O se quedan en Andalucía o van al Estado. La idea es que estos elevados patrimonios puedan elegir a la hora de tributar si mantienen la bonificación al 100% del Impuesto al Patrimonio que tiene la comunidad o no.

Si renuncian a esa bonificación, esos tributos se quedarían en Andalucía; en caso contrario recaerían en manos del Estado. Es una solución que aún deben analizar los técnicos para ver cómo se implementa en detalle, pero para la Junta la decisión está tomada: el Impuesto al Patrimonio no se recuperará.

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"En Andalucía no vamos a obligar a nadie a que pague el impuesto", aseveran desde San Telmo. En Sevilla se estudiaban desde hace semanas diferentes opciones para responder a la decisión del Constitucional, que no ha sorprendido: se daba por hecho que recibirían el mismo rechazo que ya se llevó la Comunidad de Madrid a principios de este mes.

Tras conocer la decisión, la Junta ha reiterado su posición: la creación del impuesto por parte del Ejecutivo de Sánchez es "una deslealtad y un abuso contra Andalucía".

También como un precedente "para seguir vaciando otras competencias autónomas en materia fiscal como son la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones", que fue asimismo bonificada al 99% en la comunidad cuando Moreno se convirtió en presidente.

Moreno advierte

Por su parte, la primera reacción del presidente de la Junta, Juanma Moreno, fue a través de su cuenta en la red social 'X', (antes Twitter). En la misma, aseguró que el Gobierno andaluz "dará a los grandes contribuyentes la opción de elegir para que sus impuestos se queden en Andalucía".

También le lanzó una advertencia al presidente del Gobierno. "En 2024, continuaremos bajando impuestos a los andaluces, a pesar de Pedro Sánchez".

El TC ha aplicado la doctrina y al igual que en el caso madrileño, por siete votos frente a cuatro, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno andaluz. En concreto, en esta comunidad tendrán que afrontar este tributo "no más de 1.000 andaluces".

La Junta de Andalucía recurrió este gravamen nacional al considerar que está dirigido a forzar la tributación de las personas físicas que tengan un patrimonio superior a los tres millones de euros residentes en la comunidad andaluza, donde el impuesto del Patrimonio está completamente bonificado.

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Según informó este jueves la corte de garantías, los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado que presentarán votos particulares contra la decisión de la mayoría progresista recogida en dos sentencias. En ambas han sido ponentes Ricardo Enríquez y el exministro andaluz Juan Carlos Campo.

La postura no ha sorprendido, ya que la sentencia en el caso de la Comunidad de Madrid ya marcaba el sentido de las resoluciones que recaerán en los recursos promovidos por Andalucía, Galicia y Murcia.

En el caso madrileño, el TC rechazaba que el llamado impuesto a los ricos vulnere el principio de seguridad jurídica o atente contra la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

La intención de Andalucía al retirar el impuesto de Patrimonio era precisamente atraer a esas grandes rentas, que se censen en Andalucía y tributen el resto de impuestos. El pasado mes de febrero, cuando se anunció el recurso, la consejera de Hacienda, Carolina España, aseguró que el impuesto impulsado por el Gobierno para homogeneizar la carga fiscal provocaba el efecto contrario.

Los votos particulares

Cuatro magistrados han formulado un voto discrepante por entender que el recurso de la Comunidad de Andalucía, al igual que el de Madrid, debió ser estimado, declarando inconstitucional y nulo el artículo de la ley que introdujo el impuesto a las grandes fortunas.

En primer lugar, creen que vulnera la autonomía financiera y política de las comunidades autónomas al neutralizar la defensa de los intereses respectivos en el ejercicio de las competencias propias.

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En segundo lugar, porque la forma de aprobación de la iniciativa legislativa que ha dado lugar a la Ley 38/2022 supone un claro menosprecio al principio democrático, a los derechos de representación política de las minorías y al principio de legalidad tributaria.

Según los firmantes, el texto también vulnera el principio de seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima de los ciudadanos en la actuación de los poderes públicos que de él se deriva, por la sorpresiva aplicación del citado impuesto. Fue anunciado unos días después de que Juanma Moreno avanzara la bonificación al completo del de Patrimonio.