La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que los impuestos a la banca y empresas energéticas han recaudado 2.900 millones de euros este año, en línea con lo proyectado por el Gobierno.
Según datos de Hacienda, el segundo pago de ambos gravámenes, efectuado en septiembre, alcanzó los 1.453 millones de euros, cifra muy similar a la del primer pago, realizado en febrero. De esta cantidad, 827 millones correspondieron al impuesto a las energéticas y 626 millones al de la banca.
La ministra, en declaraciones a la cadena Ser, ha destacado que los beneficios "realmente cuantiosos" conocidos este miércoles "de una entidad financiera", en referencia al Banco Santander, demuestran el acierto del impuesto a la banca.
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Montero se ha mostrado convencida de que el Gobierno ganará los recursos que se han presentado contra estas figuras fiscales que, según consta en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, se prorrogarán tras revisarlos por si necesitan "algún ajuste".
"Los evaluaremos y si necesitan algo para un mayor rendimiento también lo haremos. Antes de que se termine su vigencia revisaremos ambas figuras y las prorrogaremos incorporando todos los elementos que permitan que sean más seguras o más robustas", ha subrayado.
Reducción de la jornada laboral
Respecto a la reducción de la jornada laboral, uno de los objetivos del pacto de gobierno entre PSOE y Sumar, se llevará al diálogo social con sindicatos y empresarios, al igual que el resto de materias laborales.
Pese al rechazo empresarial a esta medida, Montero se ha mostrado convencida de que, "con o más o menos entusiasmo" por alguna de las partes, se conseguirá acordar la reducción de jornada con los agentes sociales.
"Siempre este Gobierno va a dar una oportunidad al diálogo, y de lo que sí se trata es de tener con claridad una vocación de bajar una jornada laboral sin reducción salarial", ha señalado Montero, que ha insistido en que un acuerdo sobre esta materia es "posible".
Según el acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar para la formación de un nuevo Gobierno progresista, la jornada máxima legal se reducirá desde las 40 hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, de manera progresiva: bajará hasta los 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 en 2025.
La ministra ha asegurado que se trata de una medida de "bastante sentido común", pues gran parte de los convenios colectivos ya incorporan medidas en este sentido.
"Nosotros lo planteamos de forma progresiva para que el sector productivo que no tenga todavía las 37,5 horas se pueda ir adaptando y a partir de ahí podamos seguir avanzando en esta cuestión", ha explicado.