sector le preocupa desde hace meses el daño reputacional que puedan sufrir por el impacto de la polémica ley. De que la imagen siga siendo de alta calidad depende gran parte de sus ingresos.
El 80% de lo que se cultiva en Andalucía -de donde sale el 98% del total nacional- se exporta. Sobre todo a Europa, y muy especialmente a Alemania. De los 1.300 millones en ventas internacionales que anotaron las fresas y frutos rojos andaluces el año pasado, la mayoría las protagonizó ese país, que representa el 33% de las ventas, con 399 millones de euros al año.
Le siguen Reino Unido, el 25,7%, y Países Bajos, un 11%, según datos de la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Huelva (Freshuelva).
Ver estos números impactados de alguna forma era un temor que el propio Planas admitía en abril. "Mi mayor preocupación son la inmensa mayoría de los productores que hacen un trabajo honesto y a quienes esta medida falta de sentido está poniendo en peligro", apuntaba entonces al referirse a la norma planteada por PP y Vox y que podría regularizar hasta 800 hectáreas para que en un futuro reciban agua siempre que sea superficial y no del acuífero de Doñana.