Las pérdidas superan con creces las ocasionadas por los agricultores franceses, que durante más de una semana atacaron a camiones españoles en la frontera, impidiendo su paso. Estos incidentes, de acuerdo con la misma organización, tuvieron un coste diario de unos 12 millones de euros. En total, causaron pérdidas por valor de 120 millones.

Desde este jueves, las principales organizaciones agrarias -Asaja, COAG y UPA- se han sumado a las movilizaciones. Sin embargo, buena parte de las protestas siguen respondiendo a convocatorias organizadas en redes sociales y a los llamamientos de la Plataforma 6F, que el sábado quiere llegar hasta la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz. Antes, el viernes, se manifestarán ante todas las Delegaciones del Gobierno.

[Los agricultores elevan sus protestas: hieren a un agente y cercan instituciones mientras el Gobierno tiende la mano]

Las protestas han subido un nuevo escalón en cuanto a la beligerancia de los manifestantes, con el rodeo de instituciones y casas de políticos y el enfrentamiento directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Ministerio de Interior sumaba 19 detenidos a media tarde de este jueves.

"Lo que se está haciendo es garantizar el ejercicio del derecho de manifestación y que el resto de la sociedad pueda desarrollar su vida con las garantías suficientes", aseguraba el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre las actuaciones de los cuerpos de seguridad. Según el ministro, "todos los centros logísticos y servicios públicos esenciales funcionan correctamente". Pero hay preocupación.

El sindicato CCOO ha exigido al Ejecutivo y a las empresas que garanticen la seguridad de los profesionales del transporte ante los bloqueos y los cortes de carreteras. 

Y es que algunas de las protestas de este jueves han tenido como objetivo grandes centros logísticos. Además, los propios cortes de carreteras ya estaban perjudicando a la logística y la distribución.

Agricultores mueven coches de la Guardia Civil para acceder a Pamplona. Jesus Diges EFE

Así, pese a los planes de choque que las grandes superficies están diseñando, exigen que se garantice la libre circulación de personas y mercancías.

Más todavía cuando, a partir del sábado, la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte -la asociación que en marzo de 2022 paralizó parte del país- ha convocado un paro indefinido de transportistas. Una convocatoria que no respaldan las grandes organizaciones del sector y que la patronal logística UNO ha tachado de injustificada y oportunista y por la que pide que el Gobierno garantice la seguridad y el abastecimiento.

Movimientos políticos

Las protestas de los agricultores y el miedo a la interrupción en la cadena de suministros se encuentran en el epicentro del debate político. Aunque desde uno y otro lado se lanza el mensaje de comprensión a las demandas, desde el entorno del Gobierno también se ha apuntado a la "intencionalidad política" de las protestas.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado a la "ultraderecha" de apropiarse de las manifestaciones del sector agrario, mientras que el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ha señalado esa "intencionalidad política" en la manifestación que el sábado pretenden llegar hasta Ferraz.

Agricultores durante una manifestación en Oviedo. J. L. Cereijido EFE

Con todo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha convocado el próximo martes a las organizaciones agrarias para tratar el "problema de mano de obra" en el campo y ha cifrado en 100.000 los empleos que se han perdido en este sector en 10 años. Movimiento que se suma a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mejorar el funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Los agricultores quieren ser escuchados. Así, la tractorada que en la mañana del jueves llegó al Parlament de la Generalitat de Cataluña, sirvió para que la presidenta de esta cámara, Anna Erra, se reuniera con un grupo de manifestantes.

La Plataforma 6F denuncia que, desde el comienzo del conflicto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no se ha sentado con ellos. Y el responsable jurídico de esta organización, Xaime da Pena, avisa de que su intención es "conseguir las reivindicaciones y también, si fuera necesario, bloquear el país".

Por su parte, desde el Partido Popular ya han comenzado a reunirse con los agricultores en aquellas comunidades autónomas donde Gobiernan. En todas ellas, las reuniones entre los gobiernos autonómicos y los agricultores ya se han producido o lo harán en los próximos días. Conversaciones que, en el caso de Murcia y Castilla y León, han encabezado los presidentes.