Aviso desde Andalucía. Si prospera la iniciativa de Junts de multar a las empresas que se marcharon de Cataluña por la inestabilidad del procés y no quieran regresar, la Junta tomará cartas en el asunto.
"En Andalucía vamos a defender con uñas y dientes la Constitución y a nuestras empresas", subraya la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, a EL ESPAÑOL-Invertia.
Hasta 745 empresas que tenían su sede principal en Cataluña se instalaron en Andalucía por la inestabilidad desatada por el proceso independentista en 2017, según el último informe de D&B.
[Estas son las empresas que pueden ser multadas si el Gobierno acepta la sanción que pide Junts]
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha tildado la medida de "disparate colosal", ya que, según ha recordado, la propia Unión Europea "garantiza la libertad de movimiento, de capitales, de bienes, de personas y de empresas".
Por lo tanto, es "un disparate colosal en términos jurídicos, políticos y sociales", según Moreno, para quien está fuera de lugar, en función de si vuelven o no, "castigar o premiar" a compañías que salieron de Cataluña precisamente por "el disparate del independentismo".
"Creo que estamos entrando en una legislatura alocada, disparatada, que tiene poco sentido común y donde el único objetivo es la permanencia en el poder del señor Sánchez", ha sentenciado el presidente de la Junta, para quien "vamos a ver disparates de estos permanentemente".
En el caso andaluz, la empresa más conocida es Pastas Gallo, que trasladó su sede social al municipio cordobés de El Carpio, donde en 2021 instaló también su producción de pasta seca, que hasta entonces elaboraba en Granollers.
Ella será una de las sociedades que se defenderá desde Andalucía si la iniciativa de Junts sale adelante. Una propuesta que España tacha de "auténtico despropósito".
"Supone traspasar una línea roja que atenta contra el movimiento de empresas y capitales", agrega la consejera, que considera sorprendente "que el Gobierno calle ante tal despropósito". "Le recordamos que el Gobierno está obligado con todos los territorios y no sólo con uno", ha remachado.
La responsable de Economía subraya que "todo lo que suponga una ruptura contra la igualdad de los españoles lo vamos a denunciar judicial, política y socialmente". "No vamos a permitir más agravios para Andalucía", agrega.
Valencia prepara un recurso de insconstitucionalidad
El andaluz no es el único gobierno autonómico que ha levantado la voz contra la propuesta de Junts.
El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha cifrado este miércoles en 974 las empresas "ya valencianas" que se verían afectadas por estas sanciones y ha anunciado que su Ejecutivo presentará "un recurso de inconstitucionalidad", en caso de que esta iniciativa prospere.
"El recurso a la extorsión es ya lo único que le queda al independentismo. Esto confirma su fracaso", ha aseverado Mazón.