Planas asegura que "si las organizaciones agrarias conocen situaciones en las que se produzca una infracción, pueden denunciar por escrito y de forma absolutamente confidencial". Es un extremo que los agricultores no niegan, pero matizan que hay dos importantes obstáculos: miedo y falta de precios de referencia.

"Hemos escuchado al ministro decir que no hay denuncias, y eso es una realidad, pero hay que preguntarse por qué no las hay", apunta a EL ESPAÑOL-Invertia Andoni García, responsable de Cadena Alimentaria de COAG.

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Por su parte, Unión de Uniones, que quiere entrar con 1.000 tractores en Madrid este miércoles, denuncia que la ley no consigue impedir la venta a pérdidas porque no incorpora las herramientas necesarias para determinar los costes de producción, señala a este periódico Luis Cortés, su coordinador estatal. Esto impide que los agricultores y ganaderos puedan demostrar una venta a pérdidas.

El artículo 9 de la Ley de la Cadena Alimentaria reza que el precio de un contrato alimentario "deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el producto". Cómo se detalla esto es la gran pregunta.

Parte del sector del campo asegura que la ley no está impidiendo que los agricultores sigan vendiendo por debajo de sus costes de producción. Planas, en cambio, asegura que la ley funciona y, "desde el punto de vista económico, está dando resultado" en la mejora de los precios de origen.

¿Dónde está la discrepancia? En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, el Ministerio de Agricultura publica una enumeración de los factores que intervienen en la cadena de valor; una lista que recoge la estructura de costes de múltiples alimentos.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa Marta Fernández Europa Press

Sin embargo, únicamente los cita -siembra, abonados, tratamientos fitosanitarios, etc.-, sin definir en qué medida influyen en la fijación de precios. Por eso Cortés incide en que "el Ministerio miente". Señala además que "sería una casualidad" que alguien hubiera denunciado habida cuenta de que, sin los criterios que determinen los costes, "no hay una base para interponer una denuncia".

Los datos de los informes de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) respaldan esta sensación, dado que no registran ninguna sanción por venta a pérdidas, algo que solo puede indicar dos cosas: o bien los agricultores no denuncian -como estos aseguran- o bien las denuncias no prosperan.

Miedo y desinformación

La primera explicación es la más certera, aseguran en el campo. Sin posibilidad de presentar denuncias colectivas, el agricultor se ve solo ante compradores que pueden darle la espalda si lo desean. Que haya anonimato y confidencialidad de esa denuncia, subraya García, no disipa el temor.

"Hay mucho miedo. El sector está convencido de que falta seguridad" a la hora de presentar esas denuncias. Especialmente ante una industria y una distribución "con un poder muy importante".

Agricultores de la comarca de la Vega Baja del Segura protestan en San Isidro de Albatera (Alicante) Manuel Lorenzo EFE

Nadie obliga a los compradores a aceptar el precio propuesto, "y el libre comercio está ahí": no es ya que busquen a otros agricultores, es que, sostiene García, "en muchos casos se hacen importaciones de choque para presionar internamente el precio a la baja". "Te pueden sustituir", zanja.

La cuestión, dicen, se resolvería con inspecciones y actuaciones de oficio. Es una de las reclamaciones que presentan a Planas, pero no sólo: también quieren que se refuerce la ley para que cuenten con mejores herramientas.

La más importante es la información. ¿Cómo defender ante compradores reacios que lo que piden por sus cebollas o pollos es lo necesario para al menos cubrir sus costes? Con un índice de referencia de precios. Un índice que actualmente no existe.

"No ha habido estudios de la cadena de valor, estudios sobre los costes que generaran al menos unas referencias. Ya sabemos que no hay fijación de precios, que eso es contra mercado, pero con unas referencias al menos sabemos qué es razonable pedir", sostiene García.

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Esa información está en poder de comunidades autónomas también. De interprofesionales, incluso. Tener ese índice ayudaría también a la transparencia con el consumidor, agrega, en un momento en el que los precios de los alimentos se han disparado un 7,5%, según el Instituto Nacional de Estadística.

¿Ha abusado alguien de los precios en esa escalada? "Esa pregunta tendría que estar respondida con la referencia", replica García.

El Estado como comprador

Según un informe del centro de estudios Fedea, firmado por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, señala que la única manera de avanzar en la dirección que pretende la Ley de la Cadena Alimentaria es que el Estado se convierta en el "comprador de último recurso". Es decir, quien siempre adquiriría los productos del campo a un precio mínimo.

De la Fuente, que define la ley "poco clara, difícil de aplicar y de dudosos efectos", señala que el funcionamiento normal de cualquier cadena de valor es que los precios pagados en cada eslabón de producción cubran los costes del eslabón anterior. Sin embargo, "interferiría gravemente con la lógica del mercado" garantizar este extremo.

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Al ser poco clara en cómo se calculan los costes, la ley se limita en la práctica a "un piadoso deseo". Para De la Fuente, eso no es otra cosa que "un intento poco pensado de ponerle puertas al campo". Coincide en el diagnóstico de los propios agricultores en que la ley no dispone de las herramientas necesarias para determinar cuáles son los costes de producción que han de cubrirse.

Además, la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria busca "instaurar" el derecho a recuperar los costes o vender su producción sin pérdidas, algo que para el investigador de Fedea sólo existe de forma efectiva si alguien tiene la obligación de producir a un precio determinado. Pero "tratar de imponer tal obligación a agentes privados sería seguramente contrario a derecho en la UE", contrapone.

Un momento de la tractorada convocada por las organizaciones agrarias en Cantabria Pedro Puente Hoyos EFE

"En una economía de mercado con libertad de contratación, no es posible obligar a los compradores de productos alimentarios a contratar con los productores menos eficientes pagando precios superiores a los de mercado para así cubrir los costes de estos últimos", recuerda.

Es por esto que Ángel de la Fuente concluye que la única forma de avanzar en la dirección que pretende la ley es que el sector público asuma ese papel de "comprador de último recurso" para garantizar el derecho de los productores alimentarios a vender a un precio determinado.

Pero esto, termina, "también incrementa los costes que recaen sobre otros colectivos. Entre ellos están los consumidores, que tendrán que pagar más caros los alimentos".