Joaquín Benjumea Burín y la nacionalización del Banco de España

Hay hechos que se adhieren a la biografía de ciertas personas y resulta difícil no ya despegarlos sino dar cabida a otros de no menor interés y significación que parecen quedar en la penumbra. Este es el caso de Joaquín Benjumea Burín, I Conde de Benjumea desde que Franco le concediese el título nobiliario en 1951, después de haber pasado los diez años anteriores en el ministerio de Hacienda; un récord absoluto de permanencia a lo largo de la Historia contemporánea de España. Hay, en efecto, pasajes importantes de su vida que ilustran a la perfección una parte fundamental del pasado reciente, pero sin duda lo más trascendente fue la nacionalización del Banco de España con la que ha quedado indisolublemente unida su biografía.

Fue ministro en los difíciles años cuarenta, en los momentos en los que el régimen franquista tuvo que realizar complejas operaciones de adaptación camaleónica: ministro en los años más azules y pro Eje de la dictadura, en los de la autarquía y represión más severas, en los de la reconversión en democracia orgánica, en los del aislacionismo y también en los comienzos de la apertura internacional. Tras abandonar la cartera ministerial se hizo cargo del Banco de España, asumiendo la nacionalización del mismo en 1962.

Quien había sido impulsor en 1946 de la Ley de Ordenación Bancaria que, de hecho, suponía el control por parte de la banca privada de la entidad nacional, afrontó con la misma naturalidad su nacionalización. También intervino en asuntos sectoriales, de enorme simbolismo patriótico, como la negociación que permitió que las Minas de Riotinto, el “Gibraltar económico”, volvieran a ser de titularidad española en 1954 con la adquisición de las acciones en manos inglesas desde el siglo XIX, y la creación de la Compañía Española de Minas de Riotinto (CEMRT), de la que fue su primer presidente.

Fue un hombre discreto, sin ambiciones políticas, de un catolicismo inquebrantable, que supo moverse en los cenáculos de poder con astucia. Se dice que era de las pocas personas de las que se fiaba Franco. Y algo de eso debió haber si tenemos en cuenta que fue de los ministros que más tiempo se mantuvo en el cargo, ocupando puestos, ininterrumpidamente, desde 1936 hasta su fallecimiento en 1963.

Joaquín Benjumea nació en el sevillano barrio de San Lorenzo en 1878. Noveno de once hermanos, de los que vivieron diez (siete varones y tres mujeres), su familia formaba parte de la burguesía terrateniente sevillana, con propiedades agrícolas y ganaderas. Estudió el bachillerato (1887-1892) en el histórico Instituto San Isidoro de su ciudad natal, centro caracterizado por su perfil liberal y cuna escolar de notables escritores, políticos e intelectuales (entre otros, Gustavo Adolfo Bécquer, Luis Cernuda, Severo Ochoa, Antonio Domínguez Ortiz, Santos Juliá o Felipe González pasaron por sus aulas). Tras varios intentos fallidos, en el curso 1897-1898 ingresó en la Escuela Especial de Ingenieros de Minas, en Madrid, adonde trasladó su residencia junto con varios hermanos.

Concluida la carrera de manera más bien modesta en septiembre de 1901, momento en el que contrajo matrimonio, y con el título de ingeniero de Minas, se fue a Málaga para trabajar junto con su hermano Rafael, también ingeniero, quien se casó con Isabel Heredia Loring, entroncando así con el seno de la oligarquía malagueña. En 1903 con el primo de ésta, Jorge Loring Heredia, Rafael Benjumea y Francisco Silvela (ex jefe del gobierno, diputado en Cortes y marido de Amalia Loring Heredia), fundaron la Sociedad Hidroeléctrica de El Chorro, con el fin de proveer de electricidad a Málaga, a varias empresas y al tranvía, por entonces en manos mayoritariamente extranjeras.

Fue el primer trabajo de Joaquín Benjumea, que compaginó con su actividad agrícola en Sevilla. La experiencia de aquellos años sería fundamental en su futuro empresarial y político. En 1905 puso en marcha una iniciativa de gran calado, cuyo ejemplo se exportaría a Málaga: con ocasión de la sequía registrada ese año en Sevilla, inició gestiones para implicar a los propietarios agrícolas en el proyecto de regadíos en la zona del bajo Guadalquivir, sentando así las bases de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir. En 1906 se creó la Comisión para el estudio del proyecto y dos años después tenía luz verde para iniciar las obras.

En 1905 puso en marcha la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir 

Por otro lado, en 1907 hubo importantes inundaciones en Málaga y en 1911 se aprobó la Ley de auxilios para obras hidráulicas, con la que Rafael Benjumea convenció a los regantes de la zona para sumarlos al proyecto de un embalse en El Chorro, que además de generar energía beneficiándose del santo de agua y la incorporación de tres grupos de energía eléctrica, serviría para el aprovechamiento del agua con fines agrícolas. Aquellas iniciativas fueron la cristalización de las políticas regeneracionistas de Joaquín Costa en materia hidráulica, y en ellas participó Joaquín Benjumea que llegó a ser, años más tarde, Ingeniero Jefe de El Chorro.

Para la inauguración del embalse en 1921 asistió el rey Alfonso XIII y se acondicionó con cemento el espectacular camino volado que recorría el desfiladero de los Gaitanes. Con el paseo del monarca acababa de nacer el conocido e impresionante Caminito del Rey.

En 1909 se reincorporó Joaquín Benjumea al Servicio de Minas del distrito de Sevilla, siendo ascendido en 1918 a oficial de primera de la Administración. Por esas fechas ya era un destacado representante de la burguesía sevillana que incluso, en la segunda mitad de los años veinte, disponía de vehículo propio, un elegante Fiat 503, manejado por un conductor profesional. En los años veinte y treinta participó en diversos proyectos hidráulicos: aparte de ser consejero en Hidroeléctrica de El Chorro, colaboró en la creación de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (1927), la segunda de España después de la del Ebro, nacida sólo un año antes; como también estuvo involucrado en la Hidráulica Andaluza y Energía Hidráulica de Galicia, en los proyectos de saltos de los ríos Genil, Guadiaro y Jándula, etc.

Joaquín Benjumea Burín.

A todo ello se sumaba la explotación de sus propiedades. Además de cosechas tradicionales de la zona exploró otros cultivos: por ejemplo, en julio de 1931, la recién proclamada II República le concedió autorización para el cultivo de 75.000 plantas de tabaco en sus tierras de La Rinconada. Años más tarde, en 1944, siendo ministro de Hacienda, se aprobó una ley para regular la explotación de tabaco, que estimulaba la producción particular y “no obstante su naturaleza –señalaba el preámbulo de la disposición- ha de considerarse por la costumbre de muchos como [un artículo] de primera necesidad”.

El momento decisivo en la vida de Joaquín Benjumea se produjo con ocasión de la guerra civil española. El 17 de julio de 1936 por la noche, informado de lo que ocurría marchó en tren de Madrid a Sevilla, llegando hasta El Carpio (Córdoba), desde donde continuó en taxi. En su ciudad se puso inmediatamente al servicio de los sublevados. Asesinado en Madrid Jorge Silvela Loring, Benjumea asumió la presidencia de Hidroeléctrica de El Chorro por lo cual presidió su consejo de administración una vez ocupada Málaga en febrero de 1937.

Desde marzo participó en reuniones entre las diversas compañías eléctricas de Andalucía con el fin de coordinar y asegurar el suministro, a través de la Jefatura de los Servicios de Fabricación del Sur (también llamada Jefatura de Fabricación de los Ejércitos del Sur y Junta de Fabricación del Ejército del Sur), bajo estricto control militar.

Hombre de perfil político bajo y sin ninguna experiencia previa, Benjumea fue asumiendo responsabilidades políticas y de gestión crecientes, desde prácticamente principios del invierno de 1936 hasta su muerte. Tenía 58 años cuando entró en política. Formó parte de la Junta Técnica provincial de Falange y en diciembre fue designado por el gobernador civil Pedro Parias, militar y hombre de confianza de Queipo de Llano, para que éste lo validara en la presidencia de la Comisión Gestora que debía dirigir la Diputación de Sevilla, haciéndose cargo de la institución, desde donde trató de atender “preferentemente a los intereses de la Agricultura, principalísima fuente de riqueza del país”.

Benjumea tenía 58 años cuando entró en política

Su impecable trayectoria en la gestión de las propiedades agrícolas y su capacidad de iniciativa parecían avales suficientes para el desarrollo de la tarea, centrada en la reconstrucción de los pueblos y campos promoviendo el aumento de la producción y la activación de servicios, que emprendió hasta que abandonó el cargo en noviembre de 1938.

Con resultados desiguales, puso en marcha la Granja Escuela de Agricultura, atendió a la repoblación forestal y el paro obrero, procuró impulsar la Escuela Politécnica de Trabajo, reorganizó el Consultorio del Hospital de las Cinco Llagas; además de atender el estratégico frente financiero con la reorganización de la Caja de Ahorros Provincial, donde ostentaba la presidencia de su consejo de administración.

Sin haber abandonado la Diputación de Sevilla fue nombrado Jefe del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, en abril de 1938, ahora con competencias en toda la zona nacional del gobierno de Burgos. Un año más tarde, tras la creación del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, se le encargó la dirección del mismo.

Estas funciones, y la dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones que se servía de dicho Instituto, sólo las abandonó para hacerse cargo de los ministerios de Agricultura y Trabajo (1939-1941), en el segundo gobierno de Franco (el primero civil), formado en agosto de 1939. En la dirección general le sucedió su sobrino José Moreno Torres. Además, entre noviembre de 1938 y julio de 1939 simultaneó sus funciones con la alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla.

Sin haber abandonado la Diputación de Sevilla fue nombrado Jefe del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, en abril de 1938

Las obligaciones nacionales forzaron el traslado de su residencia a Madrid, estableciendo su domicilio en el Hotel Ritz. El ministerio de Agricultura era un cargo que tenía lógica por su perfil; el de Trabajo se le encomendó de manera interina y siempre estuvo en un lugar marginal. Sus políticas se encuadran en un marco de fuerte intervencionismo estatal, propio de la fase autárquica por la que se adentraba el régimen cuyo discurso miraba mucho más al mundo rural que al urbano.

Declaró zonas de interés nacional, procedió a la reforestación de terrenos, fijándose el Patrimonio Forestal del Estado; aunque la medida estrella trató de ser el Instituto Nacional de Colonización: era la respuesta a la reforma agraria republicana que buscó la modificación de la estructura de la propiedad. Por este lado fijó de derecho, no de hecho, la propiedad de la tierra, en algunos casos a partir de terrenos confiscados u ocupados durante la República y la guerra y en otros con posesiones de los vencidos (exiliados, muertos, represaliados económicos). Sobre este magma se realizaron las colonizaciones de tierras.

Posteriormente se hizo cargo de la cartera de Hacienda (1941-1951), en una etapa de fuerte autarquía donde se buscaba la mínima dependencia exterior y la explotación de recursos propios, y todo ello apuntalando la base social del Nuevo Estado. La Ley bancaria de 1946 supuso, por un lado, una mayor presencia del Estado en el Banco de España, pero también favoreció el reforzamiento de la banca privada y la congelación oligopolística del poder de la misma, mediante el conocido como statu quo bancario, que impedía la salida de nuevos bancos o banqueros.

Una paradoja: la retórica intervencionista de raíz fascista nada tenía que ver con la realidad. En esta línea intervencionista y recaudatoria hay que entender otras medidas como la regularización de las apuestas de las Quinielas de fútbol en 1946, consciente del aporte que podía suponer y estaban dejando de hacerlo por la proliferación de apuestas no controladas.

En esta línea intervencionista y recaudatoria hay que entender medidas como la regularización de las apuestas de las Quinielas de fútbol en 1946

En septiembre de 1951 comenzaba su andadura como Gobernador del Banco de España, puesto en el que se mantuvo el resto de su vida. Hasta la fecha ha sido el gobernador que más tiempo se ha mantenido en el cargo en la historia de la institución, sólo superado –y por unas semanas- por su antecesor Antonio Goicoechea. A quien había hecho posible la autarquía y el control financiero por parte de unas cuantas familias le tocó ajustar la entidad a la España que se abría internacionalmente y preparar las bases, desde un punto de vista financiero (monetario y crediticio), para el Plan de Estabilización (1959) y los siguientes Planes de Desarrollo; creó los moldes exigidos desde principios de los años cincuenta por los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial) para su reconocimiento oficial.

Con la disciplina y el silencio esperado, procedió a la nacionalización del Banco alguien que no creía en ello. Era el tiempo de los tecnócratas del Opus Dei, incorporados al gobierno desde unos años antes, verdaderos ideólogos de la liberalización económica. La nacionalización se realizó en base a dos disposiciones publicadas en 1962: Ley de Bases de ordenación del Crédito y la Banca, del 14 de abril, y el Decreto-Ley de Nacionalización y Reorganización del Banco de España, buscando la racionalización, centralización y planificación desde el Estado.

Con ambas disposiciones se ponía fin al statu quo financiero, fomentando la especialización bancaria y diferenciando los bancos comerciales de los industriales y de negocios, dando facilidades para la creación de bancos y el acceso a la profesión de banquero. También se reestructuró la autoridad monetaria, para lo que se creó el Instituto de Crédito a Plazo Medio y Largo (antecesor del actual ICO), con el fin de coordinar y controlar a los bancos públicos, y el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, que pasó a estar bajo control gubernamental.

Se establecieron fórmulas de financiación a medio y largo plazo y se reforzaron los intermediarios financieros no bancarios (entidades de inversión colectiva, de financiación de ventas a plazos, etc.), al tiempo que se perfeccionó la reglamentación del mercado de valores. Por otro lado, se fijaron limitaciones que disminuían la influencia de los bancos mixtos en las empresas privadas y en otros bancos, y se regularon las incompatibilidades para simultanear cargos directivos y ejecutivos de la banca privada.

De este modo el Banco de España reforzó su papel de Banco de bancos, entidad central del sistema bancario, pasando de estar bajo control de la banca privada (directivos, accionistas, emisión, etc.) a convertirse en una institución autónoma, oficial, con personalidad jurídica y dependiente del gobierno a través del ministerio de Hacienda. Toda una apuesta por modernizar el Banco de España, con un complejo entramado administrativo, en un momento crucial para la estabilidad de la dictadura que, una vez más, supo salir airosa de la situación. Un año más tarde fallecía Joaquín Benjumea en su palacete de barrio del Porvenir con la sensación del trabajo realizado.

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