Las protestas de agricultores y ganaderos que desde hace días recorren Alemania, Francia o Polonia se extienden a España. Las principales organizaciones agrarias de nuestro país, Asaja, COAG y UPA, han acordado ir juntos a protestar, de momento, en las comunidades autónomas. Es una "primera fase" antes de valorar si también muestran su enfado en Madrid.

Sobre la mesa está la posibilidad de tractoradas, concentraciones o marchas. En los próximos días, sus delegaciones regionales decidirán qué hacer y cuándo en cada territorio, pero todos se movilizarán con las mismas exigencias: que tanto la Unión Europea como el Gobierno central y los de las comunidades tomen medidas ante la crisis que viven.

Todo el enfado se sustenta en la pérdida de rentabilidad. Producir cuesta cada vez más y las reglas de juego con las que cuentan y que se deciden en Bruselas, aseguran, les perjudican. Porque de ellas emana una burocracia ingente que, advierten, va a complicarse más con la llegada de nuevos requisitos medioambientales. En paralelo, está el mercado, con cada vez más competidores que no siempre siguen las mismas reglas. Estas son las claves para entender un enfado que recorre ya toda Europa.

La PAC, auténtica némesis

El principal dolor de cabeza para los agricultores en protesta, en Europa o en España, es la Política Agraria Común (PAC). Es una de las políticas estrella de la Unión Europea (UE), y tiene como objetivo garantizar la producción y dar estabilidad estableciendo normas comunes a los Estados miembros. 

Acaba de cumplirse un año de la aplicación de la última versión de la PAC, y ha sido un ejercicio de descontento en el campo. La nueva PAC introduce más requisitos ambientales, pero también apoyo a sectores en dificultad, intervenciones sectoriales, primas a la incorporación de jóvenes y mujeres, e instrumentos de digitalización.

El problema que denuncian los agricultores es que la burocracia hace que solicitar estas ayudas se haya convertido en un via crucis que acaba aumentando sus costes. 

Unos 650.000 agricultores y ganaderos españoles se benefician de estas ayudas, que suman 4.800 millones de euros anuales en pagos directos. Un atraso en estos ingresos, en un momento en el que la sequía ha dado un fuerte golpe a sus cuentas, les deja en una posición delicada. Por eso, piden que se simplifique la PAC.

El Pacto Verde

En este contexto, los nuevos requerimientos del Pacto Verde, un proyecto de la Comisión Europea para avanzar en la descarbonización de la economía, surgen como otro problema para el campo.

¿Por qué? El Pacto Verde establece el objetivo de reducir a la mitad el uso de plaguicidas, reducir los fertilizantes en al menos un 20%, aumentar la superficie agrícola dedicada a la agricultura ecológica hasta el 25% y reducir en un 50% los antimicrobianos utilizados en los animales de granja.

De nuevo, señalan que esto implica un coste mayor, sin que hayan aumentado las ayudas. Además, pasar del cultivo tradicional al ecológico no produce efectos inmediatos en el suelo.

A veces se necesitan años para que la producción vuelva a estar a pleno rendimiento. Y mientras tanto, la realidad es que los ingresos bajan.

Ucrania

Hay también tensión con lo que sucedió en la agricultura como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. En un primer momento, la UE decidió apoyar sus exportaciones agrícolas, abriéndoles las puertas del mercado comunitario.

España fue un gran beneficiado, dado que Ucrania es nuestro primer suministrador de cereales, pero lo que sucedió en la práctica es una distorsión del mercado: sin aranceles y sin seguir las mismas normas de producción, toneladas de grano ucraniano inundaron los mercados europeos.

El precio de los cereales locales se desplomó. Para aliviar las tensiones, Bruselas permitió a cinco países limítrofes con Ucrania -Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia- imponer salvaguardas a la entrada de ciertos productos, pero la cuestión sigue encima de la mesa: este jueves se debate en una cumbre comunitaria. El presidente francés, Emmanuel Macron, propondrá en la cita poner límites a la entrada de ciertas producciones ucranianas, en particular pollos, huevos y azúcar.

En todo caso, el conflicto supuso un antes y un después para los agricultores europeos, que han visto encarecerse el combustible y las materias primas como semillas y piensos; llevan dos años alertando de que muchas explotaciones empiezan a no ser viables.

La "competencia desleal", de Marruecos al Mercosur

Es realidad, en los recelos para con Ucrania lo que subyace -y obsesiona- al campo es la postura comercial de la UE. La ven como incoherente porque, explican, no se entiende que haya una alta exigencia para que los cultivos sean medioambientalmente sostenibles en el área comunitaria, pero luego se firmen acuerdos con países terceros que no tienen este apartado en cuenta.

El resultado de esto es que se importan productos agroalimentarios de países como Marruecos, India o Egipto que, sólo por no tener que cumplir con esas normas, son, por principio, más baratos de producir. Y entran a la UE, por tanto, con un precio más bajo.

A esto se refieren cuando hablan de "competencia desleal". Los tomates de Almería no pueden competir con los marroquís, dice el campo, y al final sus productos, cumpliendo lo que se les pide desde Bruselas, cuentan desde el principio con desventaja.

Por eso piden la paralización de las negociaciones de acuerdos como del Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.

También que se aumenten los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio.